Por: CARLOS GERARDO GONZÁLEZ*

El 2019 fue el último año de gobierno del expresidente Jimmy Morales, en Guatemala. Su periodo fue famoso a nivel internacional por los escándalos de corrupción, por la represión del movimiento social concretado a través del asesinato de varios líderes comunitarios, por haber expulsado del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y porque durante su mandato, se perpetró una masacre que atentó contra la vida de 56 mujeres adolescentes que estaban bajo la tutela del Estado.

De las 56, 41 perdieron la vida, sumándose este como uno de los más infames crímenes al ya extenso listado de masacres ocurridas luego de la firma de los Acuerdos de Paz. A finales de ese año, la mitad de todos los niños y niñas menores de cinco años del país sufría de desnutrición crónica, lo que lo convertía en el país con la tasa de desnutrición infantil más alta del continente (49.8%). 

Más del 60% de la población vivía en condiciones de pobreza, de la cual, el 29.6% vivía en condiciones de pobreza extrema. Aun así, el Banco Mundial reportó para Guatemala un crecimiento económico de 3.6% que fue celebrado por el sector empresarial y por los políticos afines. Este crecimiento, sumado a uno de los índices de desigualdad más altos del planeta, en nada ayudaba a reducir las condiciones de vida de la mayoría de la gente (OXFAM, 2019).

Fue en esas circunstancias, y luego de haber tenido un cambio de gobierno que seguía favoreciendo al sector empresarial que llegó a Guatemala la pandemia provocada por la COVID 19.

PRIMERAS MEDIDAS, OTROS MILLONES

Ante la inminencia de la propagación de la enfermedad, el Gobierno decretó estado de emergencia y habilitó un hospital para pacientes contagiados. También concluyó la construcción de dos hospitales improvisados. Luego, suspendió actividades laborales que no fueran básicas a partir del 17 de marzo. Sin embargo, ese mismo día salió “suavizando” algunas de las medidas, que beneficiaban a varios sectores empresariales.

 El Congreso aprobó algunas semanas después dos ampliaciones presupuestarias multimillonarias, con la excusa de la pandemia. Una de estas dos ampliaciones destinaba cantidades de dinero al Parlamento Centroamericano, al Ejército, al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio de Educación (bajo el rubro de remozamiento de escuelas). Junto con esta ampliación, se aprobaron dos préstamos que ascendieron a los US$450 millones (equivalentes a más de Q3,500 millones).

Los primeros días de abril, a cuatro semanas de que se había declarado el Estado de Emergencia, sobresalió en los medios de comunicación la noticia de un niño que le entregaba a Alejandro Giamattei, el actual Presidente de Guatemala, una alcancía con sus ahorros: los escasos ahorros que puede generar un niño de cuatro años de la clase media baja del país.

En Guatemala, una buena cantidad de niños y niñas trabaja en condiciones precarias, porque necesitan hacerlo para generar dinero para comprar alimentos. El niño de la alcancía seguramente no está dentro de este sector, pues una niña o un niño trabajador no tendría los recursos para hacer este tipo de donaciones (pues muchas veces, el dinero que ganan ni siquiera llega a sus manos). Si llegara a tenerlos, sin embargo, el niño o la niña tendrían muy claro que el papel del Gobierno no es recibir donaciones.

El gesto, sin embargo, era la consecuencia de la imagen que el Gobierno había proyectado en esos días: no se veía un aparato gubernamental que respondiera con fortaleza y seguridad ante la crisis, sino de uno más bien débil, socorrido en todo momento por el dinero “donado” por las empresas. El mismo día que el niño salía ofreciendo su alcancía a Giammattei, se hizo pública la intención de la Comisión de Finanzas para promover una iniciativa de ley que buscaba favorecer a las nuevas industrias y exonerarlas durante el pago de algunos impuestos durante cien años (Ayala, 2020). Entre los impuestos que esta iniciativa buscaba exonerar estaban el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto de Solidaridad (ISO), los impuestos arancelarios sobre materia prima y el Impuesto al Valor Agregado por la importación de materias primas (Congreso de la República de Guatemala, 2020, p. 7)

Durante las primeras semanas que sucedieron al primer contagio de la COVID 19 en Guatemala, vimos claramente la intención de un sector empresarial por echar a andar una campaña publicitaria millonaria. Esta campaña necesitaba evidenciar la falta de recursos del Estado para afrontar la crisis y el liderazgo para hacerse cargo de la situación.

