Por: SERGIO VILLENA FIENGO*

Diversos medios internacionales prestigiosos, como DW y BBC, han destacado el manejo de la emergencia por COVID-19 realizado por el gobierno y la sociedad costarricense, al cual han calificado como “exitoso”.  El comportamiento comparativamente moderado de las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad por COVID-19 reportadas diariamente por el gobierno, muestran que el país ha podido controlar la velocidad y el alcance territorial del contagio, evitando así arribar a la temida fase de “contagio comunitario”.  En consecuencia, se habría logrado evitar que los sistemas de salud se saturaran y colapsaran, pudiendo brindar una atención oportuna a los casos, en particular a los graves, con el resultado de una baja mortalidad o letalidad del COVID-19.

Entre las razones de ese éxito, destacan las siguientes:  un sistema de salud robusto, un sistema de vigilancia epidemiológica eficiente, la adopción pronta de la emergencia, la aplicación eficiente de medidas adecuadas para contener la propagación del virus, la atención oportuna y el seguimiento de la población contagiada, la gestión coordinada -una gestión centralizada, más técnica que política- de la emergencia entre los distintos ministerios y entre los poderes del Estado, el alto nivel educativo y el comportamiento cívico de la población, un buen manejo informativo de la emergencia, entre otros.

La gestión de la emergencia sanitaria

Desde la detección del primer caso el 6 de marzo y la declaración inmediata de emergencia nacional, el gobierno promovió medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio, como la higiene y la “distancia social”.  La arraigada cultura higienista, cuyos orígenes se pueden rastrear en Costa Rica ya desde inicios del siglo XX y que recibió un importante refuerzo a raíz de la emergencia por AH1N1 hace unos años, ha facilitado el cumplimiento general de estas medidas profilácticas.

Para afrontar las necesidades de abastecimiento de insumos para la higiene, se aseguró el abastecimiento de alcohol poniendo a FANAL (Fábrica Nacional de Licores) a producir exclusivamente ese producto, habilitando además la compra por internet y la distribución a domicilio por la empresa de Correos. En cuanto al agua, el país se encontraba en la época seca y enfrentaba los ya recurrentes problemas de abastecimiento en la capital, especialmente en la zona sur, lo que provocó varias movilizaciones  de los vecinos, generando tensiones con la policía y transeúntes, así como negociones con Acueductos y Acantarillados (AyA), logrando paliar el faltante al menos parcialmente[1]. 

En relación con la “distancia social”, se ha hecho necesario promover un cambio en las pautas proxémicas locales, las tienden más bien a favorecer la aglomeración (incluso el hacinamiento) y el contacto físico interpersonal.  Para ello, se aplicó gradualmente un conjunto de medidas para estimular el “confinamiento voluntario”, aunque sin llegar a la cuarentena total, las cuales han sido, en términos generales, de dos tipos: 

a) Restricción de la circulación y reunión en el espacio público, así como reducción casi total del flujo internacional, otorgando un protagonismo inédito al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Obras Públicas, que han ejercido intensivamente el control de la circulación en las calles, decomisando vehículos e imponiendo multas, así como controlando el cierre de locales de reunión y la realización de actividades masivas[2];

b) Medidas para reducir la movilidad y el contacto físico en centros de trabajo y estudio, buscando a la vez dar continuidad operativa mínima de las actividades productivas y educativas. Se aplicó, por un lado, el “teletrabajo” / “educación remota”, con protagonismo del MEP, de las universidades públicas, así como del ICE, FONATEL y SUTEL[3]; por otro, se implementó la “flexibilidad laboral” (adopción del teletrabajo, reducción de jornada laboral y suspensión de contratos en la empresa privada), en las cuales han sido protagonistas el Ministerio de trabajo y Seguridad Social, así como la Asamblea Legislativa.

En cuanto a la atención de las personas “sospechosas” o contagiadas, se ha aplicado vigilancia epidemiológica para la detección y la trazabilidad de la cadena de contagio. Para evitar el temido “colapso de los servicios”, se ha ampliando la capacidad hospitalaria, tanto para pacientes de riesgo intermedio como para atención en UCI, adaptando un centro (CENARE) para atención específica por COVID, así como la puesta en funcionamiento de un hospital  de campaña en la zona fronteriza con Nicaragua[4].

