PRONUNCIAMIENTO O ISTMO – Represiones en Nicaragua: reflejo de una crisis sistémica mayor

POR: Articulación Centroamericanista O Istmo*

La Articulación Centroamericanista O Istmo condena las actuales y gravísimas formas de represión, en sus distintas modalidades, hacia los diversos grupos sociales y culturales de Nicaragua. Particularmente, aquellas visibilizadas en junio de 2021, a partir de la persecución política desatada por el Estado nicaragüense a grupos e individuos opositores al régimen Ortega-Murillo.


Daniel Ortega, líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) – el antiguo grupo guerrillero revolucionario de la década de 1980 – llegó a la presidencia de Nicaragua en el año 2006, luego se reeligió de forma inconstitucional en el 2011. Posteriormente, a partir de una reforma constitucional realizada en el 2014, el Gobierno estableció la reelección presidencial indefinida. Junto con dicha reforma, sobrevino una serie de cambios que han tenido consecuencias políticas a favor del régimen.


En la coyuntura pandémica, entre octubre y diciembre de 2020, el Gobierno aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual segrega a los nicaragüenses y restringe sus derechos políticos. También la Ley Especial de Ciberdelitos, bautizada como “Ley Mordaza”, por el control que pretende sobre las redes sociales. Igualmente, aprobó y ratificó una reforma a la Constitución Política, para imponer la cadena perpetua por supuestos “crímenes de odio”; y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz, que anula la competencia política para los comicios generales de 2021. Luego, durante la primera semana de febrero de este año, los diputados sandinistas presentaron una iniciativa de reforma y adición al Código Procesal Penal de Nicaragua (Ley 406), para ampliar (de 48 horas hasta 90 días) el tiempo en que una persona puede permanecer detenida sin ser acusada.


Todas estas modificaciones crearon la base para legalizar la persecución política que el régimen Ortega-Murillo ha emprendido en contra de la oposición, aspirantes a la presidencia de Nicaragua, periodistas, defensores de derechos humanos y todo aquel que represente una amenaza o tenga alguna expresión crítica en contra de su desgobierno.
La constante violencia del Estado-nación de Nicaragua en contra de su población, la cual desde el 2018 se encuentra en una sublevación civil que explotó en el mes de abril de ese año, se vive de diversas maneras y de forma selectiva de acuerdo con posiciones de clase social, género, raza y ubicación geográfica.


Por un lado, en la región del Pacífico del país, muchas personas opositoras han sido víctimas de encarcelamiento y se les ha dado un trato desigual ante la ley. Así pues, la población civil en los principales centros urbanos se ha visto reprimida, lo mismo ocurre con miembros de los algunos partidos políticos y parte del sector empresarial. Por otro lado, en las regiones autónomas de la Costa Caribe, el genocidio a las poblaciones indígenas y étnicas del país impera de forma impune. Esta situación tiene como agravante un silenciamiento atroz y una menor difusión de la problemática en las noticias sobre Nicaragua que hegemónicamente aparecen en medios de comunicación. En el sector campesino, la represión se agudiza y está marcada por la muerte, y las desapariciones que llevan a la clandestinidad.


Como se ha visto en distintos escenarios a nivel mundial, las reacciones a los crímenes de Estado cambian según el ‘valor’ social y cultural del grupo perjudicado. En este caso, la muerte y la violencia se normalizan cuando las víctimas son los grupos históricamente oprimidos del Abya Yala, el nombre de los pueblos originarios del continente a lo cual el conquistador ha llamado Américas.


En las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua, donde se concentra la mayor población de personas indígenas y afrodescendientes, la resistencia a las distintas violaciones de los derechos y a la represión no inició en abril del 2018, ni se da exclusivamente con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ha sido principalmente el Estado-nación el gran enemigo que amenaza las vidas, cultura y territorios ancestrales de estas poblaciones. Sin duda, como muchos y muchas han opinado, en el gobierno actual han sentido una escalada de represión; sin embargo, esta ha sido una constante a lo largo de su historia, tal es el caso de los pueblos de la Moskitia.
En la última década, dicha población se ha visto amenazada por megaproyectos, como el Gran Canal Interoceánico o la Hidroeléctrica Tumarin. En ese sentido, han recibido ataques constantes de colonos armados que invaden sus comunidades, principalmente en el Caribe Norte, donde se asesinan, secuestran y torturan personas de los pueblos Miskitu y Mayangna.