Los mensajes presidenciales de ese momento (pagados seguramente con pautas publicitarias muy altas) estuvieron saturados de gratitud a esta generosidad que ayudaba a un gobierno cuyo patetismo rayaba en la mendicidad. Demás está decir que la estructura institucional débil del gobierno se debe, en buena medida, a la voracidad del sistema neoliberal que ha privatizado –y continúa haciéndolo– los servicios básicos que, de ser públicos, hubieran sido muy valiosos para la administración de la emergencia.

La compra de un seguro escolar privado con dinero público en pleno desarrollo de las medidas de contingencia es evidencia de esa paulatina precarización y privatización a la que han sido sometidas las instituciones públicas del Gobierno de Guatemala.

El cinismo de la noticia en el que se celebraba la adquisición de este seguro escolar, para que los estudiantes puedan tener acceso a consultas médicas “a través de internet” (en un país donde más del veinte por ciento de la población no tiene acceso a energía eléctrica) fue acompañado de arremetidas sistemáticas contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es la institución pública del país cuyas medidas han sido las más eficientes y previsoras para el manejo de la crisis. Este tipo de desembolsos que benefician al sector privado contrastan, por ejemplo, con la inversión que se ha realizado en la red hospitalaria.

El 27 de mayo circuló en todos los medios del país la noticia del colapso del hospital San Juan de Dios. Días después, circuló por segunda vez la noticia de que los médicos que atendían la emergencia en uno de los hospitales improvisados no recibía salario, lo recibía con retraso y enfrentaba, además, la carencia de equipo de protección personal.

PANDEMIA, DESIGUALDAD Y RESISTENCIA SOCIAL

A pesar del desaliento y del pesimismo, y a pesar de la evidencia de las terribles desigualdades que la emergencia desnuda, se ha evidenciado un enorme campo de lucha abierto en el ámbito simbólico que nos obliga a hacer un ejercicio de reflexión e imaginación de la nación y la comunidad nacional. Esta ausencia ya se había manifestado en varios momentos a lo largo de la historia. Para no ir tan lejos, La expulsión de la CICIG en el 2019 y, antes de eso, el tiro de gracia electoral luego de las manifestaciones populares de 2015 pusieron en evidencia la forma en que ha sido imaginada Guatemala, como comunidad primero y como país, en segunda instancia.

A lo mejor, la ausencia de esta reflexión y el enorme compromiso que el proyecto de construcción del país ha tenido históricamente con el ideario liberal sean los dos factores que, sentados sobre la base del racismo y la colonialidad, nos provoquen tantas dificultades para pensarnos en otros términos.  A lo mejor tengamos aún un largo camino por recorrer antes de reconocernos y vencer así al país mismo, el nacionalismo liberal que se ha enquistado como un cáncer –pero no de muerte– en el imaginario colectivo.

Lejos de detenerse, la propagación de la enfermedad ha seguido creciendo a su propio ritmo y ha evidenciado las falencias de un sistema que ya sabíamos que estaba mal.  Las vulnerabilidades humanas aparecen sin ninguna protección en un sistema económico inhumano y egoísta. Antes de la Covid-19, sabíamos que las cosas estaban mal y que el sistema propiciaba diferencias abismales y era injusto (las manifestaciones en Chile, en Argentina, en Bolivia dan noticia de estos síntomas, a nivel continental).

 Ahora, con la crisis, estas terribles distribuciones económicas de las vulnerabilidades se han puesto ante nuestros ojos de forma tal que negarlas es imposible, a menos que sea mucho el cinismo. Ya Zizek había dicho que la ideología es cínica, que no le importa negarse a ver realidades evidentes: el presidente electo del país acusó a la gente que pide comida en la calle de ser “personas acarreadas” (es decir, personas que reciben una cantidad de dinero para aparentar, en este caso, tener hambre).

Sin embargo, la crisis también nos ha obsequiado momentos muy memorables a quienes vivimos en Guatemala. Por ejemplo: un grupo de personas voluntarias se activó de inmediato para ofrecer comida gratuita a personas en condiciones de vulnerabilidad, a través de una iniciativa que llamaron La olla comunitaria. Este grupo de personas rechazó, desde la dignidad de la pobreza, una donación propagandística protagonizada por un heredero del poder colonial. Es desde estas auténticas experiencias de emancipación, que evocan un ethos más solidario y digno, desde donde me gusta pensar Guatemala.

Los esfuerzos de resistencia de las comunidades indígenas, en resistencia ante la crisis y ante las antojadizas e improvisadas medidas del Gobierno son también luces en la oscuridad del contexto. Las manifestaciones comunitarias que impidieron el transporte de alimentos y bebidas producidos por empresas multinacionales fue una batalla ganada para la esperanza. A pesar de que según el comunicado de la Secretaría de Comunicación Social emitido el 14 de mayo, se permitía la circulación de vehículos con alimentos, la medida no fue aplicada de forma general para todos los transportistas.

