Por:  AMARAL ARÉVALO* y CLARE WENHAM**

El COVID-19 en El Salvador ha colocado una disputa entre la salud pública vrs. control social. Las medidas draconianas que ha echado mano El Salvador no detienen la transmisión de una infección, pero están promoviendo laceraciones del sistema democrático que colocan en riesgo significativo la cohesión social del país. El Ejecutivo, bajo el argumento de “contener el avance del virus” recrudece las medidas restrictivas, lo cual conlleva la vulneración de los Derechos Humanos de los siempre excluidos por parte del sistema político y neoliberal del país. Al final esos grupos de pobres, mujeres y personas LGBTI+ se vuelven objetos descartables para las políticas públicas en El Salvador

A partir de 2019, Nayib Bukele, figura política desprendida del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) -partido de izquierda- ganó el Ejecutivo bajo un movimiento político que él creo llamado “Nuevas Ideas”. Esto fue después de casi dos décadas del proceso de reconstrucción nacional por los estragos causados por 12 años de guerra interna y la aplicación de políticas neoliberales por gobiernos de ultraderecha en los noventa y 2000 que se intentaron aminorar con la elección del FMLN desde 2009 a 2019.

Al asumir la Presidencia en junio de 2019, Buekele inició un proceso de “depuración” del Ejecutivo. Este proceso consistió en la extinción de diversas instancias gubernamentales y programas sociales de beneficio social creados por el FMLN. Aunque su slogan propagandístico fue “Hagamos historia”, que incentivaba a la realización acciones diferenciales de sus antecesores; en la práctica, se comenzaron a repetir las mismas acciones que en la historia política salvadoreña se habían realizado como el “compadrazgo” político y la utilización de recursos e instancias del Estado en beneficio de su partido “Nueva Ideas”.

En ese repetir la historia, el 09 de febrero de 2019, Bukele incitó a una “sublevación popular” como medida de presión contra la Asamblea Legislativa para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares que sería utilizado en la Fase III del Plan Control Territorial para combatir la delincuencia. En ese día la Fuerza Armada invadió el recinto legislativo. Bukele en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa oró. Ante sus seguidores, convocados a presenciar la toma de la Asamblea, manifestó que “Dios” le había hablado, y que le pidió “paciencia” con los Diputados. Toda esa acción fue catalogada a nivel nacional e internacional como un autogolpe fallido. La imagen de Bukele fue asociada a la de los caudillos salvadoreños del s. XIX.

Los actores: control social vrs. medidas sanitarias

En medio de este tenso panorama político, surgió el COVID-19. El 23 de enero de 2020 el Ministerio de Salud declaró Emergencia Sanitaria Nacional por tiempo indefinido (Acuerdo No. 301). Este fue el inicio de una escalada de medidas sanitarias para contener el avance del COVID-19 en el país. No obstante, al inicio de marzo, la dinámica institucional fue modificada. El propio Bukele concentró el liderazgo de contención de la epidemia. Se promovió la declaratoria de Emergencia Nacional el 11 de marzo (Decreto No. 12). Esta situación suscitó decretos draconianos que han ido aumentando su rigurosidad al pasar los días: 30 días obligatorios de cuarentena para nacionales y residentes que ingrese al país, la prohibición de entrada de cualquier extranjero, el cierre del aeropuerto, fronteras; hasta la declaratoria de Estado de Excepción el 15 de marzo (Decreto No. 594) y cuarentena domiciliar obligatoria a partir del 22 de marzo. Las medidas sanitarias se transformaron en medidas restrictivas, las cuales han sido considerablemente más duras, en comparación a la de otros gobiernos.

