Es un largo proceso acumulativo de fuerzas y presiones sociales, como resulta obvio, que comienza ya desde 2008, con los primeros conflictos electorales de la administración Ortega (inició en 2007) y la anulación de las personerías jurídicas de dos partidos políticos opositores, y continúa con decisiones oficiales como la concesión canalera a un empresario chino (2012), la reglamentación a la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres (2014), que limitaba el alcance de esta, etcétera; sumado a intentos de organización juvenil opositores desarticulados a veces por la fuerza por el oficialismo y a movimientos sociales como el de los jubilados (que en 2013 generó un conflicto de una semana en Managua al ocupar la sede del Seguro Social y recibir inmediatamente el respaldo de jóvenes de sectores de clase media, media alta) o el de los campesinos anticanal o el de mujeres opuestas a prácticas misóginas.

Esta crisis podría comenzarse a narrar, sin embargo, desde los primeros días de abril de 2018, cuando se declaró un incendio en la reserva natural Indio Maíz, al sur del territorio nicaragüense. La situación duró una semana y durante esos días hubo protestas principalmente por parte de universitarios de Managua por la supuesta indolencia del Gobierno y su alegada gestión deficiente del problema. Estas manifestaciones públicas fueron reprimidas por esa fórmula de fuerza no policial (los grupos pro-FSLN: Juventud Sandinista, JS, y otros) sumada a vigilancia policial selectiva que ya había usado antes el Estado en otras situaciones similares. Los jóvenes esa vez crean la etiqueta en redes sociales #SOSIndioMaíz (en 2013 había sido enarbolada #OcupaINSS como bandera de lucha en la protesta de los jubilados antes mencionada).

Apenas unos días después de controlado el incendio se anuncian las reformas al reglamento de la ley del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) que ya llevaba varios años en crisis (según expertos, tanto como décadas), un rescate por el cual había estado presionando el Fondo Monetario Internacional, FMI. Las reformas (hechas unilateralmente por el Estado) no eran exactamente malas ni exactamente fondomonetaristas (iba a cobrarse más a quienes ganaban más, por ejemplo, algo inédito en el país), pero una de las medidas que tiene que ver con las pensiones (los jubilados iban a contribuir con el 5 %) se toma como bandera de lucha y se crea entonces el #SOSINSS, mientras otra vez jóvenes salen a las calles, pero en esta ocasión la reacción oficial u oficialista (violenta, claro) crea mayor indignación; al día siguiente se suman los estudiantes de varias universidades desde sus recintos y la violencia oficial escala.

Luego hay un efecto dominó en varios estratos sociales provocado mayormente por la forma en que el Estado manejó los primeros estadios de la crisis.

“Dictadura” de “izquierda”. ¿Qué tanto embona cada término —si es que lo hace— con el gobierno de Ortega y por qué?

La forma de gobernar de Ortega ha sido cada vez menos abierta a las divergencias, poco a poco acumulando más y más poder en torno a su figura y eliminando o pervirtiendo a la oposición formal. Pero no es algo que haya hecho sin ciertos grados de permisividad o hasta en algunos casos complicidad por parte de sectores importantes del engranaje social nicaragüense como la empresa privada, las iglesias, y figuras políticas antes opositoras, además de —por supuesto— amplios sectores de la academia, la intelectualidad, los gremios obreros (o más bien sus líderes)… En cierto modo pareciera que una parte del país lo hubiera habilitado como dictador, convencido quizá de que necesitaba “mano dura” para llevar las riendas, para mantener la seguridad, para salir de la pobreza.

Es verdad que en 2007 llegó a la Presidencia por una combinación de factores que fueron desde la torpeza de la oposición hasta el arreglo antes mencionado con el PLC, producto del cual el porcentaje mínimo de votos para ganar en primera vuelta se redujo. Pero lo cierto es que en general la ciudadanía se había mantenido pasiva y paciente frente a un proyecto político que de lejos podía notarse hacia dónde iba. Esta paciencia y aparente pasividad de la población podría explicarse en gran medida por la carencia de un proyecto político y de nación alternativo, opositor, que fuera coherente con la realidad y sedujera a las personas desde sus problemáticas cotidianas. Así, el grueso de la sociedad fue, por lo menos, permisivo o pasivo, o acomodaticio. Las pocas élites que elevaron la voz fueron siendo desactivadas como actores políticos y, carentes de base social real y musculosa, nadie las defendió.

