La lucha anticanal: verdadero antecedente de la actual Nicaragua sublevada

Imagen de portada: “No al Canal” – Detalle en Grafitti en un muro de las calles de Bluefields, RACCS, Nicaragua (Aleksander Aguilar, enero 2018)

*Por Aleksander Aguilar Antunes

En distintos momentos entre agosto de 2017 y febrero de 2018, mientras vivía en Costa Rica como investigador del programa postdoctoral `Pueblos en Movimiento`, de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), estuve en las ciudades de Managua y de Bluefields, la capital y la costa caribe de Nicaragua, respectivamente. Ahí pude hablar, entrevistar, recolectar datos y establecer lazos de amistad y de trabajo con intelectuales, activistas, abogados, líderes y lideresas comunitarios y de ong´s del país sobre varias cuestiones alrededor de las temáticas que involucran la investigación de la cual estábamos a cargo; ‘Territorios, identidades y canales – pueblos centroamericanos entre la cosmopolítica y la geopolítica[1]’, y que está rápidamente resumida en este texto.

En los territorios de las emblemáticas regiones autónomas de la zona Atlántica de Nicaragua mi aterrizaje era inédito, y luego en la llegada al pequeñísimo aeropuerto de Bluefields me di cuenta del clima de desconfianza y tensión que ha estado caracterizando la zona – actualmente con intensa violencia – y que de diferentes modos atraviesa también toda su historia.

Tomado por periodista o efectivamente por investigador, animosamente fui llevado a un lado para detalladas y sospechosas preguntas y revisión de equipaje, y ya enterado de que tal clima se podría manifestar – al haber tenido la oportunidad de discutir previamente el tema en Costa Rica con los autores del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Nicaragua’s Inter-Oceanic Canal Project: Report on the Lack of Consultation with the Rama and Kriol Peoples[2] – fui preparado con la versión de turista.

Más tarde, al encontrarme en una panadería en el centro de Bluefields para la primera conversación, con Dolene Miller, asesora técnica del Gobierno Comunal Creole de Bluefields (GCCB) y de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), noté durante los primeros minutos de plática que ella estaba inquieta y mirando con frecuencia a un hombre que se había sentado en la mesa al lado, con un teléfono discretamente volteado hacia nosotros.

Como ya sabía de qué se trataba, con tan solo mirarnos decidimos movernos para otro sitio. Al llegar a su despacho le conté lo ocurrido también en el aeropuerto y este fue su comentario:

Si, estamos bajo vigilancia. Es demasiado. Y te cuento que para nosotros ha sido una lástima que tengamos que llegar a este nivel, nunca pensé que Nicaragua iba a retroceder en el proceso. Lo que si te aconsejo es que por el simple hecho de que te hicieron esas preguntas, si tienes cámara o cosas así, hay que tener mucho cuidado. A lo mejor el chip del teléfono hay que guardarlo y todo lo de las fotos. respaldar toda información que podas tener, de cualquier conversación (D. Miller. comunicación personal, 9 de enero de 2018).

Así, sin imaginar la gravedad de lo que tres meses después de aquella entrevista iba a pasar en Nicaragua, tuve un primer avance en la comprensión del terreno en que trabajaba, que se ha ocupado de relacionar el análisis de los impactos y consecuencias, locales e internacionales, del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN) con las agencias sociopolíticas y cosmovisiones de pueblos tradicionales y comunitarios centroamericanos – esas que históricamente han sido negadas por la modernidad europea, silenciadas por el colonialismo y aun ignoradas en las prácticas políticas hegemónicas vigentes, principalmente en las disputas geopolíticas.

Por eso la pregunta que importa con relación a la densidad del debate nacional, regional e internacional sobre el GCIN no es si este llegará a concretarse, porque más bien se encaja como otra “fantasía interoceánica” (Wilson y Bayón, 2016[3]), dado que, entre otros graves factores, es un discurso político que acompaña la propia constitución y consolidación del estado nicaragüense (y transversalmente de la propia región centroamericana). A estas alturas ni mismo son las especulaciones sobre su viabilidad técnica, ambiental o económica lo que más importa responder.

