Las medidas de control social pandémico neoliberal en Panamá

POR: BRISEIDA BARRANTES SERRANO*

En el istmo de Panamá, América Central,  las medidas de mitigación se dieron desde  el 28 de enero, a través de una  resolución  que declaró  la amenaza de una situación de emergencia en el territorio nacional, por el riesgo de  propagación del brote del nuevo coronavirus y de un Decreto Ejecutivo No. 64 que  “adopta las medidas necesarias que sean imprescindibles e impostergables, contenidas en un “Plan Nacional ante la Amenaza  por Brote del Nuevo Coronavirus (2019-nCov) definido por el Ministerio de Salud.”

A través de la Resolución nr. 10 de 3 de  marzo de 2020, se elevó a muy alta la amenaza y se estableció que “El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) es la instancia estratégica para la coordinación intersectorial de las acciones dirigidas a contener la transmisión del virus y mitigar los efectos de la enfermedad sobre la salud, la seguridad y la economía nacional.”

Ese decreto actualiza las designaciones de partidas presupuestarias al Ministerio de Salud por un total de ocho millones de dólares, trés millones para  las acciones iniciales y cinco millones en la situación de que sean superados los casos de acuerdo a  las predicciones. Se autoriza al Ministerio de Finanzas la asignación de “Partidas Presupuestarias a otras entidades Públicas” por un máximo de un millón trescientos cincuenta mil dólares. Establece en su artículo 7, que es el Ministerio de Salud (MINSA) la instancia coordinadora de todas las entidades públicas, “para atender cualquier situación relacionada con el brote del nuevo coronavirus (COVID-19)”.

Bajo la coordinación del MINSA, el dos de marzo se creó una  Comisión Multidisciplinaria para el asesoramiento dentro de los procesos para prevención y control de la enfermedad Coronavirus, su función es asesorar, ser vocera y emitir recomendaciones periódicas, de acuerdo con los avances y cambios de la enfermedad COVID-19. Esta  comisión multidisciplinaria  está compuesta por nueve representantes del sector salud y un experto en  logística. De esos 10  representantes, de alto nivel profesional y reconocimiento científico, nueve son hombres y una mujer, la Jefa Nacional de Enfermería.

El sector salud tiene un alto porcentaje de participación de mujeres profesionales, sin embargo, quedó demostrado que, en el marco de la pandemia el patriarcado subsiste y tiene poder de decisión. Por otro lado, también se ha señalado la ausencia de especialistas en ciencias sociales.

Panamá tuvo su primer caso positivo por coronavirus, el nuev de marzo, siendo el país número 11 en América Latina y el segundo en la región centroamericana, tomando como referencia la fecha y los datos oficiales que hizo público China el siete de enero. Tres días después, el 11 de marzo, la OMS declaró la COVID-19 como  pandemia.

Ante ello se decreta la cuarentena total  a través del Decreto Ejecutivo N° 507 del 24 de marzo de 2020, “Que amplía el toque de queda decretado mediante el Decreto Ejecutivo No. 490 de 17 de marzo de 2020 y dicta otras disposiciones”,  se extiende debido a que del  18 al 24 de marzo el toque de queda funcionó de 9 p.m a 5am.

El 25 de marzo se dio  inició a este toque de queda, en el marco de la cuarentena, restringiendo las salidas por sexo, y por dos  horas, durante tres días para las  mujeres y tres para los hombres. Posteriormente, por varios fines de semana a los hombres se les redujo a dos días, eliminándole los sábados, quedado un  toque de queda absoluto hasta el próximo sábado 16 de mayo que restituirán el permiso sabatino para el sexo masculino.