Hay que decir también que, al menos hasta principios de este 2018, el presidente Ortega cogobernó en la práctica con los sectores empresariales más importantes del país -aglutinados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) el visto bueno de organismos como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el respaldo de la Iglesia católica. Hay un quiebre en esas alianzas en algún momento de principios de este año. Y tiene que ver, entre otras cosas, con la crisis del INSS; la solución propuesta por el FMI no fue acogida por el Estado de Nicaragua; los empresarios del Cosep tenían también por su lado propuestas que el Estado terminó rechazando. La reforma al sistema de seguridad social fue, por tanto, emprendida sin ese ya acostumbrado respaldo empresarial.

De modo que no es totalmente exacto decir que su modo de gobierno fuera ya el de una dictadura (en el sentido totalitario del término), aunque es claro que no está demasiado lejos de convertirse en una. Y es innegable que ha sido hasta ahora un gobierno de élites (nuevas y viejas, en matrimonio precario).

Luego, hay que tener mucha imaginación para ver en el proyecto político del FSLN una ruta hacia el socialismo. O hacia un sistema alternativo al capitalismo. Podría alegarse que las alianzas con los capitales nacionales y transnacionales, el modelo extractivista en beneficio de esos mismos capitales, los tratos con el FMI, son solamente estadios necesarios, aunque incómodos, de ese camino a “otro mundo posible”. Y efectivamente el FSLN a través de su dirigencia ha emprendido un proceso de acumulación de capital que pone hasta cierto punto en riesgo al capital nacional tradicional. Pero de ahí a decir que los medios de producción están pasando a manos no-privadas, a la colectividad, hay, por lo menos hasta hoy, un abismo. Podría aceptarse que el proyecto del FSLN genera perturbaciones en la economía de corte capitalista (con todavía muchos resabios feudales) de Nicaragua, pero hasta ahora lo que se observa es un viaje hacia “otro capitalismo posible”.

Grupos de estudiantes, organizaciones campesinas, representantes del sector empresarial: las protestas parecen involucrar a sectores muy distintos de la sociedad civil nicaragüense. ¿De qué nos habla una composición tan variada? En juego está una variedad de intereses: ¿cuáles? ¿Existe el riesgo de una manipulación de los descontentos?

Lo variado de la composición social de los sectores que protestan contra el Gobierno de Ortega habla, creo, de un abordaje equivocado de la realidad por parte del FSLN. La dirigencia de este partido ha descoyuntado un entramado social de por sí complejo con prácticas como exigir el visto bueno del representante del partido en el barrio de una persona que quiere pedir empleo en el Estado, o la política de tolerancia cero hacia cualquier disenso, interno o externo, o la total ausencia del mandatario en cualquier escenario que no esté cien por ciento controlado por su partido (a este respecto hay que señalar que el inicio del llamado “diálogo” para buscar una solución a la crisis, mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, órgano rector de la Iglesia católica en este país, y que contó con la presencia de Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, significó un quiebre inédito y hasta hace poco impensable de esa manera de gobernar de espaldas al pueblo).

Este descoyuntamiento en la relación Población-Estado ha tenido un efecto, me parece, de falta de entendimiento mutuo y, en el caso del Estado, que está en ventaja en ese binomio de poder, de desprecio hacia “otros” pensamientos. Es claro que el FSLN posee o había poseído hasta hace poco una base social sólida y leal (calculada tradicionalmente en torno al 38 % de la población nacional), pero los sectores sociales fuera de ese núcleo habrían experimentado durante la última década una relativa exclusión de la vida política nicaragüense.

Esto explicaría solo parcialmente la realidad, sin embargo. La población estudiantil, sectores como los pequeños comerciantes y los habitantes de algunos barrios populares, así como también el movimiento campesino, están en otro lado de la situación si se los compara con los sectores de la empresa privada que han adversado abiertamente el último mes al Gobierno (luego de ser sus aliados) e, incluso, los sectores de la clase media alta, la pequeña burguesía urbana, o la propia Iglesia católica. Cada uno de estos últimos grupos tiene sus propios intereses, como es natural suponer, y aun dentro del estudiantado hay quien lucha por el respeto a la autonomía de su institución o la limpieza de su dirigencia, sin tocar directamente el asunto toral de la cuestión: la legitimidad o no de un Estado en abierta pugna con parte de su población.

Qué intereses están en juego es una pregunta que por el momento tiene tantas respuestas como rostros tiene la oposición. A dos meses de distancia la realidad sigue siendo esa, aunque varios resultados que parecían posibles en aquel momento se han ido anulando. El resultado de esto es, por supuesto, una situación de riesgo de que cualquier interés pueda aprovechar las energías totalmente legítimas de los sectores de la población en rebeldía para conseguir un resultado favorable a sí mismo. Si se fuerza una salida del poder del FSLN, ¿qué vendrá después? Es una pregunta que nadie quiere plantearse seriamente en Nicaragua. Elecciones, dicen algunos, cada vez más. Quizá en estas cabezas haya una apertura democrática y tal vez, tal vez, un clima menos agresivo hacia los disensos; pero en esencia se percibe que estos sectores (ligados, cómo no, al gran capital nacional) quisieran cambiarlo todo para que todo, oh Lampedusa, permanezca igual.