En una demostración de fuerza y solidaridad, personas de Sololá, Quiché y Totonicapán se organizaron para detener también el tránsito de los camiones de las grandes empresas. Estas acciones encararon frontalmente en una carretera dos formas de vida y de consumo: una apoyada y aprobada por el gobierno central, que permitía el tránsito de los transportes de las corporaciones de alimentos y bebidas, pero prohibía el tránsito de alimentos producidos localmente. La contundencia y la fuerza de la movilización, hizo que el Presidente aclara a la noche siguiente las medidas de contención, y aplicara la posibilidad de transporte a los pequeños productores. Fue a raíz de esta pequeña victoria que el Gobierno tuvo que aclarar las medidas de contención y confinamiento.

Ojalá que el duelo generado por la Covid-19 nos ayude a pensar con fuerza, desde la raíz de nuestros vínculos sociales, un país diferente; uno que esté consciente de la importancia de la agricultura, de su vínculo vital con la tierra y la naturaleza.

Ojalá que la evidencia de que nuestras vulnerabilidades nos permitan ver la necesidad del Estado, pero no de un Estado cooptado por los intereses privados del sector empresarial, sino otro. Uno que permita que bajo su nombre se alberguen diferentes visiones y formas de vida que en Guatemala hoy conviven.

Es posible que el capitalismo sea el sistema económico que destruya la vida en el planeta, pues es un sistema que en sus etapas más avanzadas de desarrollo, atenta frontalmente contra la reproducción de la vida en todas sus manifestaciones: desde la vida humana hasta la vida de los ecosistemas y la diversidad biogenética. Es probable que luego de este golpe, el sistema resurja con mecanismos de imposición más severos, más fuertes y menos respetuosos con la vida. Sin embargo, algo que hemos aprendido en estos días en los que un virus ha paralizado buena parte de las actividades comerciales y ha puesto en riesgo la vida de millones de personas, es que no hay que ser categórico con la especulación y la organización de la vida en función del futuro.

La Covid-19 nos ha enseñado el extremo de esa dependencia del futuro para organizar la vida. A lo mejor, pensándonos en presente y desde la esperanza de que el cuerpo presente que ahora late en mis manos mientras escribo, aprendamos a ser un poco más modestos con nuestros planes: con las relaciones que hoy tenemos, con las personas con quienes hoy convivimos y con las muertes que hoy sufrimos.

 

*CARLOS GERARDO GONZÁLEZ es professor en la Facultad de Humanidades, Universidad Rafael Landívar – Guatemala

 

Referencias

Ayala, A. (4 de abril de 2020). COVID-19: Crónica de las maniobras del poder, los 100 años de paraíso fiscal (parte II). Prensa Comunitaria. Recuperado de https://medium.com/@PrensaComunitar/covid-19-cr%C3%B3nica-de-las-maniobras-del-poder-los-100-a%C3%B1os-de-para%C3%ADso-fiscal-parte-ii-c765653f11e5

Congreso de la República de Guatemala (2020). Iniciativa que dispone aprobar ley de 100 años de inversión y empleo. Departamento de Información Legislativa, Congreso de la República de Guatemala. Recuperado de https://www.soy502.com/sites/default/files/2cbb7-5691.pdf

Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) (16 de mayo de 2020). Sino pasan las cosechas, tampoco las gaseosas y cervezas. Recuperado de http://fger.org/sino-pasan-las-cosechas-tampoco-las-gaseosas-y-cervezas/?fbclid=IwAR0cu7LgUiephD_sCyQIT_xZ7ylpJnZ301flAZLznPm7Y-I1BWtnafP37hY

Noti 7 (2020). Niño regala sus ahorros al presidente Alejandro Giammattei [archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=h-xAvYhwSLw.

Oxfam Internacional (2019). Guatemala, entre el “suelo y el cielo”: la extrema desigualdad en cifras. Recuperado de https://www.oxfam.org/es/guatemala-entre-el-suelo-y-el-cielo-la-extrema-desigualdad-en-cifras

Rivera, N. y Toro, D. (27 de mayo de 2020). El Hospital General al borde de un colapso que las autoridades no quisieron evitar. Prensa Comunitaria Recuperado de https://www.prensacomunitaria.org/el-hospital-general-al-borde-de-un-colapso-que-las-autoridades-no-quisieron-evitar/