También se estableció una estrategia para proveer insumos, así como para la experimentación científica con métodos de diagnóstico, tratamiento y curación (Inciensa, Instituto Clorito Picado)[5]. No hay un uso masivo de pruebas, pero existe abastecimiento de las mismas, así como disponibilidad de laboratorios, los cuales se han regionalizado para aplicar pruebas de manera rápida más allá de la GAM; asimismo, se ha fortalecido el equipamiento (respiradores y otros), así como recursos humanos.  

Como puede verse, hasta ahora el manejo de la emergencia sanitaria puede, efectivamente, considerarse exitoso en términos epidemiológicos, dados los indicadores de morbilidad y mortalidad por COVID-19 reportados por el gobierno. Ciertamente, permanece la interrogante por la sostenibilidad de la estrategia aplicada, en un escenario incierto y de alcance global, sobre todo porque Costa Rica es un país históricamente abierto al mundo.  Por otra parte, tampoco hay claridad sobre sus “efectos colaterales”, como su impacto en la atención sanitaria a otras formas de morbilidad, así como las consecuencias de la pandemia sobre la enfermedad mental[6]. 

La dimensión económica y social: ¿Terapia del shock a la tica? 

El análisis del manejo de la emergencia no puede limitarse a la gestión de la emergencia sanitaria; es también fundamental referirse a las consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales de la crisis epidemiológica y de la gestión de la misma por el Estado.  La valoración de estas otras dimensiones de la emergencia es más compleja y, en una primera aproximación,no podrían sin más considerarse “exitosas” desde un punto de vista social y económico.Veamos.

Según diversas estimaciones, la emergencia sanitaria tendrá graves consecuencias económicas.  Por ejemplo, el BCCR estima una caída del PIB cercana a un 3.6% y se prevé un cierre e incluso una quiebra masiva de empresas y negocios, sobre todo de aquellos vinculados a las actividades de turismo, la restauración y el entretenimiento[7]. 

Se prevé también fuertes afectaciones en términos sociales: alrededor de 400 mil personas perderán su empleo y otras tantas verán reducidos drásticamente sus ingresos o sufrirán una precarización laboral[8]. Como consecuencia, se produciría un aumento en los niveles de pobreza, hasta ahora estancados en alrededor del 20% de los hogares, y de la pobreza extrema, históricamente situada cerca al 10%, así como se ampliará la brecha de la desigualdad, la cual desde hace años muestra niveles elevados[9].

Para paliar esas consecuencias económicas y sociales, los poderes del Estado han tomado medidas que combinan acciones asistencialistas y paliativas en lo social con un conjunto de medidas económicas y fiscales.  Puestas en balanza, este conjunto de medidas parece favorecer una redistribución del ingreso más bien negativa, siguiendo una tendencia ya establecida en el país y agudizada a partir de 2018, con la aplicación o trámite de diversas medidas y legislación, como la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y la Ley del empleo público.

Como medidas paliativas, el gobierno ha establecido el Plan Proteger, que distribuye un bono entre quienes perdieron su empleo o redujeron sus ingresos[10]; también se ha aprobado la autorización para el retiro del fondo de capitalización laboral (FCL), así como la distribución de paquetes de alimentos y vituallas -denominados “diarios”-, aportados tanto por instituciones públicas como por organizaciones sociales.

En el ámbito del sector cultura, muy golpeado por la prohibición de eventos públicos (se estima que 30 mil personas han quedado sin trabajo o sin ingresos durante la emergencia), el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) ha creado diversas modalidades de apoyo, como becas y estímulos, llegando incluso a organizar una “Teletón por la cultura”, la cual sin embargo no ha dado los frutos esperados[11].

Más allá de esas “ayudas”, se han tomado acciones que combinan beneficios para las empresas, a la vez que penalizan el salario, continuando una tendencia aplicada con la reforma fiscal puesta en marcha en el año 2018.  Entre las primeras, están medidas neoliberales de “alivio fiscal”, que se suman a las de “flexibilización laboral” y a los subsidios a las zonas francas, las cuales favorecen incluso a grandes corporaciones, que están ganando mucho con la crisis, como las grandes cadenas de supermercados, las plataformas tecnológicas como Amazon o Uber, pero también las empresas que maquilan equipamiento médico.

