Resenha do livro: De Gori, Esteban (editor), Honduras 2013: golpe de Estado, elecciones y tensiones del orden político, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) / Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Sans Soleil Ediciones Argentina, Buenos Aires, 2014, http://www.sanssoleil.es/argentina/producto/honduras-2013-golpe-de-estado-elecciones-y-tensiones-del-orden-politico/
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A colaboradora do Centro-américa em foco, acadêmica e articulista salvadorenha, Carmen Elena Villacorta, resenhou o livro “Honduras 2013: golpe de Estado, elecciones y tensiones del ordem político”, com edição e organização do sociólogo argentino Esteban de Gori, publicado em março deste ano. São artigos de 16 centro-americanistas, de diferentes nacionalidades, inclusive de membros deste Grupo de Estudos da UFPE, que apresentam, a partir de diferentes visões, análises e inquietações com o presente e os rumos de Honduras pós-golpe de 2009 e de toda a América Central. A resenha de Carmen Elena, que também participa do livro juntamente com Esteban de Gori, ambos colaboradores deste blog, faz um excelente apanhado de todos os artigos e resulta numa excelente contribuição ao debate.
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¡Alerta!
No calles Honduras a esta hora. Mantente en vigilia, no sea que, dormida, te sorprendan […] Hazte un nudo, cierra el paso a los gamberros; fecunda el aire con cánticos y plegarias, flamea alto tus cinco estrellas, bosquejando un firmamento: un nuevo cielo, escampado, una nueva era. Toma las plazas, las calles… lo tuyo, plántate ahí, firme alerta. ¡Escribe tu historia!
Álvaro Cálix (Investigador y poeta hondureño)
1.
El libro está compuesto por 16 ensayos breves y consta de 153 páginas. El primer artículo es del periodista brasileño-salvadoreño, Magíster en Estudios Internacionales y doctorando en Ciencia Política en la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil), Aleksander Aguilar. Escrito y publicado en portugués, el texto ofrece una radiografía de la realidad hondureña, particularmente a raíz de la crisis iniciada por el golpe de Estado de junio de 2009, y expone la controversia respecto de la intervención brasileña en el conflicto. El autor presenta a Honduras como uno de los países más pobres y violentos de América Latina, cuya tasa de homicidios cuadriplica la cantidad de asesinatos contabilizados en Brasil, al ascender a 86 por cada 100 mil habitantes.
Según Aguilar, Honduras es, también, el país centroamericano con menos movilidad en las élites políticas y con mayor injerencia de las élites económicas en las instituciones del Estado. Tras explicar que fue el retorno clandestino del presidente hondureño depuesto, Manuel Zelaya a Honduras, en septiembre de 2009, el hecho que otorgó protagonismo a Brasil en la crisis del país centroamericano, Aguilar cuestiona a los críticos del apoyo ofrecido por el presidente Lula Da Silva a Zelaya. Dichos críticos aseguraron que Centroamérica no ha sido históricamente una región de interés ni de influencia brasileña, lo cual desvirtuaría la participación de Brasil en la crisis de 2009. A juicio de Aguilar, tal argumento se alinea con el espíritu de la Doctrina Monroe y de la Doctrina de Seguridad Nacional, las cuales asumen a Centroamérica como zona geoestratégica en función de los intereses de Estados Unidos. Por su parte, el empresariado hondureño mostró su insatisfacción ante la actitud de Brasil en Honduras, toda vez que no repercutió en millonarios negocios bilaterales. El autor se apoya en evidencia empírica para mostrar que la relación entre Brasil y Honduras no reviste importancia por razones económicas, sino políticas, y considera coherente con el interés brasileño de afianzar su liderazgo en América Latina hacerse partícipe en salvaguardar la democracia en la región.
2.
La Doctora en Ciencia Política y Social, Magíster en Estudios Latinoamericanos, socióloga y politóloga española Natalia Ajenjo da cuenta de la crisis actual del tradicional Partido Liberal de Honduras (PLH), el cual obtuvo el peor resultado electoral de su larga historia en noviembre de 2013. Tales comicios no solo no le permitieron acceder al Ejecutivo, sino que lo dejaron en un tercer lugar en el Congreso Nacional en donde su presencia solía ser dominante, y al frente de apenas un cuarto de las municipalidades del país. El surgimiento del PLH se remonta a finales del siglo XIX y su más significativa escisión había sido, hasta ahora, el desprendimiento que dio lugar al Partido Nacional de Honduras (PNH), el segundo en importancia desde 1902. Desde entonces ambos partidos capturaban la mayor parte de los votos, dejando a los demás institutos políticos en un lugar marginal. Cabe recordar que Manuel Zelaya fue electo presidente en 2005 con el PLH como plataforma partidaria.