Nicaragua ha sido considerada como el país más pacífico de Centroamérica (me refiero en particular a la parte norte de la región). Tras el oleaje de protestas, ha empezado a subir a flote la presencia de prácticas represivas y de un control social bastante rígido operado por el Estado. ¿Nos podrías explicar qué tipo de represión existe en el país?

La información que poseo proviene de fuentes en el terreno, pero no puedo señalar directamente a un responsable por todo lo que ha pasado durante este mes en Nicaragua. Por parte del Estado hay indicios o evidencias que lo colocan en una situación violatoria a derechos básicos de sus ciudadanos. No puede haber duda, por ejemplo, de su responsabilidad en la negativa por parte de hospitales públicos a atender heridos durante los primeros días de protesta; o la obligación a firmar documentos hacia los familiares de los muertos cuando retiraban sus cadáveres de la morgue del Estado (documentos en los que declinaban cualquier exigencia futura a una autopsia); o las innegables campañas de desinformación que usando los medios de comunicación afines al FSLN emprendió el Estado; o el uso de la fuerza pública, la Policía Nacional en este caso, como apoyo a sus grupos de choque partidarios (hay videos de patrullas policiales llevando piedras para que jóvenes se enfrenten a los manifestantes, entre otra evidencia); o el uso de esta misma fuerza pública para decomisar víveres haciendo requisas a pobladores que hacían compras los días posteriores al inicio de las protestas (policías entraban a supermercados y revisaban las compras de los pobladores, o detenían vehículos particulares para quitarles productos como agua o enlatados; de estas prácticas hay también evidencia); o el uso desproporcionado de la fuerza por parte de esa misma institución pública, la Policía Nacional, que también aparece en fotos y videos disparando contra unos manifestantes que no portan armas de fuego; o la manera en que los primeros manifestantes presos fueron liberados, dejándolos en distintos puntos de Managua y no entregándolos formalmente en las comisarías.

Paz y Poder. Dos palabras, dos conceptos, muy pronunciados a lo largo de este último mes. Más allá de la zozobra actual y, enfocándonos en aquella perpetua: ¿qué matices crees sea necesario identificar en cada uno de estos conceptos cuando pensamos en Nicaragua?

Guerras y catástrofes naturales han marcado la historia nicaragüense desde el inicio de su vida independiente. Con los acuerdos de paz y los procesos que se derivaron de ellos a fines de los ochenta e inicios de los noventa del siglo XX, la idea de la paz ha sido una constante en el pensamiento político y en la conciencia colectiva nicaragüenses: se considera el haber alcanzado el cese de todo conflicto armado un éxito en la vida política nacional. Esta manera de entender la paz es, sin embargo, insuficiente para consolidar una convivencia verdaderamente pacífica. Hay quienes han señalado, por ejemplo, la urgencia de sanar heridas derivadas de los últimos conflictos, cuyas víctimas se calcula que rondan los cincuenta mil muertos. Las políticas oficiales en cuanto a la memoria histórica, el enjuiciamiento por crímenes de guerra, la sanación de traumas de guerra, e incluso de duelo nacional por estas pérdidas han sido desde la llamada “transición hacia la democracia” en los años noventa nulas o insuficientes.

Esa es una de las consideraciones a tomar en cuenta cuando se habla de paz desde Nicaragua. Que su concepto es en gran medida reduccionista y que deja de lado aspectos esenciales de la convivencia social. Y que, además, ha sido instrumentalizada políticamente por el FSLN para llegar al poder y mantenerlo. Uno de sus lemas de campaña en 2006, que se mantuvo como una idea fija durante gran parte de sus sucesivas administraciones desde entonces, es “Queremos trabajo y paz”, que ha ido a la par de la de “reconciliación”. La recurrencia a la necesidad de trabajo (de sobrevivencia) de la mayoría de la población nicaragüense, por ejemplo al salir el presidente Ortega en cadena nacional con representantes del capital transnacional en Nicaragua con inversiones en zonas francas (su segunda alocución pública desde el estallido de las protestas en abril), es sintomático de la forma en que el otro concepto que se ha querido casar a la fuerza con este, el de la paz, es manejado por el poder nicaragüense: si la economía va bien y la gente tiene que comer, aunque sea a costa de ser explotada laboralmente, (más la ausencia de conflicto armado) entonces puede decirse que tenemos paz. Este pareciera ser el mensaje.

