*Por Álvaro Cálix

Latinoamérica es la región más desigual del mundo, Centroamérica no es la excepción. Aparte de las concentraciones de riqueza que permitió la acumulación originaria de capital, en el istmo centroamericana la perversa orientación de la política tributaria, que grava sobre todo por la vía del consumo los ingresos de la clase trabajadora, no solo no permite una adecuada porción de ingresos fiscales sino que perpetua las inequidades sociales

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En Centroamérica las cargas tributarias no solo son inferiores al promedio de América Latina sino que además dependen fundamentalmente de impuestos indirectos. Ello impide mejorar la distribución de la riqueza y revertir la fragilidad de los Estados para emprender políticas públicas incluyentes.

Durante 2013 las economías centroamericanas- con excepción de Panamá y de Nicaragua- siguen mostrando una lenta recuperación tras el desplome sufrido en 2009,  pero las secuelas de la crisis han provocado serios impactos a las finanzas públicas al disminuir los ingresos tributarios, aumentar los déficit fiscales y crecer las presiones de endeudamiento público. El deterioro de una u otra manera se verifica en casi todos los países.

En 2013 Guatemala continúa teniendo, en proporción a su economía, los ingresos fiscales más bajos de la región. Costa Rica y Honduras han exhibido durante el último lustro déficits presupuestarios que se sitúan entre los más altos de Latinoamérica. Belice y Nicaragua mantienen niveles de deuda pública cercanos al 80% con respecto al PIB, y, El Salvador, en ese mismo indicador alcanzó una cifra cercana al 55% en relación con el PIB. Por su parte, Honduras, en menos de cinco años ha más que duplicado la deuda externa que poseía a comienzos de 2009 (antes del golpe de Estado),  superando incluso ya los montos  deuda que tenía antes de gozar de los beneficios de la iniciativa de condonación de deuda HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).

Preocupa sobremanera la insolvencia de los Estados si se toma en cuenta que el Cuarto Informe Estado de la Región (2011) señaló que el 40% de la población centroamericana sufre exclusión social. Dar un salto significativo hacia la inclusión es un desafío que interpela al Estado y al mercado. Al primero, mediante la provisión del derecho a la educación, la salud y la seguridad social, primordialmente; al segundo, por la generación de emprendimientos y empleos no precarios. Si un Estado pretende cumplir con esos derechos, requiere ingresos suficientes.

Pero la carga tributaria promedio de la región no supera el  15% con respecto al PIB, un umbral muy bajo con respecto al promedio de América Latina (19% aprox.), más aun si se compara con las naciones más desarrolladas del mundo (OCDE) en las que ese indicador ronda el 36% del PIB.

Con la disminución de los ingresos estatales generada por la contracción económica de 2009 y la inercia del gasto acumulado en la pasada década, la región está expuesta a lo que se conoce como trampa fiscal: la presión para endeudarse y así sufragar los egresos, o recortar el gasto público con sus consiguientes impactos en la cobertura y calidad de los servicios públicos y el retardo de inversiones en infraestructura y desarrollo tecnológico.

De ahí la importancia de que el tema fiscal se posicione como un asunto prioritario en la agenda política. Es prioritario replantear la estructura tributaria, no solo la gestión del cobro. Enfrentar la trampa fiscal requiere avanzar hacia una mayor equidad horizontal y vertical en el régimen impositivo.

Esto pasa, entre otras tareas, por revisar las exoneraciones y los espacios para la elusión; por identificar espacios de acumulación de capital prácticamente inexpugnables. Mientras que por el lado del gasto, la reforma estaría asociada a optimizar la asignación del gasto social hacia rubros estratégicos que permitan reducir la exclusión, sin sacrificar la universalidad en la provisión de bienes públicos esenciales.

Desde el punto de vista político, ningún país de la región presenta condiciones favorables para aprobar una reforma fiscal profunda. Los sectores poderosos que se oponen a la reforma arguyen que el Estado es incapaz de administrar bien lo que ya recibe, y que sería un contrasentido otorgarle más fondos. El argumento es válido en el sentido de fortalecer la transparencia y la eficiencia Estatal, pero no puede convertirse en una excusa que evite el ajuste de la estructura tributaria.

Así las cosas, construir una correlación de fuerzas favorable a una modificación sustantiva de la estructura y carga tributaria es un desafío de primer orden en tierras centroamericanas.

Álvaro Cálix é escritor e pesquisador social. Doutor em Ciências Sociais (Programa Latinoamericano de Trabajo Social – Universidad Nacional Autónoma de Honduras). Membro do Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras. Desempenhou-se como professor em vários programas de mestrado na Universidad Nacional Autónoma de Honduras e, também, no Mestrado Centro-americano em Ciência Política da Universidad de Costa Rica.