La tesis de Ajenjo es que la anuencia de la cúpula del PLH en la consumación del golpe de Estado que expulsó a Zelaya del poder provocó una significativa migración de votos duros del Partido Liberal hacia el nuevo Partido Libre, liderado por Xiomara Castro de Zelaya. Así las cosas, uno de los más relevantes resultados de las elecciones de noviembre de 2013 habría sido la fractura del potente bipartidismo que caracterizó a Honduras a lo largo de todo el siglo XX. A juicio de la autora, de no haberse producido la escisión, el Partido Liberal hubiese podido superar el 36% de la votación, obtenido por el PNH. “De esta forma podemos afirmar que ambos fenómenos —la ruptura del bipartidismo y la ruptura interna del PLH— están vinculados”, sostiene. Otra modificación significativa sería que en los recientes comicios los votantes hondureños abandonaron la vieja práctica del “voto en plancha”, es decir, el voto por el mismo partido en presidenciales, legislativas y municipales. Los resultados expresan la lealtad de los electores de los partidos tradicionales en las alcaldías y el Congreso, no así en la elección presidencial. Con todo, también en el ámbito parlamentario el Partido Libre superó al PLH. De acuerdo con la autora, la pálida campaña electoral del PLH evidenció la excesiva confianza en la inercia histórica por parte de los líderes liberales. El 2013 habría dejado como tarea urgente la renovación de un partido que había encontrado en el polimorfismo una fortaleza, pero cuya escisión lo orilló a la derecha, toda vez que el espacio de la centro-izquierda quedó copado por el nuevo Partido Libre.
3.
El historiador hondureño y Doctor en Ciencias Sociales, Marvin Barahona, ausculta el estado de ánimo de la coyuntura postelectoral, proponiendo un interesante juego entre el análisis estructural y el primer mes de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional que se hizo del Ejecutivo con un poco más de 30% de los votos válidos. Barahona ofrece razones de peso para explicar el pesimismo y la incertidumbre que permean a Honduras. La preponderancia que Hernández dio a la Policía Nacional en su discurso respecto del problema de la seguridad y la aprobación de una serie de decretos en el Congreso Nacional, aún antes de asumir como presidente en funciones, vaticinan, a juicio del autor, el retorno a la tradición autoritaria, militarista y de democracia restringida, prevaleciente en la Honduras de la década de 1980. Desde el punto de vista económico, Hernández representa a la derecha neoliberal que en sus gobiernos anteriores impulsó medidas de ajuste estructural y “políticas de schok”. Entre las que ahora se pretenden implementar destacan las reformas fiscales y la concesión de tierras para la inversión extranjera, que amenazan con profundizar la brecha social.
De acuerdo con Barahona, las primeras decisiones del presidente electo apuntan hacia la consolidación de los privilegios de las minorías y la salvaguarda del status quo que descansa sobre el bipartidismo. El que ninguno de los decretos aprobados aborde la corrupción endémica del sistema político ni apunte a la consolidación del pluripartidismo incipiente así lo demuestra. Barahona expresa su preocupación ante el riesgo de que Honduras retroceda en el exiguo avance hacia la consolidación del Estado de Derecho, logrado durante la década de 1990. Además, advierte sobre el conflicto sobre la legitimidad y la legalidad que recaerá sobre un gobierno al que una buena parte del país considera espurio.
4.
El investigador social y analista político hondureño Álvaro Cálix ofrece una ágil “auto entrevista”, en la que, siguiendo el formato de preguntas y respuestas, da cuenta del contexto en el cual se llevaron a cabo las elecciones de noviembre de 2013. El texto, escrito antes de celebrarse los comicios, anticipaba el triunfo reñido del Partido Nacional como un escenario posible, acordando en su diagnóstico con los señalamientos de Marvin Barahona, arriba resumidos. Según Cálix, las élites hondureñas aprovecharon el control absoluto del Estado que se agenciaron tras el golpe, para “acentuar el despojo patrimonial del país, ya sea mediante concesiones leoninas de obras públicas, sabotaje a las empresas estatales, debilitamiento de derechos y beneficios de los trabajadores, y la entrega al capital privado nacional e internacional de nuestros recursos naturales”. El autor aporta un cuadro explicativo de la crisis política en Honduras, con base en siete variables o “tipos de crisis”: electoral, de representación, del formato partidario, del sistema de partidos, de gobernabilidad, de hegemonía y de dominación.
La tesis de Cálix es que, si bien el sistema de dominación ha visto sensiblemente erosionada su hegemonía y el bipartidismo enfrenta considerables reveces, el sistema de partidos no está en crisis. La recomposición de las fuerzas oligárquicas, las cuales continúan dominando el aparato estatal y contando con el apoyo del ejército, les ha permitido oxigenar las tensiones políticas. De la madurez y consistencia de los líderes de los movimientos sociales y de los nuevos partidos políticos depende que las fuerzas contra hegemónicas logren capitalizar las condiciones de posibilidad existentes para la consolidación de una propuesta alternativa de sociedad en una Honduras excluyente y agobiada por todo tipo de dificultades.
5.
En su mapeo de las fuerzas políticas que actualmente protagonizan la lucha por la hegemonía en Honduras, Elvira Cuadra —socióloga nicaragüense y Directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEPP)— presenta al nuevo Partido Libertad y Refundación (Libre) como el actor político emanado del Frente Nacional de Resistencia Popular que articuló a los movimientos sociales opuestos al golpe de Estado de 2009. Cuadra asegura que dicho movimiento está integrado por una amplia diversidad de actores, tales como: movimientos de mujeres, organizaciones campesinas, de la diversidad sexual, indígenas, étnicas, comunitarias y de trabajadores, entre otros. Cada uno de estos grupos posee una visión propia sobre la situación del país y sus posibles soluciones. No obstante, han logrado aglutinarse en una plataforma mínima y traducir su posición antigolpista en votos a favor del Partido Libre.
