Abril no ha terminado, está que empieza

Por: Haydee Castillo Flores*

La historia de Nicaragua, como la de la región Centroamericana, es una historia cíclica plagada de una clase política y económica propia, cuyo ejercicio del poder se caracteriza por el caudillismo, la violencia, el autoritarismo, la resolución de los conflictos por la vía violenta, y el uso del Estado como botín para enriquecerse.

Ello aparejado al impulso de modelos económicos extractivos que enriquecen a unos pocos, sacrificando a muchos.

Un ejemplo bastante exacto de esa forma de desgobierno después del último Somoza en la presidencia del país (la familia Somoza, entre hijos y padre, establecieron una especie de dinastía en el gobierno del país de 1936 a 1979), han sido entre otros caudillos, Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista – quien robó la ayuda que llegó para el pueblo que sufrió los embates del huracán Mitch[1], en 1998 – y el régimen dictatorial actual de Daniel Ortega, del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Según AIDA (2013): En el 2000, la Contraloría General de la República de Nicaragua (CGR) estableció que 412,861.13 dólares de la ayuda recibida fueron desviados para usos personales de algunos funcionarios públicos durante el período presidencial de Arnoldo Alemán (1997-2001). Entre los implicados figuraba el extitular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Byron Jerez Solís, quien supuestamente construyó una casa con el dinero del Fondo de Emergencia de Atención a Desastres.

Sobre la presente crisis que en abril de 2019 ha completado un año, como bien lo expresa la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (FUNIDES) en el Diario La Prensa (2013): “La crisis sociopolítica en Nicaragua no inició con las medidas represivas del gobierno de Daniel Ortega contra las manifestaciones en abril del año pasado, sino que es consecuencia de la “involución de la democracia” que comenzó hace 20 años con el pacto político entre el expresidente Arnoldo Alemán y el Ortega, quien fue el sucesor”[2]

Ambos caudillos, ajustaron el marco jurídico nacional a su medida e intereses, permitiendo el desmantelamiento de la poca institucionalidad democrática existente en el país.

Con el pacto, Alemán protegía a Ortega del peligro de la desaforación por el abuso sexual hacia su hijastra[3], y Ortega protegía a Alemán por el abuso de los fondos que la solidaridad y la cooperación internacional proporcionaron después del impacto del Huracán Mitch.

Como en todos los tiempos, Daniel Ortega no solo pactó con la extrema derecha, sino también con el gran capital y también lo hizo con una parte de la alta jerarquía de la iglesia católica cuya figura más visible lo fue el Cardenal Miguel Obando y Bravo.

La moneda principal en transacción en esos pactos fueron los derechos de las mujeres y el laicismo del Estado. Castraron por completo la voluntad del soberano de elegir a sus gobernantes, convirtieron los poderes del Estado en patrimonio familiar, e impusieron un modelo económico extractivo y productor de desigualdad, que llegó al extremo de comprometer la soberanía nacional en la supuesta construcción del famoso canal interoceánico que nunca llegaron a concretar[4].

El movimiento de mujeres y feminista, el campesinado, los pueblos indígenas y los territorios, nunca dejaron de denunciar el desmantelamiento institucional y democrático del que estaba siendo objeto el país, pero nadie les creyó.

No fue sino hasta en abril del 2018 cuando la sangre empezó a correr de nuevo en las calles, que se cobra conciencia colectiva de lo que las mujeres y estos otros actores advertían mucho tiempo atrás.

Con abril llegó una bocanada de agua fresca, como llegó la juventud y los estudiantes en aquellos años 1970 y 1980, pero ahora con la madurez acumulada y haciendo síntesis de varias generaciones, algo que solo te lo da el tiempo, y los duros golpes en esas venas ya abiertas, como decía Eduardo Galeano.

La juventud, el estudiantado, el campesinado y por supuesto las mujeres de diferentes generaciones y territorios, lideraron la revolución de abril. Hoy hace exactamente un año, como anunciando el invierno, cayó la gota que derramó el vaso de agua. Por eso abril no es un punto de partida, es un punto de llegada y de partida al mismo tiempo.

