Por Paula Sofia Ayala*

El lunes 8 de enero de este año el régimen estadunidense de Donald Trump canceló el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, en la sigla en inglés) que puede resultar en la forzada deportación en 2019 de aproximadamente 260 mil refugiadxs salvadoreñxs, hodureñxs, haitianxs, nicaraguenses y del Sudán del Sur que viven en el país, de un total de más de 320 mil beneficiarios del programa.

Fotos: CARECEN-LA (Central American Resource Center of Los Ángeles) y Alianza Nacional de TPS – Coalición Los Angeles

Las nacionalidades migrantes que están bajo esta protección legal provienen de 13 países, que además de centroamericanxs, incluyen, Siria, Liberia, Somalia, Guinea, Yemen, Nepal, y Sierra León. El programa de TPS fue iniciado durante el año 1990 para proteger refugiados de países que se encontraban en conflicto armado o impactados por desastres naturales. Salvadoreñxs fueron los primeros en recibir este estatus en los años 90 y han recibido protección subsecuentemente debido al fuerte terremoto que afectó el país, en el 2001.

El programa TPS permite que los beneficiarios puedan trabajar legalmente en los EEUU, ejerciendo contribución tributaria de nivel nacional y estatal; impuestos que de acuerdo a leyes federales son devueltos a lxs trabajadorxs en su jubilación. La finalización de este programa resulta en una especie de robo de estas contribuciones, que son dirigidas al fondo de seguridad social, porque no se prevé su devolución fiscal a lxs contribuyentes que dejan de tener derechos laborales en el país. Parte de la estrategia de grupos de defensa del programa, como la Alianza Nacional de TPS, cual se conforma por CARECEN (Centro de Recursos para Centroamericanxs), trabajadores, abogadxs y organizadores sociales es combatir por medios judiciales y de forma colectiva este robo de décadas de labores de migrantes.

Es necesario analizar la situación de la comunidad salvadoreña en diáspora y el estado social y económico del país en un contexto histórico. Esto requiere ahondar reflexión referente a la intervención norteamericana en las condiciones de El Salvador; conectar políticas sobre la economía, la militarización y el ecocidio.

Durante la época de las guerras civiles e intervenciones de los EEUU en Centroamérica, entre los años 60 y 80 especialmente, a muy pocos fueron asignados el estatus de refugiado, menos del 5% de migrantes lo recibieron. Esta decisión mantenida por varios presidentes estadunidenses, incluyendo Ronald Reagan, Bill Clinton y George W. Bush, se tomó en grande parte para no admitir que, en nombre del ‘interés nacional,’ el nivel de involucramiento que había tenido los EEUU en los actos de abusos de derechos humanos en la región, llevó el país a ser cómplice en la violencia del Estado ante la población salvadoreña, incluso con el entrenamiento de las Fuerzas Armadas Nacionales por la Escuela de las Américas. El programa de TPS es hoy un ejemplo de escaso apoyo a la población salvadoreña en los EEUU y es necesario promover el debate sobre las reparaciones debidas por los EEUU en su involucramiento como agresor, que ha forzado el desplazamiento, las fragmentaciones de familias, los masacres de pueblos enteros e la imposición de gobiernos neoliberales que benefician las elites salvadoreñas e intereses transnacionales para mantener el proyecto y las condiciones de la colonialidad ante la mayoría del pueblo.

Los acuerdos de leyes de comercio en la región centroamericana y la Republica Dominicana (CAFTA-DR), el proyecto neoliberal, han tenido un impacto devastador y se han convertido en un eje de desplazamiento acelerado, con más de un tercio de salvadoreñxs viviendo en el extranjero, más de dos millones solo en los EEUU. Una situación semejante a lo de los vecinos hondureñxs, guatemaltecxs, belizeñxs y nicaragueses. La facilitación del neoliberalismo ha impuesto los intereses de empresas explotadoras como Hanes, Chiquita, Dole, Coca-Cola, Syngenta, Pacific Rim y Monsanto entre otras sobre la región. Compañías las cuales tienen histórico de represión a la organización sindicalista y a defensores de la tierra; empresas que no se responsabilizan ecológicamente ante el gran saqueo de recursos naturales ni del recurso humano de la región como para mano de obra.