Cuadra coincide con Cálix en considerar incipiente éste esfuerzo contra hegemónico, cuyo liderazgo enarbolado por Xiomara Castro y “Mel” Zelaya, aún no se encuentra consolidado. Lo novedoso de su análisis es que inserta a Honduras en el ámbito centroamericano, afirmando que el acontecer en uno de los países de la región repercute en los demás. A juicio de la autora, un denominador común de los países del Istmo es que la disputa por el poder, abierta tras la crisis de la década de 1980, aún no se ha cerrado. El desafío planteado por las fuerzas emergentes a las oligarquías tradicionales encontró, sin embargo, en el golpe de Estado en Honduras su expresión más dramática. Aunque en la dinámica política hondureña se suele observar cierto rezago respecto de los demás desarrollos en Centroamérica, lo cierto es que el país no ha estado al margen de los procesos regionales, como lo muestra el importante rol que jugó cuando Estados Unidos convirtió a la región en escenario de la Guerra Fría, su entrada tardía a la era democrática y su temprano “coqueteó con la posibilidad de las nuevas izquierdas”.
6.
El Doctor en Ciencias Sociales, investigador y centroamericanista argentino, Esteban De Gori, ubica la coyuntura hondureña en las coordenadas geopolíticas de la América Latina contemporánea. Empieza señalando lo inesperado del acontecer en Honduras: nadie imaginó que el empresario y presidente Manuel Zelaya terminaría decantándose por una política “posneoliberal”, cercana a los gobiernos progresistas de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela; tampoco era previsible que las fuerzas conservadoras del país reaccionarían con un golpe de Estado; finalmente, el surgimiento del Partido Libre como el actor político que encarna a la nueva izquierda, la apertura de un nuevo lugar en el espectro ideológico hondureño y la fractura del bipartidismo, también fueron novedad.
De Gori plantea que la conjunción entre problemas endémicos (déficit fiscal, incremento de la pobreza, aumento de la deuda pública, desempleo, inseguridad, migración, colapso del servicio de salud y desfinanciamiento del Estado) y cuestiones emergentes, como la crisis energética, las demandas sindicales, las presiones del Fondo Monetario Internacional y la inflexibilidad de los sectores conservadores, provocaron el viraje de Zelaya desde una “heterodoxia pragmática” hacia la opción de centro izquierda que representa hoy en día. “Los actores se «hacen» en la crisis y en sus respuestas, pero también se «recrean» en la lectura o «caja de herramientas» que ofrece la realidad política nacional e internacional”, apunta el autor. Las alarmas del empresariado, los medios y el Partido Nacional se encendieron cuando Zelaya firmó convenio con PetroCaribe y luego ingresó al ALBA para obtener petróleo a precios preferenciales y con la posibilidad de pagarlo con parte de la producción agrícola de Honduras. Ello, sumado a medidas tendientes a la recuperación de la autoridad estatal, el aumento del salario mínimo, el apoyo de la pequeña y mediana empresa para la generación de empleo y la apuesta por reconstruir el mercado interno, le valieron a Zelaya la acusación de estarle imprimiendo un “giro chavista” al gobierno. No obstante, fue la iniciativa por la instauración de una “cuarta urna” para consultar al electorado respecto de la posibilidad de una Asamblea Constituyente lo que terminó de articular al bloque opositor a Zelaya, conformado por el Partido Nacional, un sector del Partido Liberal, las cámaras empresariales, el ejército y los más grandes medios de comunicación. De Gori considera que la emergencia del partido Libre abrió una “grieta profunda” en el bipartidismo y en el Partido Liberal y puso en entredicho el discurso heredado de la Guerra Fría y de la Doctrina de Seguridad Nacional. El autor se suma al coro de voces que permanecen a la expectativa respecto de si la nueva fuerza liderada por Xiomara Castro logra consolidar su “fórmula de alianzas” y crear nuevos liderazgos, capaces de retornar al “Palacio”.
7.
Directora de cine hondureña y exiliada en Argentina a raíz del golpe de Estado de 2009, Katia Lara es expresión de la voz militante, apasionada, rebelde y femenina de la denominada Resistencia en Honduras. Con la vivacidad y energía de quien narra las urgencias del instante, Lara describe su experiencia en las elecciones del 24 de noviembre de 2013, para cuya cobertura documental regresó a su país. Su texto, rico en imágenes y diáfano en su postura ideológica, hace referencia a la compra de votos, las prebendas entregadas por el Partido Nacional a quienes lo hubiesen favorecido en las urnas, el voto de personas fallecidas, el doble voto, la desaparición de las listas de votantes en ciertas mesas, entre otras irregularidades, mencionadas por observadores internacionales por ella entrevistados.