Estas restricciones trajeron como consecuencias protestas de las personas transexuales, debido a la discriminación y represión de la policía que las mandaban para su casa, según dichas autoridades porque sus números de cédula no coincidían con su  apariencia  física. Esa situación les puso en riesgo optando por hacer la denuncia pública a nivel nacional e internacional. En tal sentido, las organizaciones como Human Rights Watch, Hombres Trans Panamá (HTP) y la Asociación Panameña de Personas Trans (APPT), le escribieron cartas tanto al presidente Laurentino Cortizo, como a la ministra de salud, Rosario Turner, denunciando la discriminación de las cuales han sido víctimas, generándoles dudas, miedo e inseguridad, al punto de temer salir a las calles.

La gran medida de medida de supresión y mitigación se ha expresado a través del   Plan Protégete Panamá, que consta de  seis anillos de seguridad para evitar la propagación del coronavirus que incluye la campaña “Quédate en Casa”, la cual ha evidenciado la gran desigualdad social existente.

Por un lado, no todas las personas tienen las condiciones de quedarse en sus casas ya que sus viviendas no cuentan con  un  entorno apropiado, ni los servicios públicos indispensables, como el agua para lavarse las manos. En otro punto, es fehaciente la gran cantidad de personas que son cuentapropistas, viven de la informalidad laboral y necesitan ingresos diariamente para sobrevivir. Lamentablemente ningún gobierno ha cumplido sus promesas de hacer suficientes viviendas dignas y económicas para las grandes mayorías y cuando lo han iniciado incumplen y no terminan los proyectos habitacionales.

Dentro de este Plan está una plataforma digital, llamada “Programa ROSA” , una especie de consultorio virtual que atiende casos con sintomatología respiratoria para recibir valoración médica llamado a una la línea telefónica habilitada para ello, la 169.

También se han habilitado módulos para la atención de pacientes con cuadros respiratorios, ubicados en policentros, centros de salud, policlínicas y en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social. Hay otro sistema que está vinculado a dar respuestas después que se  ha hecho la prueba para confirmar si se tiene o no la COVID -19, es la “Notificación Individual de Caso Obtenido” (NICO) el resultado se da  a través de un mensaje. De ser positivo el personal del MINSA visita a la persona afectada y le da instrucciones y seguimiento domiciliario a su situación. Si es de gravedad se lleva a un hospital habilitado para pacientes con COVID-19.

Otro paso de este plan es un “Hospital Modular”, que ha generado grandes expectativas. Se debe habilitar con al menos  200 camas y todo el equipo e insumos necesario para atender a los pacientes graves por COVID-19. Este hospital que, en un principio, se anunció que costaría alrededor de  6 millones de dólares, ya está listo, pero no está equipado y se presume que los costos para su equipamiento podrían llegar a que el costo total llegue a sumar  alrededor de doce millones. Por esta razón, distintos sectores del área de la construcción modular están solicitando una auditoría de esta obra hospitalaria, poniendo en duda su real costo estimando que  hay sobrecostos.

Finalmente, el ciclo del Plan se cierra con la “Fase de Recuperación”, incluye hoteles que  han puesto a disposición de las autoridades de salud, con  más de dos mil camas para que los y las  pacientes completen, con el debido monitoreo clínico, el período de recuperación en estas instalaciones. Aún no se tiene el dato de cuánto será el gasto total que se les pagará a los hoteles por habilitar sus  estructuras a fin de hospedar a los pacientes de la COVID-19 en sus habitaciones.

La Estrategia Social         

El Plan Panamá Solidario, es un plan de emergencia y asistencia social dirigido a las personas afectadas  por  la COVID-19. La estimación  es que debe beneficiar a un millón, trescientas cincuenta mil familias.

Dicho Plan consta de dos componentes, el primero corresponde a  Bolsas de comida, que deben brindar el suministro de alimentos a trabajadores/as  informales o personas desempleadas y quienes hayan quedado sin empleo, producto de los más de 150,000 (ciento cincuenta mil) suspensiones de contratos laborales. Estos alimentos deben ser  entregadas cada 15 días casa por casa. En el caso de las comarcas se entregan mega bolsas de comida una vez al mes. Las personas que son beneficiadas por este  derecho deben  firmar que recibieron  la bolsa de comida.