Para la implementación de estas medidas restrictivas de derechos, se ha realizado una estrategia comunicacional ambigua por parte del Ejecutivo, la cual ha revivido acciones militaristas bajo el pretexto de “detener” al virus, transformando a cualquier posible portado como un nuevo “enemigo interno”. Esta “gramática de la seguridad”, al interior del país no son únicamente palabras, sino que hechos en la práctica. En la aplicación del estado de excepción se capturaron personas que han sido tratadas como “delincuentes” al interior de las bartolinas policiales donde fueron retenidos. Posteriormente el 06 de abril Bukele exhortó a ser más duros en la detención de personas e invitó a los cuerpos de seguridad a “doblar muñecas”; siendo dicha frase una apología para cometer posibles acciones arbitrarias. Ante esta situación, organizaciones no gubernamentales solicitaron Hábeas Corpus para limitar la violación de los Derechos Humanos que eran objeto estas personas por parte de los cuerpos de seguridad. La Corte Suprema de Justicia ante la declaración de “doblar muñecas” emitió una adenda en la que manifestó:

En consecuencia, ni la policía ni la Fuerza Armada, están autorizados para realizar detenciones discrecionales o arbitrarias, así como tampoco lesionar, injustificadamente, a las personas en dichos procedimientos; además con respecto al papel de la fuerza armada dentro de una emergencia –en este caso pandemia– e incluso en la aplicación del régimen de excepción, la institución castrense debe sujetarse estrictamente a las facultades constitucionales que se le imponen a partir del artículo 212 de la Constitución […]

Ante esta medida de tutela de derechos fundamentales, Bukele contrarió a la Corte Suprema de Justicia al indicar que dicha adenda contenía un “deseo mórbido para matar salvadoreños” y expresando en sus redes sociales que “[…] no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir. 5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños.”

La trama: circulación del virus y sus consecuencias

Las prácticas militaristas contrastan con la improvisación de los centros de contención, que comenzaron a funcionar el 11 de marzo para albergar a las personas que lograron ingresar al país antes del cierre de fronteras. Estos espacios fueron en un primero momento, los que son utilizados para albergar a personas que se ven afectadas por eventos naturales como huracanes, terremotos o posibles erupciones volcánicas. Estos espacios no poseían las condiciones necesarias para mantener el aislamiento requerido ante una enfermedad altamente infecciosa. Esta improvisación se muestra cómo personas que llevan más de 30 días en estos espacios no conocen los resultados de sus pruebas, son trasladados de un lugar a otros sin saber el hecho por que lo hacen y son coartados para manifestar cualquier cosa con los medio de comunicación.

El 18 de marzo se identificó el primer caso de COVID-19 al interior de un centro de contención. A partir de esa fecha, la mayor parte de los 201 casos registrados -hasta el 19 de abril- se concentraban al interior de estos espacios siendo calificados como “casos importados”. Esta situación se debe de destacar, debido a que existe una alta probabilidad que los procesos de infección se hayan dado al interior de los centros de contención por no poseer una logística y los protocolos de control de infecciones de rutina, según lo definido por la OMS: realización de pruebas, contención, aislamiento, aseguramiento de distancia y limpieza rigurosa. Los “albergados” comenzaron a hacer denuncias sobre la mezcla entre pacientes con diagnósticos positivo con otros negativos, e incluso montando barricadas para no dejar entrar más personas por las condiciones de hacinamiento existentes en estos lugares. Esto va en contra de todas las recomendaciones de salud pública y, por lo tanto, genera tensiones considerables que rodean la salud y los Derechos Humanos. Tomando en consideración esta situación, se comenzaron a habilitar hoteles como centros de contención para recluir en habitaciones a grupos de cuatro personas para que pudieran pasar la cuarentena.

Se han reportado siete muertes asociadas al virus hasta el 19 de abril de 2020. Sin embargo, las tres primeras muertes se destacan posibles procesos de negligencia institucional. Existen denuncias, sobre todo en el caso de la muerte de Óscar Méndez, que haciendo diferentes declaratorias de padecer una infección urinaria no fue atendido, incluso negaron el acceso de medicinas por parte de su familia al centro de contención. El Ministerio de Salud informó que la causa de muerte de Méndez fue un paro respiratorio. La autopsia se realizó bajo un fuerte dispositivo militar en la funeraria donde se encontraba su cuerpo, ya que se impidió su realización en el local del Instituto de Medicina Legal. Se está a la espera de los resultados.