Según su relato, a las 7:45pm Xiomara Castro, la primera mujer candidata a la presidencia en la historia de Honduras, se declaró ganadora. La juventud de un barrio marginal de Tegucigalpa empezó a vitorear a Libre y a celebrar en las calles, pero, horas más tarde, sin esperar el escrutinio final, el TSE declaró ganador a Juan Orlando Hernández, del PN. Mientras que estudiantes de la universidad pública se sumaron a las denuncias de fraude por parte de Xiomara Castro, la OEA y la Unión Europea legitimaron los comicios. Además de contabilizar 38 periodistas, 113 campesinos y 21 candidatos y precandidatos de Libre asesinados desde el golpe de Estado, Lara denuncia los actos de represión cometidos por la policía contra miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que se lanzaron a las calles a protestar contra Hernández. La autora presenta al FNRP como la organización que aglutina a “quienes nos oponemos al capitalismo depredador” y “a la subasta del país”, y adoptaron a Libre como el instrumento partidario en contra de la dictadura, impuesta por Estados Unidos. Anticapitalista, anti neoliberal, anti oligárquica, anti imperialista, anti racista y anti patriarcal son los calificativos con los que Lara define al FNRP, cuyos objetivos serían la transformación de las estructuras sociales, políticas, económicas, educativas y de dominación cultural, y la refundación del Estado hondureño, a partir de una Asamblea Nacional Constituyente incluyente y popular, que apruebe la primera constitución política hecha por el pueblo. A criterio de la autora, “a los gringos les salió el tiro por la culata”, pues los dos gobiernos espurios (Roberto Micheltti y Porfirio Lobo) con los que buscaron legitimar el golpe consiguieron, en cambio, la creciente politización de la sociedad. Las luchas de las comunidades negras, indígenas y de derechos humanos contra la venta de tierras hondureñas y la explotación de recursos naturales por parte del capital transnacional son buena muestra de ello.
8.
Ampliando los señalamientos de Katia Lara respecto de las irregularidades en las últimas elecciones presidenciales de Honduras, el reconocido periodista argentino Ariel Magirena, denuncia la compra de voluntades y el amedrentamiento de los que se valió el establishment, haciendo uso discrecional de los recursos del Estado. Habla del ofrecimiento público de “tarjetas de beneficio” para votantes del oficialismo, por parte de Juan Orlando Hernández. Al igual que Lara, menciona el hotel donde se hospedaban observadores latinoamericanos que fue allanado por militares, acción que después fue considera como un “error”. A ello añade la irrupción armada a medios de comunicación alternativos, posteriormente justificada como un operativo para salvaguardar la seguridad y la libertad de prensa de los comunicadores. Magirena asegura que 10 simpatizantes de Libre fueron asesinados desde la celebración de los comicios hasta el cierre del año 2013. Entre ellos, 2 encontraron la muerte en la madrugada del 24 de noviembre, presentada ante los medios como producto de la inseguridad general.
En lo relativo a cuestiones operativas de la elección, el autor señala que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó en cada partido la responsabilidad de decidir respecto de sus credenciales electorales. Así fue posible que en cientos de mesas de votación los partidos Democracia Cristiana, Alianza Patriótica (del general Romero Vázquez, quien secuestró a Zelaya), Unificación Democrática y PINU no obtuvieran ni siquiera los votos de sus propios delegados. Es probable que tales partidos, que en conjunto no sumaron ni un 1% del total de votos, funcionaran como fachada democrática y sus delegados cedieran sus credenciales (aproximadamente 16 mil) al PN. También ocurrió que muchos votantes encontraron sus nombres inscritos en localidades muy apartadas de sus domicilios, de modo que se les impidió elegir alcaldes y diputados. Según Magirena, el TSE publicitó el triunfo de las zonas en donde el PN resultaba ganador, mientras que en donde el triunfo era para el Libre ordenó auditorías que dejaron fuera del escrutinio casi medio millón de votos. A su criterio, los observadores internacionales carecieron de poder de constatación y se limitaron a hacer críticas y sugerencias, que no es lo mismo que denuncias y repudio. Los observadores, especialmente los europeos, fueron funcionales al rol que el Departamento de Estado estadounidense les asignó: “el de no molestar y ser tolerantes con una democracia endeble que merece una oportunidad”. Y es que éste autor enfatiza en el peso colosal de los Estados Unidos sobre Honduras, no sólo por la influencia política de la embajada y de la estratégica base militar de Palmerola, sino por la dependencia económica de Honduras respecto del país del norte. Más de 1 millón de emigrados hondureños hace llegar 3 mil millones de dólares a sus familiares y el 70% de las exportaciones de Honduras en banano, café y azúcar tienen a Estados Unidos como destinatario. Vistas así las cosas, se entiende por qué en el caso de Honduras la lucha anti imperialista no es un anacronismo.
9.
En una línea proveniente de la politología —tal como la de Natalia Ajenjo— la también Doctora en Ciencia Política, Magíster en Estudios Latinoamericanos y socióloga española Patricia Otero, ofrece un análisis del sistema de partidos en Honduras y su recomposición a raíz de la crisis inaugurada por el golpe. De acuerdo con Otero, la estabilidad que hasta el 2009 había exhibido el sistema político hondureño, caracterizado por la alternancia entre el PN y el PL y la hegemonía de ambos partidos sobre el control del Estado y sus recursos, descansaba sobre dos grandes pilares: el faccionalismo y el clientelismo. El primer rasgo alude a la existencia de diferentes facciones que se disputan el poder al interior de cada instrumento partidario, por medio de prácticas “caudillescas”. Mientras que el Liberal presentaba un conjunto más heterogéneo de facciones, el Nacional ha permanecido más cohesionado por su carácter conservador. Ciertas reformas al sistema electoral y la introducción de elecciones primarias (en la década de 2000) oxigenó al bipartidismo más longevo de América Latina, al promover la participación de las bases en la elección de sus candidatos. No obstante, la organización del poder político se mantuvo incólume, con los minoritarios Democracia Cristiana (PDCH), Partido Innovación y Unidad (PINU) y (desde los años noventa) Partido Unificación Democrática (PUD), en un papel marginal. Las redes clientelares contribuyeron a mantener las lealtades del electorado, garantizando el triunfo reiterado del PN en los departamentos de Copán, Lempira, Intibucá, Choluteca y Valle; y del PL en Paraíso, Ocotepeque y las grandes ciudades. Otero señala que las diferencias programáticas entre los dos principales partidos fueron desapareciendo hasta ubicarlos a ambos en una posición de centro-derecha que evitó la polarización y los virajes bruscos en los recambios gubernamentales. Denominador común entre nacionalistas y liberales es, también, haber mostrado magros resultados en cuanto a la aguda problemática socioeconómica de Honduras, al tiempo que incrementaba la corrupción. El descrédito de lo político fue en aumento entre un electorado cuya tendencia a abstenerse se revirtió en 2013, con un 61% de votantes en las urnas.