El segundo componente son Bonos o Vale Digital, que constan de cuatro bonos de 20 dólares para un total de  80 dólares. Primero fueron entregados en cheques, lo que motivó muchas dificultades y descontento.  Por lo que se creó una plataforma digital que habilitara a todas las personas beneficiarias e identificadas con su número de cédula, la cual pueden presentar en distintas cadenas de supermercados o farmacias y hacer uso del vale digital por el monto de 80 dólares. La regla es que, ya sea en cheque o digital, los bonos solo se pueden utilizar  en alimentos y medicamentos en los establecimientos previamente anunciados para tal fin. Lo que significa una ganancia certera a cadenas de supermercados y farmacias.

Estos componentes han tenido debilidades organizativas y han sido denunciadas de ser entregadas por favoritismo políticos partidarios, debido a  la demora en las entregas de las bolsas y los bonos a los sectores más golpeados. También porque el costo de las bolsas de productos alimenticios no cubre la Canasta Básica de Alimentos (CBA) por lo que distintas comunidades han salido a protestar y prefieren exponerse a la COVID-19, antes que quedarse sin alimentos y cubrir sus necesidades. Por otra parte, organizaciones sociales y populares solicitan al gobierno que, en vez de 80 dólares, se debe  entregar entre  300 o 350 dólares a las personas afectadas, que es el monto aproximado a la CBA.  Las protestas han continuado y se han hecho sentir de diversas formas, a través de cierres de calles, carreteras y en pailazos o cacerolazos nocturnos. las mismas han sido reprimidas por agentes de la Policía Nacional. El propio Ministerio de Seguridad señaló que, había   contabilizado hasta la primera semana de mayo 57 manifestaciones, principalmente en distritos y corregimientos  pertenecientes a las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Colón.

La Corrupción manifiesta en medio de la crisis sanitaria

Debido a los diferentes escándalos por corrupción que ha habido  en los últimos 30  años en Panamá, hay mucha desconfianza de la sociedad cuando se trata de contrataciones, construcciones de obras, compras y  adquisiciones de insumos, entre otros, por parte de los gobiernos.

El actual gobierno, que dirigen el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en alianza con el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), no ha sido  la excepción y  en el marco de la crisis producida por el coronavirus, han tenido  varios escándalos producto de los actos que tienen que ver con licitaciones de compras, saliendo a relucir intereses económicos y negocios que buscan lucrar aprovechándose de la crisis pandémica, por lo que el pueblo panameño ha rechazado con protestas y palazos cada acción de esas.

Las  acciones más escandalosas del gobierno, en medio de la pandemia, son los sobrecostos en las  compras presupuestadas. Una de ellas  le costó el cargo al viceministro de la Presidencia, Juan Carlos  Muñoz, a quien le  correspondió anunciar, por parte del Órgano Ejecutivo, las intenciones de comprar 100 ventiladores AHP-300 por un monto de  48,950 (cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta  dólares) cada uno. Inmediatamente hubo una protesta ciudadana, haciendo pública  su renuncia  al día siguiente y el gobierno canceló dicha compra.

El viceministro de la Presidencia saliente es el segundo que había ocupado ese cargo desde inicios del mes de diciembre, el anterior Juan Antonio Ducruet, lo trasladaron  para otro cargo vinculado  a proyectos en la  Línea 3 del Metro de Panamá como del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cabe señalar que el ministro de la Presidencia es el Vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, quien ha sido y es constantemente cuestionado por sus vínculos directos con sectores económicos poderosos, por lo que  las protestas ciudadanas no han escatimado en solicitar su renuncia. Bajo este ministerio se hacen los actos públicos de compras para el suministro de bonos y libreta de vales de supermercados del Programa Panamá Solidario.