Sobre los casos de infección comunitaria, estos al inicio se concentraron en áreas no metropolitanas. Esta situación muestra que dichas infecciones se conectan a la historia reciente de migración internacional de salvadoreños de áreas rurales, que en procura de mejores condiciones de vida migraron a países desarrollados. En el municipio de Metapán, al occidente del país, se detectó el primer caso de este tipo de transmisión. Se asumió que había entrado por un punto ciego al país, debido al cierre de las fronteras y evitar la obligatoriedad de estar en cuarentena en un centro de contención. Ante el conocimiento de este caso se creó un “cerco sanitario” por 48 horas para indagar la existencia de más casos en ese municipio. Posteriormente, las infecciones comunitarias al interior del Área Metropolitana de San Salvador se están asociado a personas que desempeñan actividades laborales en los centros de contención y hospitales de atención a personas diagnósticas con COVID-19.

El “cerco sanitario” fue ampliado el 06 de abril a nivel nacional. Esta medida intentará detener las infecciones comunitarias accionando un sistema de procura sanitario-policial de todos los posibles contactos sociales, los cuales al ser identificados se les llevará por cinco días para monitorear el posible desarrollo o no de los síntomas. Al pasar esto tiempo, los casos negativos regresarán a sus casas y los positivos quedarán sometidos a los protocolos médicos. En pocas palabras, se pretende “cortar” el circulo de transmisión comunitaria. Para ser justo, esta sería la respuesta ideal de salud pública, el problema es que la mayoría de los gobiernos y/o los sistemas de salud no tienen la capacidad de hacerlo, incluyendo El Salvador. ¿Bukele lo conseguirá? ¿A qué costos? ¿Qué intereses económicos se estarán fraguando? ¿Quiénes serán los afectados por estas medidas?

Más allá de los centros de contención, la implementación de la cuarentena obligatoria domiciliaria está evidenciando problemáticas estructurales y otras epidemias silenciadas. La mayor parte de la población salvadoreña sobrevive con base al trabajo informal, y el mayor número de personas que integran este rubro son mujeres. Mantener 30, 45 o 60 días sin actividad laboral, conlleva a una situación crítica para la subsistencia de este grupo poblacional en este periodo de tiempo. Además, El Salvador, convive con la epidemia silenciada de violencia contra la mujer. El quedarse en casa para muchas mujeres significa padecer violencia física, psicológica, sexual y los servicios de salud reproductiva están inaccesibles. Existen siete muertes asociadas al COVID-19 y en el mismo periodo de cuarentena se han conocido cuatro casos de feminicidio. De la misma forma la población LGBTI+ padece procesos de invisibilidad ante las políticas del Estado y diferentes agresiones físicas y sexuales, incluso al interior de los denominados centros de contención. Ante cualquier denuncia de estas situaciones, la institucionalidad del Ejecutivo recurre a procesos de silenciamiento de los denominados “opositores”; y por otra parte los seguidores-fanáticos de la Presidencia ejecutan diferentes acciones de ataques virtuales a quienes critican las políticas públicas implementadas.

La efectividad de estas medidas desde una perspectiva de salud pública vrs. control social, podemos ver que, medidas más draconianas no reducen la transmisión de una infección, pero tienen costos políticos significativos para la cohesión social, sobre todo en un país como El Salvador. El Ejecutivo, bajo el argumento de “contener el avance del virus” de las infecciones comunitarias ha retenido a 2220 personas (19/04/2020) que podrán contraer la enfermedad en los centros de detención. Al recrudecer las medidas restrictivas, conlleva la vulneración de los Derechos Humanos de los siempre excluidos por parte del sistema político y neoliberal del país. Al final esos grupos de pobres, mujeres y personas LGBTI+ se vuelven objetos descartables para las políticas públicas en El Salvador.

 

 

*AMARAL ARÉVALO es Investigador Asociado Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM/UERJ)

**CLARE WENHAM es Assistant Professor of Global Health Security in Department of Health Policy (LSE/UK)