Análise: “Ciclo electoral de contrastes en Centroamérica”


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Por Andrés Mora Ramírez*

 

 El inminente desenlace del ciclo político electoral centroamericano 2013-2014, que involucró elecciones presidenciales y legislativas en Honduras, El Salvador y Costa Rica, arroja un primer balance lleno de contrastes para las fuerzas progresistas de la región. Por un lado, son incuestionables los avances relativos en cuanto a la conquistas de cuotas de representación en los parlamentos de los tres países, así como la conformación de gobierno en el poder ejecutivo salvadoreño y, casi con certeza, en el costarricense (este último se definirá en los comicios del 6 de abril). Pero, por otro lado, las agresivas campañas que tuvieron lugar en esta tríada de países, y las condiciones en las que finalmente se obtuvieron los resultados, también dejan un terreno minado e inestable para el desarrollo de la democracia y para la paz en la región, toda vez que han aflorado los fantasmas de un pasado que se creía superado: el anticomunismo, el terror como arma política, el guiño de las oligarquías a los militares, la amenaza golpista y la deslegitimación de las instituciones electorales –en la práctica y en el discurso- por parte de unas derechas que lucen cada vez más desesperadas y menos afectas a las vías democráticas.

Si es posible hablar de un nuevo giro progresista en Centroamérica, como lo han propuesto algunos analistas, este sería más evidente en Honduras y Costa Rica, países en los cuales la izquierda electoral había ocupado, hasta ahora, un papel marginal en la vida política. No obstante, en las elecciones de noviembre y febrero, respectivamente, dos nuevas agrupaciones políticas, surgidas ambas de los complejos escenarios de resistencia y lucha antineoliberal de la última década, obtuvieron resultados históricos.

En Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), liderado por Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya, quebró la tradicional hegemonía de “nacionales” y “liberales”, para convertirse en la principal fuerza de oposición en el Congreso, con 37 diputados (el oficialista Partido Nacional obtuvo 48); mientras que en Costa Rica, el Frente Amplio, con su joven candidato José María Villalta, sacudió el escenario político local y logró la mayor votación de la izquierda desde que se fundó el Partido Comunista en 1931: 17% de los votos para presidente y un total de 9 diputados –en 2010 obtuvo solo uno, Villalta-, lo que lo convierte en la tercera fuerza en la Asamblea Legislativa. A esto debe sumarse también el triunfo en primera ronda del Partido Acción Ciudadana –PAC- (30,6% de los votos presidenciales y 13 diputados), una agrupación que si bien se mueve contradictoriamente entre el centroizquierda y el centroderecha, hoy representa el cambio y el progresismo posibles en la sociedad neoliberal costarricense.

En el caso de El Salvador, el ajustadísimo triunfo del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional (FMLN) en las elecciones presidenciales del pasado domingo 9 de marzo, con una ventaja de menos del 1% de los votos emitidos, si bien da continuidad al proyecto político iniciado con Mauricio Funes, y ratifica al FMLN como actor de primer orden en la política –y geopolítica- centroamericana, lo cierto es que deja un margen de maniobra limitado para el nuevo presidente Salvador Sánchez Cerén. Acertadamente, Sánchez Cerén se apresuró a convocar a un diálogo entre todos los sectores de la sociedad salvadoreña, para resolver lo que algunos califican como una crisis de legitimidad de su mandato.

Precisamente, en las fisuras -reales o construidas política y mediáticamente- que puedan abrirse en torno a la legitimidad de los gobiernos progresistas, como ya lo hemos visto en otros países de nuestra América, es donde radica una de las principales amenazas que penden sobre el horizonte centroamericano.

La persecución sistemática –con total impunidad- de dirigentes políticos y sociales en Honduras; las campañas del terror anticomunista contra los partidos LIBRE, Frente Amplio y FMLN, en las que convergieron los intereses de poderosos grupos económicos y mediáticos, muchos de ellos con negocios transregionales; así como las amenazas y estrategias desplegadas por la derecha para crear escenarios de desestabilización y crisis, revelan el verdadero rostro de unas derechas poco comprometidas con la democracia y que, en la defensa de sus intereses de clase, no temen sabotear los procesos electorales ni dinamitar esa institucionalidad democrática que tanto dicen resguardar del populismo y del castrochavismo (espectros favoritos de los relatos mediáticos y las campañas sucias en la región).

Un síntoma de esa desesperación, y del abanico de recursos espurios a los que apelan oligarquías y partidos de derecha para maniatar las posibilidades de llevar adelante transformaciones de más hondo alcance y de base popular en Centroamérica, lo encontramos en el sorpresivo anuncio que realizó en Costa Rica el candidato Johnny Araya, del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), en el sentido de “renunciar” a hacer campaña para la segunda ronda de votaciones, justificando su decisión en la falta de recursos económicos y en los datos de encuestas que favorecen abrumadoramente al candidato del PAC, Luis Guillermo Solís (con ventajas que superan el 40% en la intención de voto). Aunque la normativa constitucional le impide a los candidatos retirarse de la contienda, la derecha parece apostar por la desmovilización del electorado y el abstencionismo para debilitar la legitimidad de un eventual mandato de Solís, como parte de una maniobra para ocultar su crisis interna y mitigar una derrota de proporciones históricas.

Otro síntoma, mucho más radical, lo vemos en El Salvador, donde la dirigencia del partido ARENA llamó a que sus militantes “defendieran con la vida” un supuesto triunfo que el recuento final de los votos les negó, e incluso abundaron los discursos que apelaban a la violencia y a construir escenarios similares a los que propicia la oposición en Venezuela. Y todo esto, solo unas cuantas horas antes de conmemorarse los 37 años del asesinato del sacerdote jesuita salvadoreño Rutilio Grande (el 12 de marzo de 1977): una de las primeras voces que denunció las injusticias sociales y la represión contra el pueblo que protagonizaron, en los años 1970 y 1980, los mismos poderes fácticos que ahora se proclaman defensores de la democracia…

Sin duda, dos malos presagios.

 

*Andrés Mora Ramírez é Pesquisador do Instituto de Estudios Latinoamericanos e do Centro de Investigación y Docencia en Educación da Universidad Nacional de Costa Rica.

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