Los cuestionamientos y análisis más pertinentes dicen respecto a los efectos ya existentes en los territorios por donde está diseñado el proyecto del canal; sobre la enorme trama – y trampa – sociopolítica que su articulación involucra y genera en favor de ciertos grupos de poder que en Nicaragua representan o incorporan el Estado. El proyecto GCIN ha estado provocando enormes desconfianzas, rechazos, conflictividades y movimientos a su alrededor, en específico, y sobre los paradigmas de desarrollo, en general.

Por lo tanto,  mi trabajo tuvo como objeto las consecuencias sociopolíticas en Nicaragua, y por ende em toda América Central, a partir de los movimientos y organización de acción colectiva desatados con el marco de concesión de su construcción y exploración del canal, denunciado como forzosamente instaurado: la ley 840/2013[4], o `ley canalera`, además de haber generado el estallido para la articulación de un poderoso movimiento campesino renovado – que por ende ha sido cardinal para la generalización de la sublevación nicaragüense desatada por los estudiantes universitarios del país en abril de 2018 – ha afectado em particular los pueblos Rama-Kriol de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Sur del Atlántico Nicaragüense (RACCS). Ha otorgado concesión de derechos de uso de 52% de sus tierras, históricamente reclamadas y con base en la legislación 445/2003[5] (Acosta, 2017[6]) para la presunta construcción del GCIN a una enigmática empresa china.

Para una de las lideresas del pueblo Rama y abogada Becky McCray (comunicación personal, 10 enero 2018) “ese es el punto fuerte para iniciar la discusión sobre el GCIN. El objetivo de esta ley es usurpar tierra, las tierras comunales”.

Las reflexiones críticas sobre tales temáticas, que son parte fundamentales de los extensos factores que trazaron la ruta política que desde por lo menos julio de 2018 conlleva Nicaragua al borde de una guerra civil[7], comprenden no solo al desafío de replanteamientos conceptuales sobre visiones de desarrollo en todas sus versiones y modalidades que son, presuntamente, éticos y políticamente correctos (humano, sostenible, verde, ciudadano, etc), sino a adensar la problematización sobre el Estado-nación en cuanto ente regulador de los ordenamientos políticos de la vida social de los pueblos.

En ese contexto, es particularmente relevante destacar un comentario que me ha confiado María Luisa Acosta, activista nicaragüense, abogada de derechos humanos, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), con casi tres décadas de asistencia legal y luchas política con los pueblos indígenas y afrodescendientes de costa caribe del país y una de las responsables por el paradigmático caso Agws Tani[8]. Cuando, también tres meses antes que se desatara la presente sublevación en el país, le hice una larga entrevista en Managua y, entre otras, la siguiente directa pregunta:

¿Cree usted que es posible realmente derogar la ley 840/2013?

Si, es posible. En la medida que se debilite este gobierno. Y no solo este gobierno, sino también el sector privado interesado que ya se siente dueño de la tercera parte de Nicaragua, respaldado por esa ley que dice que pueden hacer lo que quieran ahí. Esa ley canalera es un instrumento de corrupción, una concesión de Ortega para Ortega, para la propia familia.  Yo nunca he sido sandinista, pero a mi me ofende que este gobierno se trate de llamar sandinista. Esto no es ni gobierno, es un sultanato. Aquí la normativa jurídica no vale nada, por eso apelamos a la normativa internacional en nuestras luchas. Sin embargo, personalmente, creo que estamos en el principio del fin, o de un cambio bien grande en el régimen político de este país. Porque el gobierno ahora está débil, y amenazado por el Nica Act[9]. La gente aquí en Nicaragua no está pasiva, pero tampoco es tonta, ya no fueron a votar en las últimas elecciones. A Daniel lo veo igualito que Somoza, lo que complica la cosa (M. L. Acosta, comunicación personal, 13 de enero de 2018).

Aunque hasta la fecha la ley canalera seguía vigente, ese comentario de Acosta tiene mucho de atinado y algo de revelador, considerando la gravedad de la actual realidad sociopolítica nicaragüense en desarrollo.