Estas medidas desfinancian al Estado (e incluso a la CCSS), que enfrenta una intensificación del estrés fiscal que enfrenta desde hace años, en un momento donde se requieren más recursos públicos para atender la emergencia.  Paradójicamente, al mismo tiempo, las cámaras empresariales exigen acciones de corte keynesiano para estimular la actividad económica, como la construcción de infraestructura y obra pública.

Por contraparte, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo están aplicando medidas y proponiendo legislación que pretenden trasladar el peso de la crisis hacia los trabajadores.  En esta línea, se ha decretado el congelamiento de salarios en el sector público (con la significativa excepción de los salarios policiales), la reducción de “pluses” (por ejemplo, la suspensión de las anualidades), así como se ha propuesto el incremento de impuestos al salario y al consumo (por ejemplo, subir el IVA o penalizar los salarios altos), así como otras medidas confiscatorias, como la supresión del “salario escolar” o la implementación de un “impuesto solidario”, finalmente desestimados por sus implicaciones legales[12].  

Estas medidas en contra de los trabajadores prolongan una tendencia que se viene aplicando en los últimos años, la cual encuentra su máxima expresión en la propuesta de una Ley del empleo público, que ha ganado nuevo impulso en el marco de la crisis actual; de ser aprobada esta ley, sin duda afectaría negativamente y de manera profunda las condiciones salariales y laborales del sector público, como desde hace años vienen demandando los sectores empresariales y los adalides del neoliberalismo.

Algo similar está ocurriendo con el presupuesto a las universidades públicas (conocido como FEES), que está bajo la mira de la Asamblea Legislativa, que parece haber encontrado en la pandemia el argumento final para aplicar un recorte draconiano y para golpear a la autonomía universitaria, constitucionalmente establecida[13].

También se está recurriendo a otras modalidades para cubrir las necesidades de financiamiento inmediato de la emergencia sanitaria, económica y social.  Por un lado, se están cubriendo parte de los costos de las políticas sociales con el Fondo de Emergencias, el cual está siendo engordado con recaudaciones extraordinarias, como las que se está logando mediante la aplicación de multas de tránsito derivadas de las faltas o infracciones a la restricción vehicular[14]. 

Por otra parte, se están transfiriendo a ese Fondo recursos de diversas instituciones públicas, que están transfiriendo parte de sus presupuestos para la atención de la emergencia, como ha sido el caso del INAMU, el INS y el recientemente anunciado por el CONARE.  Además, el gobierno está contratando diversos empréstitos internacionales, con organismos como la CAF, el BCIE, el BID y otros.

Entre la defensa de la “excepcionalidad” y la pugna redistributiva

En un balance: ¿Cuán exitoso ha sido el manejo de la emergencia por el gobierno costarricense? Por un lado, se ha realizado un manejo adecuado de la emergencia sanitaria, tomando medidas efectivas para controlar la velocidad y el radio del contagio (aplanar la curva), así como para evitar el colapso de los servicios sanitarios y atender adecuadamente a las personas ya infectadas. 

El balance es menos optimista en lo que se refiere a los impactos económicos y sociales.  Pese a las medidas sociales paliativas, se están aplicando medidas que a corto, mediano y largo plazo que muy probablemente profundizarán las tendencias estructurales que conducen a generar condiciones sociales más precarias para las poblaciones vulnerabilizadas, a la vez que ampliarán la brecha de la desigualdad. 

Paradójicamente, las instituciones públicas creadas en el marco del Estado desarrollista social de derecho, que han realizado un manejo adecuado de la emergencia sanitaria y la primera respuesta paliativa a sus efectos sociales, están siendo atacadas por el sector empresarial y los adalides del mercado. Sin embargo, esos mismos actores demandan un decidido respaldo del Estado para superar el impacto de la crisis e incluso para capitalizar las oportunidades de negocios que les abre la crisis.

Irónicamente, se carga al Estado con la responsabilidad de responder a la emergencia, pero a la vez se hacer avanzar una agenda de desmantelamiento del Estado, de la institucionalidad pública y de la legalidad orientada a proteger a los trabajadores.  Desde luego, esa desprotección -que tiene su contraparte en el fortalecimiento de la capacidad represiva del Estado-  afectaría más aún a los sectores más vulnerabilizados de los trabajadores.  En particular, la crisis se ensañaría con los trabajadores reclutados mayormente entre personas inmigrantes, muchas veces indocumentados, provenientes sobre todo de Nicaragua, los cuales no tienen acceso a las ayudas del bono Proteger y otras similares, enfrentan mayores controles policiales en la frontera y están sufriendo un recrudecimiento de la xenofobia.

