La pandemia y clase trabajadora en Panamá

Por: BRISEIDA BARRANTES SERRANO*

La pandemia de covid-19 ha tenido efectos particularmente nocivos para la clase trabajadora que, una vez más, le toca pagar las consecuencias de una crisis que arrastra consigo el sistema económico capitalista.

Y es que, en el marco de la actual gestión administrativa gubernamental, se ha priorizado la “salvación” de los sectores económicos y financieros que manejan grandes corporaciones, afectando el empleo de, al menos, 230,000 personas (doscientos treinta mil) que eran el sustento de sus hogares. Sus contratos de trabajo entraron en las medidas de suspensión que presentaron más de 10,512 empresas, ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), la mayoría correspondían a hombres en un 55% mientras que el 45% eran de las mujeres.  

Los trabajadores y trabajadoras en Panamá no cuentan con un salario general unitario. El salario mínimo por hora tiene una tasa salarial determinada por el tipo de actividad económica y el tamaño de la empresa, la ocupación y las dos regiones geográficas en que han dividido a los distritos.

Sin embargo, lo común es la canasta básica de alimentos, que oscila entre los 300 a 350 balboas mensuales (mismo valor equivalente en dólares estadunidenses) que no incluye, medicamentos, arte, deporte, recreación, transporte, etc., en un país donde el costo de vida se ha disparado y la crisis pandémica ha generado necesidades sanitarias extras que hay que adquirir, por lo que se convierte en un gasto más para la población trabajadora.

Además, la covid-19 se ha extendido a nivel comunitario, siendo los corregimientos más poblados, quienes se han visto mayormente afectados. Justo en áreas populares que han estado en constantes luchas por las limitaciones para que les llegue el agua, o por inundaciones producto de desbordamientos de ríos en época lluviosa, dónde se suma la queja diaria del mal estado del transporte público que no reúne todas las condiciones para su traslado seguro.

Los informes periódicos sobre la evolución de la covid-19 en el país, indican que quienes más se enferman están en las edades de mayor productividad. Esas personas están en riesgo y peligro de contagiarse si no se propician y guardan las condiciones mínimas que mitiguen las posibilidades de contraer la enfermedad.

A pesar de lo anterior expuesto, las autoridades gubernamentales iniciaron la apertura en  dos de los bloques económicos para “volver a la nueva normalidad” y pronto abrirán el tercer bloque económico del total de 6 que han sido programados.   Todo ello, a pesar de las advertencias técnicas del equipo asesor de salud, quienes indicaron  que el peor escenario de la pandemia en Panamá sería cuando se llegara a los 9,000 casos. Los datos oficiales registran al  25 de junio,  29,037 personas enfermas y 564 fallecidas

Sin duda, es una respuesta a la presión de los  poderosos sectores económicos que han insistido en una vuelta a sus actividades mercantiles, priorizando sus negocios por encima de la salud de la clase trabajadora, que se tiene que movilizar en transporte público donde se dificulta guardar la distancia de dos  metros, que  viaja largos trayectos y está expuesta constantemente a contagiarse. 

El Ministerio de Salud ha creado protocolos que se deben seguir a la hora de abrir las empresas para mitigar los riesgos en el personal, especialmente el relativo a contratar a personal idóneo para evaluar el protocolo de higiene y seguridad en aquellas empresas que cuenten con más de 51 personas trabajando.

El asunto es que, en medio de la emergencia nacional, los sectores empresariales no quieren ser regulados por la administración del Estado e insisten en imponer sus criterios, por encima de las recomendaciones sanitarias, gastar menos a costilla de la fuerza de trabajo de trabajadoras y trabajadores y ganar más.

Las inequidades sanitarias y la desigualdad se mantienen

Esta pandemia ha demostrado que las recomendaciones solo quedan en el papel. En este contexto, se ha priorizado la economía sistémica por encima de los intereses sanitarios de las grandes mayorías de la población. Los indicadores sociales demuestran que las condiciones para una vida digna y segura han sido trastocadas por un sinnúmero de hechos que perjudican el bienestar de las personas.

La criminalidad y la delincuencia siguen actuando a pesar de la cuarentena obligatoria y el toque de queda, no por falta de leyes, sino porque las políticas o estrategias solo alcanzan a una clase social y no precisamente a la clase trabajadora y los sectores populares.

El proceso, mal llamado “la nueva normalidad”, es un sofisma para ocultar la gran crisis de un sistema económico que no da su brazo a torcer y que privilegia el modelo neoliberal para impartir políticas “públicas” beneficiando a la clase social dirigida por la oligarquía panameña, la misma que hoy forma parte del equipo económico que asesora al gobierno actual.

El 22 de mayo de 2009, la 62ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución que instaba a reducir las inequidades sanitarias exhortando a los gobiernos a asumir tres recomendaciones que habían sido señaladas por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud.  Ese organismo dio tres recomendaciones claves para que los países pudiesen garantizar la buena salud de sus habitantes, ellos son: “mejorar las condiciones de vida; luchar contra la distribución no equitativa del poder, el dinero y los recursos; y, medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones.”

La disyuntiva actual es capitalismo o salud. Se encamina la sociedad a una barbarie, sino se transforma el sistema que sostiene los intereses financieros y comerciales por encima de las mejores condiciones sanitarias. Primero el negocio, después la salud. Prueba de ello es un hospital modular que hizo una empresa, muy cuestionada, contratada por el gobierno, por un monto alrededor de los 12 millones de balboas (dólares) y que aún no se ha utilizado.

Mientras tanto, se levantó la cuarentena, a partir del 1 de junio, sin estándares que garantizaran  la salud y la seguridad ocupacional de trabajadoras y trabajadores, para luego de una semana volver a ella, coincidiendo con un aumento exponencial de casos, afectando mayoritariamente a la clase trabajadora y los sectores populares.

El  descontento social sigue latente, avizorando  nuevas protestas y reclamos, en el marco de una mesa de diálogo tripartita, donde no hay acuerdo entre el sector sindical y los  empleadores, dado que estos últimos buscan justificar el recorte de salarios a trabajadoras y trabajadores.

Los planes neoliberales no duermen, buscan razones para aplicar sus medidas económicas que desmejoran la calidad de vida de las personas trabajadoras, lo que conduce a una barbarie de hambre y miseria para las grandes mayorías. Se requiere encontrar un camino que unifique a las organizaciones sindicales y populares, para construir una alternativa en beneficio de las grandes mayorías.

*BRISEIDA BARRANTES SERRANO es Integrante del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) por la región Centroamericana. Feminista magistra en Género y Desarrollo. Docente universitaria. Presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá.

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