La autora destaca de la crisis post golpe el surgimiento de un proyecto político que haya recuperado la conexión con la sociedad civil y las organizaciones populares, extraviada desde tiempos inmemoriales. El Partido Libre representa la alternativa hacia la izquierda, pero también cabe destacar el surgimiento de posiciones a la derecha de los partidos tradicionales: Alianza Patriótica (del general retirado y ejecutor del golpe Romeo Vázquez,) y el Partido Anticorrupción (PAC, liderado por el periodista deportivo Salvador Nasralla). Se trata de fuerzas críticas ante el PN y el PL, pero opuestas a la Asamblea Nacional Constituyente. Será el PAC, con sus 13 curules parlamentarias, el llamado a jugar un rol importante en un Congreso Nacional que por primera vez en la historia del país se avizora impredecible. A juicio de la autora, la reciente elección muestra a un PL visiblemente debilitado, tras perder a los sectores progresistas que adhirieron a la Resistencia, a diferencia de un PN fortalecido, capaz de solventar sus disputas internas y de vencer a sus contrincantes en los planos ejecutivo, legislativo y municipal. Retos de las nuevas fuerzas políticas para superar las inercias propias del sistema de partidos hondureño serían, del Partido Libre mantener coaligados a los diversos sectores a los que representa, y del PAC superar el discurso anticorrupción y liderar a una bancada legislativa inexperta.
10.
Mariela Pinza, estudiante de sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante del grupo de estudios sobre Centroamérica del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) del mismo centro de estudios, se distancia de la mirada de Patricia Otero al mencionar categóricamente que en las recientes elecciones de Honduras hubo fraude. Mientras que la española Otero da cuenta del fortalecimiento del PNH, la argentina Pinza argumenta, en la misma línea de otros autores de ésta compilación, al subrayar la escaza legitimidad del triunfo de Juan Orlando Hernández. También en consonancia con las voces del libro, la autora alude a los límites que el reformismo impulsado por Manuel Zelaya encontró entre las élites políticas y militares, y entre gremiales como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (CHEP) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). El aumento del salario mínimo aprobado por Zelaya se hizo en oposición a éstas cámaras empresariales que rechazaron la medida.
La reflexión de Pinza está motivada por la pregunta sobre la relación entre institucionalidad y democracia. ¿Cuánta ‘democraticidad’ están dispuestos a tolerar los sectores conservadores de Honduras? ¿Se puede hacer uso de las instituciones para atentar contra la democracia?, serían dos modos de sintetizar las inquietudes de la auotra. En ese sentido, ella retoma la distinción de Laclau entre instituciones e instituciones democráticas, para concluir que el caso hondureño evidencia que institucionalidad no equivale a democratización, toda vez que existen practicas institucionales contrarias a la democracia. El hecho de que el Tribunal Supremo Electoral hondureño estuviese controlado por los miembros del PNH ejecutores del golpe es muestra de ello. A juicio de Pinza, en Honduras se vuelve vigente el análisis de Laclau sobre los regímenes liberales de principios del siglo XX. Aporte del texto de ésta autora es, además, la semblanza que ofrece de Xiomara Castro. Durante el gobierno de Zelaya, Castro trascendió el papel tradicional de primera dama, para involucrarse activamente en el gabinete social. Después del golpe, resistió en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa la violenta embestida emprendida por los golpistas contra los miembros de la Resistencia. Durante el exilio que, a partir de 2010, compartió con su esposo en República Dominicana, trabajó en la visibilización internacional de los abusos contra los derechos humanos que continuaron golpeando a la juventud, los periodistas y otros miembros y simpatizantes del Frente Popular de Resistencia Nacional. Finalmente, enarbola el liderazgo de ésta organización, la cual decide asambleariamente hacer de Libre su instrumento partidario, con el objeto de retomar el proyecto de Zelaya, luchar contra la pobreza, renegociar la deuda externa, lograr la conciliación entre todos los sectores de la economía, generar condiciones para una democracia participativa y realizar la Constituyente para refundar el estado hondureño. Reto de ésta nueva fuerza, que traccionará a favor de tales reformas en el Congreso, será consolidarse como alternativa progresista para Honduras y la región.
11.