A inicios de abril se da el incendio de la reserva natural Indio Maíz, una de las zonas más húmedas y lluviosas de Centroamérica, por lo que las organizaciones consideran “altamente improbable” que los incendios se hayan producido “de manera natural o espontánea”, según información de un comunicado del Grupo Cocibolca, publicado por la BBC[5]. Quedó claro que la reserva se estaba quemando con la indolencia del gobierno de Ortega a pesar de la demanda del pueblo de evitar su destrucción.

La revolución de abril de 2018 inicia con la denuncia y la movilización ciudadana en contra de la indiferencia del gobierno de Ortega ante un desastre que arrasa con esa reserva natural tan importante para la región. El país no se había repuesto del impacto de ese incendio, cuando llegó el anuncio gubernamental de la reforma a la Ley de Seguridad Social, en la que jubilados y pensionados pagarían por el saqueo realizado por el régimen de Ortega junto a gobiernos anteriores, siendo el detonante que convocó a la ciudadanía a la calle bajo el liderazgo estudiantil y juvenil.

Hombres y mujeres, la juventud y los estudiantes de los principales territorios y universidades del país salieron a protestar masivamente. Todos defendiendo los derechos arrebatados en más de 11 años, trancando carreteras y universidades, curando heridos, haciendo plantones, marchas, ejerciendo el periodismo independiente en medio del peligro, otras divulgando en las redes sociales y los medios de comunicación.

La juventud y los estudiantes, esta nueva generación, como la nuestra en otros tiempos, con sus pasamontañas, con sus banderas, con sus mochilas cargadas de esperanza, volvían a ser protagonistas de otra revolución, pero esta vez de una revolución cívica y pacífica.

Y sucedió que lo que nunca se esperó, el gobierno de Ortega y Murillo dio la orden de matar y reprimió, hasta cometer crímenes de lesa humanidad e implantar un estado de terror. El pasado diciembre, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó contundentemente en el sitio de la organización que “El demoledor informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)[6] sostiene que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis que comenzó el pasado abril”[7]

El régimen además de matar, secuestró, apresó, hirió, desplazó a la ciudadanía crítica. A las mujeres las abusaron física, sexual y psicológicamente en las cárceles y en las calles. Y a cuanta persona que se opuso a este régimen, se les sigue aplicando la ley antiterrorista del país.

Demandar libertades y justicia, portar la bandera azul y blanco y cantar el himno nacional, el régimen lo criminalizó y lo convirtió en un “acto que atenta contra la seguridad del Estado”.

Ante tanta barbarie y violencia Estatal, la juventud y el pueblo azul y blanco se atrincheró en calles y universidades. Y junto a esa forma de lucha, vino el anuncio y la demanda por parte de la fuerza insurreccional cívica y pacífica de abril, de una nueva forma de hacer política y economía. La demanda no solo era la protección de la reserva de Indio Maíz y la seguridad social, sino que se exigía cambios estructurales en el sistema político y económico del país.

Como en la lucha contra la dictadura de Somoza, los territorios, los barrios y las universidades volvieron a ser teatros de batallas cívicas contra el régimen, reclamando además la autonomía arrebatada.

Relata la joven periodista Dánae Vílchez, sobre la dinámica de lucha en una de las universidades estatales de mayor historia en el país: “En la UNAN todos se llaman por sus seudónimos. El suyo salió porque tiene relación con su nombre. Muchos no saben cómo se llama en verdad, ella lo prefiere así. “No quiero represalias por reclamar justicia”, dice. “¡Pancha! ¡Pancha!”, se escucha cada diez minutos. Son sus compañeros tratando de consultarle sobre nuevas diligencias. Ella solo les hace señas con las manos para que le pregunten después. Dejan de insistir.[8]

Y respecto al país que quieren, la periodista explica que:

“Las demandas de los jóvenes son claras. Además de rechazar a la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), luchan por la democratización del país completo. “Queremos ser el ejemplo, queremos una Nicaragua libre y soberana”, afirma[9].

