*Por: MÓNICA ROJAS VÍQUEZ*

Hace unos días escuchaba con atención la audionovela titulada “Anhelos de libertad, bicentenario de la patria” creada por el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Esta expone las condiciones de las personas privadas de libertad del año 1821 hasta el cumplimiento de los 200 años de independencia del país.

Esta producción artística atraviesa la figura de la pena de muerte, la desgarradora historia de la Isla de los Hombres Solos, los presos políticos y la conocida ‘La Peni’, además, habla sobre el mejoramiento de las condiciones carcelarias en los últimos años mediante las Unidades de Atención Integral (UAI), los Centros Cívicos por la Paz y la construcción de infraestructura en cárceles.

Pasaban los minutos de la audionovela cuando de pronto escuché las siguientes líneas: “Hacia 1830, las personas eran encarceladas en recintos que no reunían las condiciones mínimas, entre estas la manutención de las personas privadas de libertad. -Buen día, sargento. Traje un bizcocho recién hecho para mi esposo que se debe estar muriendo de hambre, el pobre”.

Aunque el escenario del extracto corresponde al contexto carcelario del año 1830, en la actualidad las mujeres familiares de personas privadas de libertad también han asumido actividades o tareas que tienen que ver con los cuidados de sus familiares privados de libertad y de otras personas.

Las mujeres familiares de personas privadas de libertad en el presente costarricense

Estas mujeres conforman la hilera humana en las afueras del complejo penitenciario ‘La Reforma’, o también conocido como Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, allí la madrugada reúne esposas, madres, padres, hermanas, hermanos de distintos lugares y contextos socioeconómicos con la esperanza de encontrarse con su familiar(es), aunque esto signifique ajustar el presupuesto para viajar en autobús o en un colectivo hacia el centro penal, tener que dejar a sus hijos e hijas al cuidado de otras personas, dormir en casas de amigas o pernoctar en las afueras del centro penal.

Los cuidados que realizan las mujeres familiares de personas privadas de libertad se relacionan con la contención emocional en tiempos de incertidumbre como lo ha sido la pandemia por COVID-19, el depósito de dinero para comprar en la pulpería o para mantener condiciones de vida más dignas, la entrega de suplementos de higiene personal y de alimentos preparados y de primera necesidad para mejorar el rancho (comida en los centros penales).

Estas mujeres deben comprar, preparar y empacar los alimentos con anterioridad para introducirlos al centro penal mediante la encomienda o cuando realizan la visita familiar, sin embargo, es muy común que existan problemas en su introducción al centro penal, ya que los alimentos permitidos están contemplados en circulares que constantemente cambian a raíz de que Costa Rica aún no tiene una ley de ejecución de la pena de personas adultas.

Asimismo, tras el ingreso del coronavirus en los centros penales del país, estas mujeres han exigido a las autoridades penitenciarias la mejora en las condiciones carcelarias a través de manifestaciones y de solicitudes formales. De la misma manera, la pandemia generó la suspensión temporal de la visita familiar y conyugal por lo que estas mujeres acompañaban y escuchaban a sus familiares a través de llamadas telefónicas y cartas de manera que ayudaron a calmar el estrés y ansiedad, así como el mantenimiento del orden institucional.

También, estas mujeres han logrado formar una organización popular que dentro de sus objetivos está el resguardar los derechos de las personas privadas de libertad y de sus familiares, han colaborado en la realización de investigaciones sobre los servicios penitenciarios, han participado en espacios de articulación internacional y académicos y de capacitación. Además, han trabajado en conjunto con otras organizaciones nacionales interesadas en estas realidades, entre otros más.

Por otro lado, las mujeres familiares de personas privadas de libertad han impactado positivamente a otras personas familiares que recién se integran a la fila, por ejemplo, al llegar a la fila de ingreso les comentan las reglas del centro penal, les informan de los objetos y alimentos que están permitidos ingresar y la cantidad correspondiente. Asimismo, les aconsejan a otras mujeres el tipo de ropa y zapatos con la que pueden ingresar, pues en muchas ocasiones hay problemas con el largo de las blusas o con la altura de los tacones.

De igual modo, se forman redes solidarias hacia las personas privadas de libertad que obtuvieron la orden de libertad pero que por falta de servicio de transporte público (hay muy pocos autobuses con horarios limitados) o por falta de dinero no pueden regresar de inmediato a sus casas (con mucha suerte) o a los lugares donde les recibirán, por lo que estas mujeres familiares de personas privadas de libertad les comparten bocadillos o café mientras recolectan dinero e incluso las mismas mujeres ayudan en la recolección del mismo.

Luchar por un futuro más digno

Es bien sabido que las personas que se encuentran recluidas habitan los contextos sociales y económicos más desfavorables, generalmente no tienen la posibilidad de optar por oportunidades laborales, educativas y recreativas, o presentan alguna condición de vulnerabilidad por el género, la raza, entre otros. A este respecto, vale recordar que según el Tercer Informe de Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación indicó que Costa Rica se encuentra en la tercera posición de prisionalización de América Latina (2020, p.185).

En ese sentido, hay que mencionar las cifras de hacinamiento carcelario en algunas cárceles del país, lo cual impacta en la alimentación, la comunicación con el exterior, la seguridad, el descanso, la visita familiar, el uso de instalaciones, la cantidad de personas que pueden participar en cursos o en espacios recreativos o de ocio, entre otros.

Las personas familiares de personas privadas de libertad enfrentan situaciones desagradables cuando son sometidas a la revisión de personas y de objetos ya que se les somete a malos tratos e inhumanos, así como a decisiones arbitrarias, por ejemplo, al no permitirles introducir alimentos al centro penal o cuando se devuelve a las mujeres familiares por la altura de los tacones o por utilizar ciertas prendas de ropa. Hay que mencionar que la inspección sobre los cuerpos en ocasiones no es respetuosa de los derechos humanos.

También sufren afectaciones en el uso de los servicios penitenciarios, por ejemplo, deben hacer la fila para ingresar al centro penal frente a la carretera en un espacio que no cuenta con agua, con dispensadores de alimentos, aire acondicionado, con sillas o bancas. En ese sentido, vale traer a colación que muchas personas deben pasar la noche en este lugar, el cual como se puede observar no está acondicionado.

Cuando se habla de las condiciones de las personas privadas de libertad se requiere de observar los aportes de estas mujeres hacia otras personas familiares que también utilizan el servicio penitenciario –  personas privadas de libertad –  así como a personas que obtuvieron la orden de libertad y que deben pernoctar en las afueras del centro penal.

Se debe repensar la política criminal del país, las cárceles no están dando abasto para albergar tantas personas, mucho menos para brindar oportunidades de estudiar o trabajar a quienes deseen hacerlo.

Las filas en las afueras del centro penal reciben el bicentenario de independencia de Centroamérica luchando día con día por los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

• MÓNICA ROJAS VÍQUEZ es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) y maestranda en Derechos Humanos y Educación para la Paz, del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Voluntaria en el proyecto de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA): ‘Pedagogía para el reencuentro: Derechos humanos, educación transformadora y literatura, en centros de atención institucional de Costa Rica’.