La experiencia étnica de las poblaciones centroamericanas en los Estados Unidos se sitúa en medio del racismo anglosajón o blanco, y de la discriminación y hegemonía de poblaciones mexicanas con tendencia al nacionalismo. Se ha documentado que la creación de la MS-13 y MS-18 ocurrió durante los 1980’s en las calles de Los Ángeles por jóvenes centroamericanxs que tuvieron que enfrentar ser asaltados, humillados, y desvalorados en barrios establecidos por la comunidad mexicana a causa de la discriminación inter-etnica.

Hoy el centro de la ciudad, en áreas de MacArthur Park, Westlake, Echo Park y Pico-Union se ha dado a conocer como el corazón rebelde de Centroamerica dentro del imperio, donde el pueblo desobedece leyes impuestas para controlar la economía del sector informal. Similarmente, las experiencias de salvadoreñxs en ruta por México a los EEUU es una llena de violencia estatal, xenofobia, extorsión, riesgos de esclavitud/violaciones laborales y sexuales y la muerte. Refugiados salvadoreñxs no solo huyen de la inestabilidad causada a mano de los EEUU – por medio del camino, se encuentran también huyendo de los peligros de ser percibido en contextos de ‘otredad’ o ‘mercancía viva’ y en territorio mexicano. La pérdida de vidas Centroamericanas en México es estimada a sobrepasar los 100 mil, pero un conteo definitivo no existe por la dificultad de localizar las fosas clandestinas regadas en todo el estado. El cuerpo del migrante es desvalorado y convertido en mercancía por autoridades en el Instituto Nacional de México (la migra), la policía estatal, coyotes y narcotraficantes.

La demanda de drogas a Norteamérica y el narco-gobierno mexicano han convertido el territorio azteca en unos de los lugares más lucrativos para el paso de armas y drogas. La vía transnacional, más los acuerdos de militarización entre los EEUU y México como Plan Frontera Sur y Plan Mérida bajo los pretextos de la ‘seguridad nacional’, han impuesto el objetivo especifico de criminalizar y encarcelar migrantes centroamericanos y afro-descendientes en México para ser deportados antes de lograr llegar a EEUU; esta es otra forma de violencia en que se encuentran refugiados de América Central abogando para el mantenimiento del beneficio de TPS.

La comparación de los últimos tres años de deportaciones de salvadoreñxs por EEUU y México muestra la hegemonía de políticas y leyes xenofóbicas impuestas y exportadas de norte a sur. Los EEUU deportaron un total de 61,296 nacionales de El Salvador en los años 2015, 2016 y 2017. México ha deportado un total de 79,886 salvadoreñxs en los mismos años y más una cantidad desconocida de vidas desaparecidas se suman a lxs números. Es claro el nivel de colaboración que existe entre México y EEUU y es necesario reconocer la violencia e hipocresía ante el discurso de migración que aportan políticos mexicanos para sus ciudadanos en el extranjero. Vicente Fox y Peña Nieto han protestado (cómicamente) de ‘no tomar parte en la construcción del muro al norte del país’ – pero de conveniencia se les olvida el muro al sur de su estado lo cual lo EEUU en 2016, durante la administración de Obama. les pago 750 millones de dólares para mantener.

Entre 1980 y 1990, la población salvadoreña en EEUU quintuplico de 94,000 a 465,000. El censo de 2008 declaro que la población migrante aumento desde los 1990’s a más de 1.1 millón como resultado al conflicto armado facilitado por los EEUU, desastres naturales, y a causa del capitalismo desastroso y los intentos de millones migrantes buscando reunificarse con familias fragmentadas, teniendo que enfrentar y tener que comprobar ‘razones justificadas’ por el estado en obtener ‘legalidad.’ Más de mitad de la población reside en dos estados, California y Texas y se están creado comunidades fuertes y vibrantes en Nueva York, Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia (Capitolio de EEUU). La situación laboral en cual la mayoría de migrantes salvadoreñxs trabajan es de 40% de hombres en los sectores de servicio (servicios domésticos, restaurantes) y construcción (albañil) así como en la extracción y la transporte. Casi el 45% de mujeres empleadas y nacidas en El Salvador se encuentran trabajando en el sector de servicios como trabajadoras domésticas, limpieza de casa, oficinas y cuidado de niño/as, y en fábricas en condiciones malas, a lo que se suma el riesgo de ser acosadas sexualmente por patrones y gerentes que se aprovechan de la vulnerabilidad de la mujer migrante en no obtener ‘estatus’ fijo.