Una nueva manera de ejercicio del poder se anuncia y narra la misma periodista en base a lo que dice otra joven: “Dentro del recinto hay más de 200 mujeres, la mayoría duerme en las instalaciones. Aquí nos acomodamos todas”, cuenta.  Para Pancha dentro de la universidad, en su portón, nadie ve género. “Aquí no nos andamos con que si sos mujer u hombre. Nosotras hemos andado en fuegos cruzados sin importar nada. Hay respeto, como tiene que ser”, confiesa[10].

El régimen a pesar de imponerse por la fuerza de la represión no ha podido aplacar esta insurrección pacífica, donde las mujeres también hacen la historia. Defensores y defensoras de derechos alzan la voz dentro y fuera del país, las encarceladas se pusieron en huelga de hambre, las personas en el exilio obligado y la diáspora nicaragüense protestan en cuanto lugar les es posible. Los presos hacen protestas constantes sobrepasando a la autoridad penitenciaria al servicio del régimen.

Las periodistas independientes contribuyen con la denuncia, las madres exigen justicia, las doctoras y enfermeras curan a los heridos, la madre acuerpa al policía que no quiere reprimir al pueblo, empresas y familias aportan económicamente para subsanar la crisis humanitaria. Y hasta las niñas tiran piedras a la policía cuando quieren llevarse a sus compañeros.

Artistas hombres y mujeres escriben, leen y cantan a la gesta y a los valores patrióticos despertados, el obispo anuncia un nuevo dios de los pobres y de la justicia, y la monja tuitea las violaciones a derechos.

Obligado por la explosión social, por la comunidad internacional, con la mediación y beligerancia de la Conferencia Episcopal, y por el clamor de justicia por parte de las víctimas de la represión, el régimen tuvo que entablar la primera mesa de diálogo.

La juventud y los estudiantes en la Alianza Cívica y actor dialogante, alzaron las voces en la cara del dictador y su cúpula, gritándole los nombres de cada joven asesinado a mansalva por el régimen, y pidieron su rendición. El régimen como era de esperarse no mostró ninguna voluntad política de dialogar y más bien respondió con más represión.

Michel Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que en el año transcurrido al menos 300 personas murieron en las protestas, 2,000 resultaron heridas, y la crisis política y social ha forzado a 62,000 personas a dejar el país, la mayoría refugiándose en la vecina Costa Rica[11].

En su informe del junio del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluye:

En particular, la CIDH constata un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados. Lo anterior se refleja en más de las 212 personas que han perdido la vida hasta el 20 de junio, así́ como en el número de heridos y personas detenidas realizadas de manera arbitraria, que hasta el 6 junio la CIDH tenía registradas en 1.337 y 507, respectivamente.

La respuesta del régimen Ortega Murillo a la supervisión de los organismos de derechos humanos (CIDH, GIEI, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH), fue la expulsión de éstos del país, junto al despojo de personerías jurídicas y asalto armado a las organizaciones de derechos humanos como el Instituto de Liderazgo de Las Segovias y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos junto a siete organizaciones de sociedad civil más.

El 27 de febrero de este año de 2019, tras el anuncio de posibles sanciones políticas y económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, Ortega reanuda la mesa de negociación con la Alianza Cívica. Sin embargo, a esta fecha sigue sin mostrar voluntad de resolver la crisis por la vía negociada, los escasos acuerdos tomados relativos a la liberación de los presos y presas políticos y a las libertades fundamentales, se han quedado solo en el papel. Pareciera que nos asomamos a una negociación fracasada.

A pesar del proceso que se abrió en la OEA de la aplicación de la Carta Democrática al Estado de Nicaragua, de las sanciones aplicadas a personeros del régimen por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el anuncio de la Unión Europea de posibles sanciones políticas y económicas, no se avizora en el corto plazo una salida clara y visible en este momento. Es quizá un caso de un Estado nacional cuyas violaciones a los derechos humanos, sobrepasa el marco jurídico y de soluciones por parte de la comunidad internacional.

Todo está por verse, mientras tanto la ciudadanía nicaragüense sigue sufriendo y resistiendo.  La revolución de abril sigue en proceso. Nadie dijo que sería fácil pues ninguna dictadura abandona el poder y los privilegios con su propia voluntad.