A través del trabajo realizado con ALAS, lo que juzgo ser mi aporte a esa reflexión es la comprensión de que si el incendio en la reserva Indio y Maíz[10] fue la chispa que detonó el estallido social del 19 de abril, –  dado que el saldo para  Daniel Ortega han sido las amplias críticas sufridas por la mala gestión de su gobierno ante aquella catástrofe ambiental centroamericana – la organización de los pueblos en el movimiento anticanal fue el combustible que ha inflamado el tejido social del país desde 2014 hasta empaparlo lo suficiente para que la reacción explosiva ocurriera en 2018.

Más de 90 marchas nacionales y varias decenas de recursos judiciales en cuatro años de protesta y denuncias de acaparamiento de tierras comunales y perdida de modos de vida y culturas ancestrales han puesto el sandinismo-orteguista como el punto final de la ruta de aquel fuego que, al alastrarse a través del incendio que consumió grande parte de aquella importante área ecológica del caribe nicaragüense, tuvo sus llamas levantadas por el poderoso soplo estudiantil cuando del intento del gobierno de reforma del seguro social.

Fue así como ese ardor llegó a quemar otros árboles, los polémicos ‘arboles de la vida’[11] (o ‘arbolatas’, o ‘chayopalos’) por toda Managua, como el símbolo de la presente indignación y revuelta social.

Es de ahí que entendemos que los conflictos oriundos y alrededor del proyecto del GCIN, por su dimensión, ambición, efectos y actualidad, ilustran y facilitan esos debates par excelence, y se convierten en el anclaje empírico más adecuado de tales problemas y polémicas, es decir, de la conflictividad de la relación identidades/territorios/nacionalismos en la región centroamericana, en general, y del régimen de gobierno de la familia Ortega-Murillo en el Estado nicaragüense, en particular.

Es así como, en ese espíritu, creemos que las reflexiones sobre todo esto – sistematizadas en el libro América Latina y sus pueblos en movimiento (2018), editado con los trabajos del programa de investigación de ALAS ‘Pueblos en Movimiento, que será lanzado en Costa Rica y Panamá entre el 9 y 14 del próximo octubre –  también posibilitan la ampliación de voces de contestación, desde los territorios afectados, a los actuales procesos geopolíticos de grande impacto en la región: los idiosincráticos proyectos ístmicos-canaleros centroamericanos que, por la acción misma de pueblos en movimiento cada vez más articulados, se encuentran con conflictos y resistencias.

 

  • De nacionalidades brasileña y salvadoreña, Aleksander Aguilar Antunes es doctor en Ciencias Políticas, máster en Estudios Internacionales, licenciado en Comunicación Social y en Lingüística. Su trabajo es conducido de forma transdisciplinar en la interface de las áreas de Relaciones Internacionales, Antropología Política y Estudios Culturales. Es miembro del Grupo de Trabajo “El istmo centroamericano repensando los centros: subjetividades, narrativas y geopolíticas” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), co-fundador y actual editor de la plataforma centroamericanista ‘O Istmo’ (oistmo.com).

 

[1] Quiero y necesito agradecer enormemente a las/los colegas, a las/los activistas/, a las/los intelectuales, a las compañeras y a los compañeros de Nicaragua, de otras partes de Centroamérica y del mundo y especialmente de la Costa Caribe de la zona Atlántica nicaragüense con quienes pude fundamentalmente contar para este trabajo y en varios casos admiré y desarrollamos amistad como: Donald Mendez Quintana, Mário Sánchez, Dolene Miller, Selvano Ervin Hodgson, Becky McCray, Maria Luisa Acosta, Nick Middeldorp, Marcos Guevara Berger, y Denia Román Solano. También a las colegas Paula Sofia Ayala (special thanks, cipota!), Rosemary Giron, Nancy Benitez por su amabilidad y capacidad en colaborar con las transcripciones. Y a todas y todos los demás que han dispuesto de su tiempo para las entrevistas como Constantino Urcuyo, Manuel Ortega Hegg, Monica Lopez Baltodano también mis sinceros agradecimientos. En diferentes formas y en distintos grados de atención e intermediación su apoyo ha sido fundamental para la producción de este texto. ¡Muchas Gracias!