En cuanto al poder en Nicaragua, este ha tendido a ser omnímodo, y no es algo que hayan provocado el FSLN o Daniel Ortega. La forma en que se concibe el poder desde la cultura política nicaragüense ha tendido a lo largo de su historia a que este se ejerza de manera totalizadora, e incluso a veces totalitaria. Las razones de que esto sea así quizá habría que buscarlas en la organización social impuesta en tiempos coloniales y mantenida en esencia tras la declaración de independencia.

 Otro aspecto que se menciona bastante con respecto al gobierno es que está desconectado del pueblo. ¿Cómo se ha llegado a esta distancia y en qué manera afecta a la población más joven? ¿Es una distancia que existe puramente con respecto al presente gabinete o abarca “la política” de manera más generalizada?

Mi percepción de la vida pública nicaragüense es que sufre de un estado generalizado de liderazgos fallidos. Hay un descoyuntamiento intergeneracional producto quizá de los años de conflagración armada en el país. Las personas nacidas a partir de 1979 parecieran tener en general cierta desconfianza hacia las que nacieron treinta años —o poco más— antes. A esto le sumaría esa suerte de generación perdida de personas nacidas mayormente en la década de 1960 e inicios de la siguiente, padres en algunos casos de aquellos jóvenes que mencionaba al principio, cuya vida ciudadana iniciaba cuando el FSLN retornó al poder en 2007, generación aquella, la nacida entre 1960 y mediados de los setenta, que ofrendó además la mayor parte de esas cincuenta mil vidas en nombre de una revolución que algunos durante los años noventa llamaban perdida y otros, menos románticos, traicionada.

Ha sido apenas en torno al año 2000 que los diálogos intergeneracionales se han vuelto más orgánicos, menos artificiales; ha sido un proceso paulatino, pero es posible decir que hoy en día se cuenta ya con una juventud —gente nacida a fines de los noventa e inicios de los dos mil— que recibió muchas de sus percepciones del mundo directamente de la generación anterior, y que hay una continuidad en ese sentido. Son, por supuesto, hipótesis surgidas de mi subjetividad. Pero es posible hallar elementos empíricos que sustenten por lo menos esa desconexión entre los liderazgos y sus bases. Por parte del Gobierno, por ejemplo, en la existencia de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), una estructura ideada por la hoy vicepresidenta Rosario Murillo desde 2007 que busca servir como una especie de cadena comunicacional en dos direcciones (Gobierno-Pueblo-Gobierno), pero que en la práctica ha sido una pared de separación entre los líderes y la población general, que debe integrarse a un CPC para aspirar a cualquier incidencia real en las decisiones gubernamentales y transmitir su propuesta al responsable de su respectivo consejo, quien a su vez la transmite al nivel superior y así sucesivamente, hasta llegar a las instancias oficiales…

En una entrevista reciente, Amos Oz comenta que estamos viviendo en una época de simplificaciones. De pronto, “simplificación” podría coincidir con “polarización”: ¿qué riesgos derivan si una lectura de este tipo triunfa en el contexto de Nicaragua?

Los riesgos son muy altos, tanto internamente como a nivel regional.

Nicaragua es una realidad multicultural, multilingüe y multiétnica, con aquellos traumas pendientes que te comentaba antes y una identidad nacional en permanente crisis. Para graficarlo de modo sencillo, es quizá pertinente comentar la manera en que muchas personas que viven en el Caribe se refieren a quienes viven del otro lado, en el Pacífico o en la región Centro-Norte de Nicaragua: les dicen “españoles”. La conquista y colonización que hizo la Corona española sobre el territorio nicaragüense hace ya varios siglos no logró llegar hasta la zona caribeña, cuya población originaria sobrevivió con su propia cultura mucho más tiempo que su contraparte al otro lado del país. Si bien la población caribeña es minoritaria en proporción al total nacional, el territorio que les corresponde por herencia histórica cubre algo más de la mitad de la superficie nicaragüense, y es una zona donde se guarda probablemente la mayor riqueza natural del país. En estas realidades duermen problemas mucho más complejos que la actual crisis de poder. Y si una visión maniquea de la realidad, simplista o, como decís vos, polarizada logra imponerse, las mismas bases de la idea de nación estarían en peligro.

Con todo, si lograra resolverse la crisis política actual sin que se despertara alguno de esos otros pendientes históricos, pero se redujera la realidad a dicotomías del tipo sandinismo vs. democracia o populismo vs. república, entonces siento que los caminos que llevaba en años recientes eso que llamamos Latinoamérica se estrecharían, podría imponerse una lectura de las realidades de los países de la región en que no quepa, por ejemplo, ningún proyecto de izquierdas (en plural) o antisistema o altersistema o… en fin, una región en donde habría triunfado la falacia del fin-de-la-historia. Nicaragua nos urge.