La Doctora en Estudios Latinoamericanos y socióloga austríaca Kristina Pirker inicia el paneo sociológico que ofrece sobre la nueva movilización social surgida en la Honduras post golpe fijando su atención en Xiomara Castro. A criterio de Pirker, Xiomara encarna la difícil posición de cualquier mujer centroamericana en busca de una carrera política. Con frecuencia, son los lazos familiares los que permiten a las mujeres superar obstáculos interpuestos por sociedades tradicionalistas, conservadoras y sexistas. La autora asegura que los enunciados peyorativos con los que los golpistas hondureños intentaron poner en cuestión las capacidades de Castro para gobernar el país y retratarla como una “lugarteniente” de Zelaya, olvidaron las trayectorias de mujeres que, como Violeta de Chamorro y Rosario Murillo en Nicaragua, y Patricia Rodas (canciller del gobierno de Zelaya) en Honduras, demostraron que los nexos filiales y/o matrimoniales no obstan para que una mujer pueda desempeñar papeles relevantes en la política de sus países. Paradójicamente, mientras Xiomara se convertía en la cara femenina y visible de la Resistencia hondureña, la participación de las mujeres en cargos públicos se vio mermada por el golpe, cuando sectores del Partido Liberal abandonaron sus filas para engrosar las del FNRP y del Partido Libre.
Pirker hace hincapié en dos rasgos del nuevo movimiento popular en Honduras: su heterogeneidad y su politicidad. Por “politicidad” la autora entiende la articulación de las demandas sectoriales con reclamos estructurales, de carácter nacional. Su tesis es que la oposición al golpe de Estado visibilizó los diferentes rostros, feministas, LGTB, negros, indios, pobladores, trabajadores y estudiantes, que integran a la sociedad hondureña. Pero también consiguió que ésta diversidad se articulara bajo las consignas comunes de la realización de una Asamblea Constituyente en pro de la refundación del país en una dirección inclusivo, en lugar de excluyente. La capacidad articuladora, contestataria y contra hegemónica del FNRP desató en la derecha reacciones que combinan las tradicionales posiciones anticomunistas con prácticas homofóbicas o racistas. Ejemplo de ello es que entre las 101 personas asesinadas entre enero de 2010 y mayo de 2012, muchos combinaban el activismo en el movimiento LGTB con la militancia en la Resistencia. Los asesinatos de Walter Trochez, reconocido activista gay y militante del FNRP, y de Erick Martínez, dirigente del Movimiento de Diversidad en Resistencia y candidato del Partido Libre, son emblemáticos. La criminalización de la protesta social, el odio homofóbico y el asesinato por motivos ideológicos para amedrentar a la población organizada confluyen en lo que Pirker denomina la construcción de un nuevo “enemigo interno”.
12.
Si la cineasta Katia Lara denunciaba en su texto que hoy en día los intereses geopolíticos de Estados Unidos en Honduras se vinculan con la necesidad de despejar un corredor para el tráfico de drogas en Centroamérica, Silvina Romano, Doctora en Ciencias Sociales e investigadora argentina, presenta la contra cara de éste fenómeno al develar que el discurso estadounidense “antidrogas” se usa para justificar la injerencia norteamericana en los ámbitos estratégicos de la realidad hondureña.
Afirma la autora que, en el ámbito militar, el discurso de “mano dura” de Juan Orlando Hernández encuentra respaldo económico, logístico e ideológico en el Acuerdo para la Seguridad Centroamericana (CARSI, por sus siglas en inglés). Dicho Acuerdo, impulsado por Washington, encubre su intención de atentar contra las garantías constitucionales y criminalizar la protesta social bajo el manto de consignas por la “paz” y la “seguridad” de la región. La continuidad de las actividades del Comando Sur, so pretexto de una lucha antinarcóticos que se promociona como dispuesta a todo, son otra manifestación de la alianza entre el Departamento de Estado y la derecha hondureña para atentar contra la democratización. No es un secreto que el gobierno de Estados Unidos legitimó el golpe de Estado y fue protagónico en la planificación de las dos elecciones llevadas a cabo después de 2009, encontrando en la OEA una actitud funcional a sus intereses. La intervención estadounidense opera también en el ámbito económico, favoreciendo la demanda del mercado por sobre las necesidades de Honduras. Los datos aportados por Romano muestran que el objetivo del país del norte y del capital transnacional es mantener a Honduras como primario-exportador (especialmente de palma africana), como zona privilegiada para la maquila (por la mano de obra barata) y como territorio donde practicar la minería extractiva y desarrollar el turismo. Ello refuerza la histórica dependencia del país respecto de los países centrales, y atenta contra las posibilidades de desarrollar una agricultura diversificada, en función de las necesidades de subsistencia de una masa poblacional cuyo 60% vive en condiciones de pobreza. Romano se refiere, también, al rentable negocio de la “(in)seguridad”. Al respecto, impresionan dos de sus señalamientos: que un país tan pequeño como Honduras haya casi alcanzado los índices de adquisición de armas de México y Colombia y que el 80% de ellas provengan de Estados Unidos. A ello hay que añadir otro tipo de equipamientos, como alarmas, sensores, sistemas computarizados, circuitos de televisión, ventanillas blindadas, entre otros. El decreto que autoriza la adquisición de tecnología para aumentar la seguridad va en consonancia con el pronóstico de que el mercado de esos dispositivos aumentará en un 40% en los próximos 3 años, tal como lo asegura la autora. Romano finaliza comparando los fraudes electorales en Honduras con los fraudes que impidieron en México el arribo del PRD al poder ejecutivo y afirmando que las inflexibles élites hondureñas impiden el ejercicio de la democracia liberal, aún en su versión minimalista, ridiculizando el mero hecho de exigirla.