La Unidad Nacional Azul y Blanco como expresión organizada de la ciudadanía autoconvocada, de movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil protagonistas de esta gesta, continúa en medio de la represión con el reto de fortalecerse para dar saltos organizativos y políticos. La resistencia ciudadana desde todos los rincones del país y bajo la creatividad del pueblo (que va desde tirar globos azul y blanco hasta cantar el himno nacional en centros comerciales), no se detiene.

El patriarcado se resiste a morir junto al régimen, y no se ha percatado que está surgiendo una cultura colectiva feminista con esta generación de mujeres y jóvenes, que exige que nunca más retorne la guerra que te arranca los hijos e hijas, que nunca más la existencia de partidos que abusan de la ciudadanía y de los cuerpos de las mujeres, que nunca más los derechos de las mujeres sean postergarnos en nombre de la patria, pues la patria lo son también ellas. Hay que tener cuidado, pues tanto en las izquierdas como en las derechas el patriarcado, la exclusión y el autoritarismo sigue vivo.

Y más aún, desde los años 50 hasta mediados de los 2000, la consigna venida de la lucha contra el dictador Somoza era “Patria Libre o morir” y en los 80, otra consigna era “todo para los frentes de guerra”.  Pero abril cambió todo, y hoy las mujeres junto a hombres, en esa juventud dicen, no más Patria libre y morir, queremos “Patria libre y vivir”, y no más guerra para resolver los conflictos, no más autoritarismo ni caudillismo.

Se demanda un ejercicio de poder “con” y no “sobre” otros y otras, un mundo donde se cuiden todas las vidas incluidas la de la tierra.  Y no se quieren más héroes y mártires, sino una ciudadanía crítica y un nuevo pacto social en el que para conquistar libertades no se tenga que morir.

Se clama la autonomía de las universidades, de la Costa Caribe, de los territorios, pero también y por sobre todo la autodeterminación y la autonomía del cuerpo de las mujeres.

Abril, fue la gota de agua que anunció el invierno. Invierno en el que se sembró la semilla de la esperanza después de cienes de años de vivir sometidos a caprichos de cúpulas políticas y económicas que han visto al Estado como botín de quien hay que aprovecharse para gozar de privilegios.

Abril no ha terminado, está que empieza y al parecer no se detendrá hasta lograr todas las libertades y la democracia con justicia. Mientras tanto la juventud, las mujeres, el campesinado y los pueblos indígenas siguen haciendo la historia.

 

*HAYDEE CASTILLO FLORES es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Licenciada en Ciencias Sociales y feminista con más de 30 años de experiencia como defensora de derechos humanos y de la tierra, tiene master en Integración y Desarrollo Centroamericano y reconcomiendo de la OEA por su aporte al desminado en la post guerra en el norte de Nicaragua. Ha sido Excarcelada y es actualmente exiliada política a causa de la represión del presente régimen Ortega-Murillo.

 

REFERENCIAS

[1] https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/478083-huracan-mitch-muertes-destruccion-nicaragua/

[2] https://www.laprensa.com.ni/2019/02/05/politica/2521199-funides-el-origen-de-la-crisis-sociopolitica-es-el-pacto-aleman-ortega

[3] https://elpais.com/cultura/2019/03/21/actualidad/1553195794_806870.html

[4] https://oistmo.com/2018/09/14/la-lucha-anticanal-verdadero-antecedente-de-la-actual-nicaragua-sublevada/

[5] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43675469

[6] https://gieinicaragua.org/giei-content/uploads/2019/02/GIEI_INFORME_DIGITAL_07_02_2019_VF.pdf

[7] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/12/nicaragua-report-by-independent-experts-affirms-that-the-government-of-president-ortega-has-committed-crimes-against-humanity/

[8] https://niu.com.ni/quien-diga-que-no-hay-mujeres-en-la-lucha-no-sabe-nada/

[9] Idem

[10] Ibidem

[11] https://www.diariolasamericas.com/america-latina/onu-pide-al-regimen-ortega-no-reprimir-manifestaciones-su-contra-n4175615

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