En resumen: se ha realizado un buen manejo sanitario y de sus consecuencias sociales más inmediatas, pero a corto, mediano y largo plazo, se continúa la tendencia neoliberal de corte regresivo, que precariza el trabajo y las condiciones de vida de las mayorías. Si esa tendencia no se revierte, la “nueva normalidad” sin duda será la misma que antes del COVID-19, solo que peor.

*SERGIO VILLENA FIENGO es el director del Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica

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[1] Vecinos de Hatillo: AyA incumplió acuerdos de racionamiento. Vecinos retomaron los bloqueos en Circunvalación, pues algunos sectores están por cumplir 48 horas sin agua. https://www.ameliarueda.com/nota/vecinos-de-hatillo-aya-incumplio-acuerdos-de-racionamiento; Continúan los racionamientos de agua en la GAM, 163 mil personas se verán afectadas esta semana. Durante la segunda semana del programa de racionamientos 143.750 personas se vieron afectadas con la medida de control, https://www.ameliarueda.com/nota/continuan-racionamientos-agua-gam-163-mil-personas-afectadas-esta-semana

[2] Medidas:  a) cierre de lugares públicos “no esenciales”: centros educativos, espacios públicos (parques y playas) y lugares de esparcimiento y culto (teatros, cines, bares, restaurantes, estadios, templos y otros lugares de culto,  entre otros); b) prohibición de eventos masivos (conciertos, marchas, procesiones, misas y cultos, incluyendo las tradicionales celebraciones de semana santa), no se aplicó “Ley seca”, como en Panamá; c) restricción vehicular interna, es decir, la movilidad en automotores (se intensificó y generalizó a todo el país); d) cierre de aeropuertos y control de fronteras, limitando drásticamente la circulación internacional de turistas, inmigrantes y transportistas, convertida éstas últimas en todo un espectáculo mediático durante la semana santa, así como provocando una fricción con los países vecinos más recientemente, en relación con el trasiego terrestre de mercancías; e) cuarentena domiciliaria obligatoria para personas, extranjeras o nacionales (incluidas las “repatriadas”), que ingresaran al país por cualquier vía. Se ha elaborado varias cronologías de las distintas medidas que ha ido tomando el gobierno costarricense; por ejemplo, ver la construida por el OPNA-UCR, que también ha emitido varios informes sobre la dimensión política de la pandemia, en https://opna.ucr.ac.cr/index.php/es/

[3] La implementación del trabajo/estudio remoto se ha realizado en general de manera repentina, acelerada y en muchos casos improvisada, en medio de la pandemia.  No se conocen aún sus efectos sobre la salud, física y mental, pero tampoco sobre las desigualdades de acceso a los servicios, en especial los educativos; sobre este último punto, una nota periodística del 27 de mayo -a casi tres meses de iniciada la emergencia- señala que al menos 250 mil niños carecen de condiciones de conectividad o equipamiento necesarias para el estudio remoto por internet (ver https://observador.cr/noticia/mep-detecta-250-mil-estudiantes-sin-acceso-internet-para-recibir-educacion-virtual/?fbclid=IwAR1zgs0LUWil07QtOk4srAmJF8Jn5rKn5wi5HviwXm781QMyVq36cRRBSR0 ).

Para mejorar las condiciones de acceso a la tecnología, se intensificó el Programa Hogares Conectados, previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual busca dotar a los hogares de menores recursos equipo y conexión a Internet, beneficiando a cerca de 136.5 mil hogares, de los que forman parte cerca de 223 mil estudiantes de primaria y secundaria; ver https://observador.cr/noticia/mep-detecta-250-mil-estudiantes-sin-acceso-internet-para-recibir-educacion-virtual/?fbclid=IwAR1zgs0LUWil07QtOk4srAmJF8Jn5rKn5wi5HviwXm781QMyVq36cRRBSR0

[4] No se han utilizado otras infraestructuras no especializadas para atención, como ha ocurrido en otros países, donde se adaptaron campos deportivos, espacios feriales u hoteles.