13.
El Doctor en Economía, docente en diferentes universidades de Iberoamérica y Director Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericanos Geopolítico (CELAG), Alfredo Serrano Mancilla, ofrece una irónica y punzante sátira del 24 de noviembre de 2013 en Honduras. La secuencia de imágenes, enumeradas como “tomas” de un film, describe elocuentes episodios del performance electoral que el autor considera una farsa. La embajadora estadounidense, Lisa Kubiske, exhibió su protagonismo al aparecer en la escena en tres ocasiones, aplaudiendo la tranquilidad y normalidad en la que se desarrollaban los comicios.
A sus aplausos se sumaron, tanto los observadores de la Unión Europa, como la Iglesia, la cual hizo pública su declaración de fe hacia la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y felicitó a dicho órgano por una jornada perfecta. El TSE, por su parte, exigió silencio electoral para evitar rumores sobre las encuestas a boca de urna, hasta que él mismo, con apenas el 24% de las urnas escrutadas, declaró como presidente electo a Juan Orlando Hernández. Casi inmediatamente después, CNN se encargó de expandir la noticia de que el PNH había resultado ganador. Representantes de ese partido empezaron a recibir felicitaciones, en primer lugar, del PLH, lo cual dejó en claro que el bipartidismo cerraba filas ante cualquier intento de ruptura del pacto inter-elitista; en segundo lugar, de los presidentes Ricardo Martinelli, de Panamá, y Juan Manuel Santos, de Colombia, evidenciando la apuesta de ambos mandatarios por una “democracia del 24%”; y en tercer lugar, del asesor venezolano de los conservadores latinoamericanos (Hernández entre ellos) JJ Rendón. A las denuncias de Xiomara Castro y de Libre, según las cuales un 20% de los votos presentaba anomalías en el conteo, el TSE respondió amenazando con militarizar las calles en caso de intentos de desestabilización. También el empresariado se pronunció, pidiendo a los políticos respeto por los resultados. En palabras de Serrano: “Días después de que el secretario de estado norteamericano, John Kerry, dijera que se acabó la Doctrina Monroe en América Latina, sucede toda ésta obra teatral, con todos sus actores y actrices: órgano electoral constituido, embajada de Estados Unidos, apoyo de la Unión Europea, la prensa dominante nacional, CNN como exponente de prensa internacional, el bipartidismo político, las fuerzas militares de seguridad, los empresarios y la iglesia. Amén”.
14.
Aportes del sociólogo y analista político hondureño Eugenio Sosa a éste volumen son: la claridad de su análisis sobre la reconfiguración del sistema de partidos que tuvo lugar tras el golpe de Estado y la cantidad de datos e información útil con la que contribuye a dibujar con detalle el actual escenario político-electoral de Honduras. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró presidente a Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, con 1.149.302 (36.89%) votos; el Partido Libertad y Refundación (Libre) obtuvo el segundo lugar en las preferencias, con 896.498 (28.78%) votos, el Partido Liberal se agenció el tercer lugar con 632.320 (20.3%), el Partido Anticorrupción (PAC) captó 418.443 (13.43%) y, finalmente, cinco partidos minoritarios alcanzaron en conjunto apenas 18.885 (0.61%). En lo que respecta a la integración del Congreso Nacional, el cual cuenta con 128 curules, y las 298 alcaldías a nivel nacional, los resultados oficiales otorgaron 48 escaños y 183 municipios al PN, 37 diputaciones y 31 municipios a Libre, 27 diputaciones y 83 municipios al PL, 13 diputaciones al PAC y 3 diputaciones, una a cada uno de los tres partidos minoritarios existentes antes del golpe.
Coincidiendo con la politóloga Patricia Otero, Sosa destaca a Libre y a PAC como las grandes novedades de ésta contienda. Explica el crecimiento de ambas fuerzas en virtud de: 1) el estancamiento del PN —el cual obtuvo menos votos que en 2009—; 2) la estrepitosa caída que el PL evidenció desde 2009; 3) la reducción del abstencionismo (con la participación de 3.275.346, entre un total de 5.355.112 de personas registradas en el censo electoral); y 4) la casi desaparición de los viejos y nuevos partidos minoritarios. Según Sosa, el hecho de que el TSE y la Corte Suprema de Justicia rechazaran las impugnaciones de la votación, interpuestas por Libre y PAC, no sorprendió a la sociedad hondureña, dado el predominio del bipartidismo en las instituciones del Estado. Los magistrados del Tribunal, reconocidos miembros del PN y del PL, habían organizado las elecciones de 2009, en pleno golpe de Estado y gobierno de facto. El candidato Hernández controlaba la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Haciendo uso de su poder, destituyó a cuatro magistrados que se opusieron a la concesión de tierras al capital extranjero para la creación de “Ciudades Modelo” y nombró Fiscal General al único magistrado que apoyó tal moción. De aquí la conclusión del autor respecto de que las elecciones contaron con un espectro ideológico más diverso, introdujeron nuevas dinámicas en el modo de organizarse el poder y exigirán una aritmética más compleja para la aprobación de leyes dentro del Congreso. Sin embargo, se desarrollaron en el marco de la institucionalidad instaurada por el bipartidismo tradicional, cuya superación definitiva vendrá de las presiones que puedan hacerse desde afuera, no desde dentro del sistema. Para ello las nuevas fuerzas políticas necesitan consolidar sus propuestas y articularlas a los sectores sociales.