En la represión del mes de junio de 2021, mientras en el Pacífico fue encarcelado un grupo de personas vinculadas a partidos políticos, precandidatos y una precandidata a la presidencia, simultáneamente fueron asesinadas varias personas del pueblo Miskitu. Lo anterior provocó que este pueblo indígena, junto con el pueblo Mayangna, dirigieran una carta a la OEA para solicitar apoyo internacional a fin de detener la masacre que viven sus comunidades. Tales hechos no tuvieron gran resonancia en medios de comunicación nacionales e internacionales, pues como afirma una gran líder Miskitu: “En el caribe no recetan cárcel, solo plomo”.


Si la constante violencia que se vive en Nicaragua, en sus distintas formas, hoy puede ser apuntada como algo específico de un realismo circunstancial de gobierno, también es la realidad general y fundamental del Estado- nación moderno/colonial.


Desde la colonización se da un apagamiento de las agencias sociopolíticas y de las cosmovisiones de pueblos tradicionales y comunitarios centroamericanos, negadas por la modernidad y silenciadas por el colonialismo, el extractivismo y las disputas geopolíticas, que hoy expresan de forma radical su impronta en los grupos de poder y en un gobierno ilegítimo en Nicaragua.


Los Estados nacionales, funcionales tanto al orden capitalista/neoliberal como para las experiencias socialistas y progresistas, se fundan en una noción de soberanía posmedieval europea, moderna/colonial, presentada como universal. Esta vieja fórmula de ordenamiento socioterritorial y político es, al mismo tiempo, la utilizada por la producción extractivista de bienes comunes y de bien público, que profundiza la visión productivista estatal-empresarial del desarrollo. Un extractivismo que, en las últimas tres décadas, se ha convertido en orden sociopolítico y de “desarrollo” en toda América Central.

Durante los años ochenta del siglo pasado, el programa de la revolución sandinista trajo una dimensión nacional inédita, con lo cual se buscaba incorporar la complejidad de la historia y de la constitución étnica de las poblaciones costeñas, incluso, pronto fue elaborada una política para el Atlántico. Sin embargo, tomando como marco el caso de la Moskitia, creemos que aquella primera fase del régimen sandinista tuvo un papel sui géneris en la profundización de los debates sobre identidades y nacionalismos en Centroamérica, porque resaltó profundas discrepancias de las respectivas historicidades entre dos espacios culturalmente diferenciados, en un territorio marcado por una larga disputa entre potencias imperialistas de España e Inglaterra, principalmente.


Hoy en Nicaragua es vigente un “danielismo” – una especie de versión del sandinismo en el retorno de Daniel Ortega a la Presidencia de Nicaragua en 2006 –, donde la estructura de poder, basada en los antiguos valores del sandinismo revolucionario de los setenta y ochenta, se fue convirtiendo en un modelo similar a la dinastía de la familia Somoza que, por más de cuatro décadas, gobernó al país bajo una dictadura hereditaria.


La actual crisis sociopolítica en Nicaragua es un reflejo de una crisis sistémica mayor, característica de los países del mundo colonizado. Por eso consideramos pertinente repudiar y denunciar con fuerza las represiones y crímenes de Estado cometidos por el gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. También creemos fundamental enmarcar que el Estado-nación per se es un modelo político moderno/colonial cuyo modus operandi históricamente ha derivado en gobiernos represores por toda América Latina.


Condenamos las represiones de Estado en Nicaragua y también invitamos a reactivar nuestras reflexiones sobre la relevancia de la condición comunitaria para la vida y la existencia social en ese país y en todos los territorios de Abya Yala.


Resistir es repensar la política y la vida, no es solo soportar, ni denunciar, o condenar, sino construir algo nuevo.

  • O Istmo es una articulación centroamericanista entre académicos, artistas y activistas de diversos colectivos, movimientos, universidades e institutos en todo el continente americano. Se trata de una movilización política-intelectual transdisciplinar que a través de labor colaborativa y coordinada actúa en cuanto una organización catalizadora de temas exclusivamente centroamericanos en: A) contenidos editoriales académicos y literarios; B) información, noticias, análisis y conexiones sociopolíticas; y C) manifestaciones y realizaciones culturales. Catalizamos las expresiones y luchas de los pueblos de los territorios ístmicos, comprometidos con transformaciones sociales emancipadoras, que conforman el espacio humano y político que conocemos como América Central.

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