La otra acción cuestionada fue la que hizo el director de la Caja de Seguro Social (CSS) Enrique Lau Cortés, que pretendía hacer una compra de un equipo tecnológico por 200 millones de dólares, en medio de la crisis pandémica. Nuevamente el pueblo panameño protestó estruendosamente y no se pudo realizar esa transacción dudosa. Este director, también es constantemente cuestionado y en la actualidad diversos sectores están pidiendo tanto  su  renuncia junto con  la del subdirector, por el interés de querer  vender los activos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS, a través de la venta de bonos. Debido al escándalo producido por ello y gracias a las protestas del movimiento sindical, jubilados, y organizaciones populares, se ha visto en la obligación  de retirar dicha propuesta.

La crisis interna  y el respaldo de los sectores económicos al gobierno

En el marco de la pandemia del coronavirus, el gobierno que preside el presidente Laurentino Cortizo, ha tenido  escándalos públicos que han evidenciado algunos momentos de crisis a lo interno de su partido, el PRD, que se han evidenciado en  pugnas entre el órgano  ejecutivo y el legislativo.  Esta disyuntiva ha tenido su cénit a la hora de la aprobación de proyectos presentados en la Asamblea de diputados y la negativa del presidente en sancionarlas.

El ejemplo más reciente fue el forcejeo para que el Ejecutivo sancionara dos proyectos de leyes aprobados en la Asamblea Nacional de Diputados/as, y que el pueblo había exigido que se aprobara y sancionara.  Uno era concerniente a la moratoria en el pago de los servicios públicos como agua, luz, telefonía y  el pago de  alquileres de vivienda. El objetivo es  disminuir la crisis económica que ahoga a  la gran mayoría de familias, afectadas por la pandemia de la COVID 19.

El otro era una moratoria  relativa al pago de hipotecas, préstamos, tarjetas de créditos, y otros gastos vinculados a la banca. Debido a la gran presión popular, por la exigencia de amabas moratorias, y en medio de a la crisis surgida a lo interno del PRD que llevó a enfrentamientos públicos de diputados y diputadas de dicho partido, visiblemente divididos en sectores de poder económico y político, el presidente se vio obligado a sancionar la moratoria vinculada a los servicios públicos.

Se demostró que el gobierno tiene mucho interés en seguir respaldando a los sectores bancarios y financieros del país. Prefirió apoyar un acuerdo que le presentó la Asociación Bancaria Nacional (ABN), donde  extiende una moratoria hasta el mes de  diciembre, en vez de sancionar el proyecto de ley de moratoria a los préstamos y deudas bancarias o financieras de las personas, de modo que se regulase legalmente a dichos sectores, que evidentemente se niegan a ser regulado por el Estado. Ese acuerdo es controlado y parcializado por los bancos, dado que las personas tienen que ir individualmente  a negociar las nuevas condiciones dado que llegado enero  tendrán que pagar además de los pagos de 2021, los acumulados más los intereses, que no prescriben.

Las protestas del pueblo se dan porque el gobierno ha solicitado una cantidad de préstamos a organismos financieros internacionales endeudando aún más al país y para beneficiar al sector económico financiero. Son los privilegiados del presidente quien ha creado un “equipo económico”, sin ningún economista, caracterizado por ser  hombres neoliberales y dueños de los grandes negocios de  Panamá y que siempre han jugado a ganar, como lo han hecho con todos los gobiernos anteriores.

Otra de las beneficiadas  por este gobierno ha sido la empresa Minera Panamá, quien hizo caso omiso de las recomendaciones del Ministerio de Salud y pese a las quejas y denuncias sindicales mantuvieron abierta esta mina de cielo abierto, produciendo la transmisión del coronavirus entre sus trabajadores, haciéndose público por todos los medios, que han fallecido por lo menos cuatro trabajadores.