15.
Doctoranda en Estudios Latinoamericanos y Licenciada en filosofía por la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA), la salvadoreña Carmen Elena Villacorta explora una línea de análisis que se propone evidenciar los vasos comunicantes entre las fuerzas políticas de Centroamérica, observando las reacciones de la derecha de El Salvador ante el golpe de Estado en Honduras. La distinción que en nombre de la “lucha por la democracia” otorgara el alcalde de San Salvador, Norman Quijano, a Roberto Micheletti, durante la visita de éste último a la capital salvadoreña fue el corolario de una serie de pronunciamientos en los que líderes de los derechistas partidos ARENA y PCN, representantes del gran capital y columnistas conservadores aplaudieron y legitimaron la expulsión de Manuel Zelaya del gobierno de Honduras, prácticamente desde el propio 28 de junio de 2009. La autora pone en cuestión el uso del término “democracia” por parte de una élite que a lo largo de la historia patrocinó y reprodujo un sistema de dominación basado en la explotación y la brutal represión de las masas.
Para entender a ese sector desde el punto de vista ideológico, propone la distinción entre quienes descreen de la democracia sin más, convencidos como están de su derecho natural a los privilegios, el poder y la superioridad por sobre la mayoría, y quienes abrazan el liberalismo, defendiendo a ultranza las leyes, instituciones y estructuras que vertebran el status quo. El carácter antipopular de ambos esquemas hace porosa la tenue frontera que los separa y posibilita su alianza ante cambios que consideran amenazantes. Así lo evidencian los ejemplos discursivos reproducidos en el texto de Villacorta, mismo que finaliza preguntando a la derecha salvadoreña si es realmente en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua en donde se encuentra la razón de ser del golpe en Honduras o si se trata, más bien, de una muestra más de la tozudez histórica de unas derechas que impiden la ampliación de los márgenes democráticos, incluso dentro de las posibilidades que la propia democracia ofrece.
16.
“Honduras cuenta con 8 millones de habitantes y un PBI que no llega a los veinte mil millones de dólares, tiene un PBI per cápita de dos mil trescientos dólares y un GINI de 0,57. Un país pobre, desigual, con estructuras institucionales debilitadas pero que, debido a su ubicación geográfica, se constituye en una pieza clave del proyecto imperial como cabeza de playa para controlar y desestabilizar la región”. Así abre Sonia Winer, Doctora en Ciencias Sociales, latinoamericanista y politóloga argentina, su intervención. Interesada en explicar las condiciones de posibilidad de la injerencia estadounidense en Honduras, la autora acude a la exposición de dos factores: a) La política y un modelo de relacionamiento dependiente del factor externo y b) El vínculo entre partidos políticos y fuerzas armadas.
En ambos ítems, Winer da cuenta de las raíces históricas de la alianza entre el gobierno de Estados Unidos, las élites hondureñas ligadas al capital transnacional y los militares, especificando cómo ésta alianza ha introducido novedades a sus estrategias de dominación y disciplinamiento de la disidencia, con el objeto de preservar inamovibles las estructuras que garantizan la reproducción de sus mutuos intereses. La subordinación de los poderes fácticos de Honduras ante los dictados de la Casa Blanca pasó de una “servidumbre sumisa” (s. XIX) a una “dependencia calculada” (siglos XX y XXI) que, si bien complejizó el tipo de relacionamiento entre los dos países, mantiene viva hasta hoy la lealtad de la derecha hondureña a Washington. Eso posibilitó que el territorio de Honduras se convirtiera, durante la década de 1980, en el centro de las operaciones militares contrainsurgentes, en contra las luchas de liberación nacional desarrolladas en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Fue esa la década en la que la alineación ideológica de los sectores conservadores de Honduras con la Doctrina de Seguridad Nacional llegó a su punto más álgido, a la vez que la institución castrense se vio más que nunca financiada por Estados Unidos, y autónoma y mesiánica en el ámbito interno y regional. A juicio de Winer, el golpe de Estado en Honduras inauguró una nueva modalidad en la práctica habitual de frenar todo intento de avance en la democratización y la distribución de la riqueza en América Latina, denominada “de guante blanco”, debido su legitimación institucional e internacional. En ese sentido, cabe subrayar el relato de la autora sobre el trabajo de lobby ante el Congreso estadounidense y el gasto millonario que la oligarquía hondureña habría hecho para convencer a la Casa Blanca de las virtudes de destituir a Zelaya. Basada en información de Wikileaks, entre otras fuentes, presenta a la embajada de Estados Unidos como un lugar privilegiado de reunión para los autores del golpe. En ese escenario, el protagonismo de las fuerzas armadas de honduras es indudable, pese a que su rol en la sociedad sufrió un replanteamiento tras el fin de la crisis centroamericana. El llamado de Winer es a reformas profundas que modifiquen éste estado de cosas.
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Esta resenha de Carmen Elena Villacorta também foi publicada na revista digital mexicana REFUNDACIÓN, e está disponível aqui. E o texto completo do livro “Honduras 2013: golpe de estado, elecciones y tensiones del orden político” pode ser acessado para leitura aqui mesmo no site, ou para fazer download, aqui.
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