El 95% de beneficiarios salvadoreñxs del TPS han contribuido impuestos a la economía de los EEUU por más de 25 años y a la vez contribuyen más de $4.5 billones anualmente a la economía de El Salvador por medio de remesas; mas del 17% del (PIB) del país de acuerdo al Banco Mundial – tomando en cuenta que las remesas son unas de las vías más fuertes de ingresos para el país con población de 6.2 millones. Se han establecido como trabajadorxs, profesionales, dueños de casa y empresarios, pero ahora se encuentran en una situación de desastre humana. Diferentes presidentes de El Salvador han declarado sobre la migración que el país no podrá recibir de vuelta grandes poblaciones de deportados, y una de las razones es que contribuciones de remesas superan la ‘ayuda’ financiera internacional y las ganancias de la exportación.

La pérdida del programa TPS para salvadoreñxs no es algo que ha sorprendido la comunidad. La amenaza en que las poblaciones migrantes, incluyendo migrantes de África y Asia, es una de las más vulgares expresiones de racismo en el primer año del régimen Donald Trump. La historia racista de los EEUU demuestra que poblaciones racializadas o ‘de color’ nunca hemos siso bienvenidxs como humanos enteros- solo admitidos por nuestra mano de obra explotada y deportadxs cuando se abulta el discurso de crisis económica; históricamente ejemplificado por el Acto de Exclusión a los chino/as en 1882; el Acto de Repatriación de mexicano/as en los 1930’s; la esclavitud laboral de cientos de miles de africanxs durante dos siglos; los campos de concentración de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en cual el Estado expropió sus viviendas, terrenos y negocios; ahora hay otro tipo de campos de concentración donde de 380,000 a 442,000 de nuestrxs hermanxs migrantes son detenidos anualmente y sujetos a abusos sexuales, explotación y abusos de derechos humanos en las más de 200 cárceles en aislamiento y prisiones, con fines de lucro por autoridades de migración como corporaciones privadas como GEO Group y Corrections Corporation of America (CCA) en cooperación con U.S. Immigration Customs and Enforcement (I.C.E.).

La pregunta en cual nos quedamos lxs salvadoreñxs, migrantes, oprimidxs quienes hemos sufrido de tantas formas la intervención norteamericana y capitalista es como nos solidarizamos en nuestras luchas en contra el imperio para demandar reparación a nuestras comunidades que se encuentran dentro de las ‘entrañas del monstruo’, y como finalizar tanta violación cometida por la enfermedad de la supremacía blanca y colonialidad. La población salvadoreña como nuestros vecinos guatemaltecxs, nicaragüenses , y ahora los hondureñxs particularmente desde el golpe de Estado del 2009 que tiene nueva fase en 2017, tiene la experiencia de combatir en contra el imperio.

Más de 320 mil TPSianxs salvadoreñxs, TPSianxs de toda Centroamerica, Haití, África, Asia y el Medio-Oriente, sus hijxs y las alianzas de tantas comunidades racializadas y pobres, están listxs para enfrentar la resurgencia del fascismo racista, patriarcal, clasista, trans/homofóbico, sexista, y vulgar que busca tiránicamente expulsarlos y encarcelarlos con la muerte social para tener una sociedad estrictamente blanca y hetero-normativa. Reconocemos que no es algo nuevo, pero una continuación de regímenes del Estado-nación impuestos desde la colonialidad del histórico gran criminal George Washington y sus cheros perdidos y ‘ilegales’ que cruzaron el gran mar Atlántico y han cometido el genocidio más grande de la humanidad ante lxs pueblos indígenas y afro-descendientes.

 

• Paula Sofía Ayala es una vaga con libros y cuentos ancestrales en mente. Es hija de padre y madre refugiados de la Guerra Civil de El Salvador y educadora de niñxs migrantes en Los Ángeles/Territorio Tongva. Sus estudios se enfocan en el desplazamiento y migración del Triángulo Norte y reparaciones y reconciliación para poblaciones afro-descendientes e indígenas de Centroamerica.