[5] No se han denunciado casos de negligencia, ineptitud o corrupción por sobreprecios, favorecimiento u otras, como en otros países de la región.

[6]La información se considera confiable, pues no ha sido cuestionada por la oposición política, la sociedad civil o por organismos internacionales.  El único cuestionamiento lo hizo el presidente salvadoreño, Nahib Bukele, que en una de sus conferencias de prensa señaló que el bajo número de casos reportados en Costa Rica se debía a que se estaban aplicando pocas pruebas.  El ministro de salud de Costa Rica explicó que ese bajo número relativo de pruebas se justificaba por el reducido porcentaje de positividad en las pruebas aplicadas.

[7] Las estimaciones sobre el porcentaje en que caería el PIB, fluctúan entre el 3.3% (Banco Mundial) y el 3.6% (Banco Central de Costa Rica)  Ver, por ejemplo:  https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/economia-de-costa-rica-decrecera-un-36-en-el-2020-debido-al-covid-19-segun-banco-central/, https://delfino.cr/2020/04/banco-mundial-proyecta-que-pib-de-costa-rica-caiga-33-en-2020-por-pandemia-de-covid-19

[8] En Costa Rica, como en otros países, se ha producido una proliferación de “repartidores”, “delivers” o “domiciliarios”, categoría a la que se han sumado durante la emergencia gran cantidad de personas.  Estos trabajadores, que ya enfrentaban condiciones de precariedad laboral antes del COVID-19 (https://www.crhoy.com/nacionales/video-repartidores-de-app-queman-bolsos-en-senal-de-protesta/), han protagonizado nuevas protestas (https://www.laizquierdadiario.cr/Precarizacion-sobre-ruedas-repartidorxs-de-apps-en-Costa-Rica). 

[9] Estimaciones del IIE-UCR sobre desempleo y la pobreza, en: https://www.crhoy.com/economia/mas-de-400-mil-perderian-su-trabajo-durante-pandemia-de-covid-19/   Según cálculos del INEC basados en las Encuestas de hogares, el Coeficiente de Gini es igual al 0.511 para los hogares y 0.514 para las personas (https://www.inec.cr/pobreza-y-desigualdad):

[10] 800 mil personas podrían recurrir a este bono; sobre los requisitos para ser beneficiario, ver https://www.proteger.go.cr.  El financiamiento proviene de diversas fuentes,   como el traslado de fondos de instituciones públicas (INS, Universidades, INAMU y otros) e impesto al combustible. Ver https://www.teletica.com/254990_primeros-33000-beneficiados-de-plan-proteger-recibiran-beneficio-a-mas-tardar-este-proximo-lunes,  https://www.teletica.com/257637_ins-traslada-c75-mil-millones-a-hacienda-y-ayuda-a-200000-familias-en-bonos-proteger

[11] Ver, por ejemplo, “Teletón por la Cultura se queda corto, recauda ₡20 millones para 30 mil trabajadores del sector. El dinero entrará al Fondo Nacional de Emergencias de la CNE, que hará llegar las ayudas a las personas beneficiarias”. https://www.ameliarueda.com/nota/teleton-cultura-corto-recauda-20-millones-para-30-mil-trabajadores-sector

[12] El poder judicial -en particular la Sala IV- ha funcionado, en algunos puntos, como un contrapeso a los embates del ejecutivo y sectores mayoritarios del legislativo contra los derechos constitucionales de los trabajadores. Es el caso, por ejemplo, del rechazo a recursos de amparo puestas por algunos políticos de orientación neoliberal contra el salario escolar.

[13] “De no realizarle rebajos a los salarios en el corto plazo tendrán que “recurrir a un cierre de universidades públicas” dijo el presidente de la Comisión del FEES, Wagner Jiménez”.  Ver https://semanariouniversidad.com/universitarias/comision-del-fees-finanzas-primaran-sobre-la-autonomia-universitaria-en-la-constitucion/?fbclid=IwAR0SVHdEpnnnPiP8mEbOKXY13oE3BlU1OVKiW7awMJczjNpyJ0foOb46mSo

[14] En relación con los combustibles, se ha mantenido fijo el precio de los combustibles derivados petróleo, con la excepción del diésel, los cuales han reducido drásticamente su precio internacional; se supone que lo recaudado con base en  ese excedente servirá para cubrir parte de los desembolsos en el  bono Proteger.