[2] En ese documento (2017) los autores hacen nota de que han optado por no revelar sus nombres, dado la existencia de denuncias de deportaciones o negación de entrada a Nicaragua de investigadores internacionales sobre el tema del canal y asociados a derechos humanos.

[3] Wilson, J, y Bayón, M. (2016). Fantasias interoceánicas y lo real del capital: el corredor Manta-Manaos en Ecuador. Ecologia Politica – Cuadernos de debate internacional, (51) 28-36.

[4] Ley 840: Ley Especial para para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas

[5]  Ley 445: Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.  En La Gaceta (16), 23 de enero de 2003.

[6] Acosta, M. L. (2017). El título del territorio de los creoles de Bluefields y el gran canal interoceánico por Nicaragua. Cuaderno Jurídico y Político, 2 (8), Universidad Politécnica de Nicaragua, 05-24.

[7] “La insurrección de la conciencia que estalló en abril sigue viva. En las calles continúan las movilizaciones. Y las carreteras permanecen bloqueadas por tranques. Todos exigen lo mismo: justicia y democracia. El régimen Ortega-Murillo responde con represión al imprevisto vuelco político que los ha convertido en minoría y les pide la renuncia. En el terreno internacional, en la OEA específicamente, comienza a existir conciencia de lo que ha pasado, de lo que está pasando, y de lo que podría pasar en Nicaragua de prolongarse la crisis”. Equipo Envío. (Julio 2018, número 435). `Un régimen acorralado que dispara contra una revolución cívica`. Envío. Recuperado de  http://www.envio.org.ni/articulo/5490

[8] Awas Tingni es una comunidad indigena Mayana de menos de tres mil personas en la costa de la Miskita. En 2001 ese pueblo ganó un caso de demarcación de tierras contra el Estado de Nicaragua en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se ha hecho emblemático de las disputas territoriales en América Latina. En Nicaragua, esa victoria ha dado paso a la elaboración de la más importante legislación de tierras indígenas en el país, la ley 445/2003. La documentación completa sobre este paradigmático caso se encuentra disponible en el website de CALPI: https://www.calpi-nicaragua.org/

[9] El llamado Nica Act” (Nicaraguan Investment Conditionality Act) es un proyecto de ley presentado por congresistas estadunidenses que determina que el presidente de los Estados Unidos vete a préstamos de instituciones internacionales, incluyendo el Banco Mundial, que podrían beneficiar a Nicaragua hasta que el país pueda comprobar que su gobierno ha estado tomando medidas de combate a la corrupción y de promoción de democracia. Analistas como John Perry (2018) consideran que eso demuestra que Nicaragua otra vez ha tenido que enfrentarse a la renovada hostilidad de Estados Unidos, aunque mucho más suave en las formas que de la que fue objeto durante la guerra de ‘La Contra’ en los años 1980.

[10] Durante diez días de 2018 un incendio que comenzó el 3 de abril quemó el área ecológica mejor conservada de Nicaragua, en donde se han registrado los más altos índices de la diversidad biológica de toda Centroamérica y que constituye 3,157 kilómetros cuadrados de las tres zonas que componen el núcleo de la Reserva de Biosfera Río San Juan. Los orígenes del fuego son denunciados como provocados por personas que invadieron la reserva y realizan quemas sin ningún tipo de control. A partir de las críticas en contra al gobierno Daniel Ortega por la falta de capacidades en manejar el problema, los jóvenes universitarios autoconvocados salieron a las calles, de donde se desató protestas masivas nacionales.

[11] “Los ‘árboles de la vida’ son enormes estructuras metálicas de entre 15 y 20 metros de altura, formas estilizadas, multicolores e iluminadas que dominan el panorama citadino y están asociadas con el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Existen por iniciativa y orden de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, cuya visión conceptual de ocupar el espacio público con símbolos de tinte político y seudoesotérico ha generado varias críticas, principalmente por el costo del proyecto”. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43879739

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