Por otro lado, COPA, una de las empresas más emblemáticas de la aviación comercial y cuyo dueño, es parte del equipo económico del presidente y su gobierno, hizo público que 1500 empleadas les han sido modificadas sus condiciones  laborales. Más de 800  se acogen al retiro voluntario, son personal que está en  edad de jubilación o que tenían más de 10 años de estar laborando. Hay 700  trabajadores y trabajadoras que se vieron en la necesidad de acogerse a una licencia sin sueldo entre de seis a 12 meses, eso significa que 1500 familias disminuirán sus ingresos inmediatamente.  Ello, a pesar de los pliegos de violaciones por las medidas adoptadas por la empresa, que fueron  interpuestas  ante el Ministerio de Trabajo, por dos de los cinco sindicatos existentes.

Es de suma  importancia fortalecer la salud pública, con presupuesto justo y sin corrupción, eliminando  las  medidas neoliberales que afectan a las grandes mayorías. Pareciera que la ciencia y la medicina están en una disyuntiva con el sistema capitalista, dado que quienes dirigen el país priorizan el interés económico de los sectores pudientes por encima del bienestar de la población.

El patriarcado no está en cuarentena

A pesar de que la mayoría del sector salud  lo conforman personal femenino y está dirigido por una Ministra de Salud, Rosario Turner, el comité asesor solo cuenta con una mujer. El comité económico que, además de no contar con  ningún economista, está compuesta solamente por hombres representantes de los distintos sectores que se reparten el  poder económico en Panamá.

La situación de violencia que viven las mujeres no ha parado en el confinamiento. Se ha intensificado producto de que las víctimas están más en riesgo, ya  que  conviven las 24 horas del día en una misma casa con su agresor y se les dificulta interponer las denuncias en las instancias públicas.

Los datos del Ministerio Público, entre enero y abril de este año señalan  4,710 denuncias por violencia doméstica. En la medida que fue intensificándose la cuarentena y el toque de queda en el mes de marzo, las cifras fueron bajando, por las razones antes dichas, las cifras por mes son: enero: 1,574; febrero: 1509; marzo: 1109; y abril: 518. Con respecto al  femicidio entre enero y abril hubo 14 mujeres asesinadas, en mayo falleció una víctima que había sido contabilizada como intento de femicidio en abril, porque fue incendiada por su expareja, a plena luz del día frente a sus tres hijas y  el vecindario (estos atraparon al asesino y lo entregaron), pero falleció un mes después  y entra en las estadísticas de femicidio de mayo. En total,  hasta mayo de 2020 van15 femicidios.

La crisis pandémica la paga la clase trabajadora

Es innegable que quienes están pagando las consecuencias de los efectos sociales y económicos de la crisis pandémica es la clase trabajadora, los sectores más vulnerables y en situación de precariedad laboral.  En el país, ya hay más de ciento cincuenta  mil personas que han quedado sin ingresos, y no hay certeza que lo tendrán en los próximos meses. La situación es preocupante, dado que eso solo es un indicador latente de la posible explosión social que pudiese estallar, en caso de que no se logre impulsar una gestión de la crisis más democrática, transparente y consultiva donde se tomen en cuenta a los actores clave que viven el día a día la angustia de contagiarse del virus o de quedarse sin llevar el sustento a sus familias.

Hasta ahora las políticas económicas neoliberales, no han dado resultado para quienes viven en el límite del día a día, en la pobreza o miseria y está confinando al hambre y la desesperación a miles de hogares. El neoliberalismo solo ha sido útil a los grandes consorcios, negocios, banca y finanzas de los poderes económicos que están sacando provecho de la crisis pandémica de la COVID-19.

Evidentemente el sistema económico capitalista genera su propio ciclo crítico y deshumanizante, pero a la vez genera el levantamiento organizado de quienes están siendo víctimas de él, que so a quienes tienen la posibilidad de transformarlo por uno más justo, equitativo, igualitario, sin patriarcado y donde prime el bien común.

*BRISEIDA BARRANTES SERRANO es Integrante del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) por la región Centroamericana. Feminista magistra en Género y Desarrollo. Docente universitaria. Presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá.

 

 

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