Por: BRISEIDA BARRANTES SERRANO*
El año de 1821 se ha convertido en un hito en la historia de Abya Yala[1], debido a la independencia del yugo colonial monárquico, que había sido impuesto por la corona española a sangre y espada en 1492, hace 529 años, cuando masacraron al menos 60 millones de indígenas, con el aval de la Santa Inquisición.
Es un momento para valorar los hechos que precedieron y dieron pie a los procesos independentistas, pero no como la historia oficial los ha dibujado, llena de nombres de próceres blancos procedentes de la oligarquía criolla, que impuso un nuevo dominio de una clase social enriquecida, sobre las grandes mayorías de los arrabales y el campo, sino para realzar el significado revolucionario de ese proceso de emancipación, reconocer la lucha de clases profunda que hubo y rescatar la memoria histórica popular.
El proceso emancipatorio de la corona española no nos liberó de la estructura capitalista perversa, sino abonó nuevas formas de explotación de la clase trabajadora, debido a la ambición desmedida de los nuevos poderes instalados en nuestro istmo centroamericano, pero que tenían su centro hegemónico en la naciente y poderosa configuración de Estados federales en el norte de Abya Yala. Así surgieron negocios bananeros que funcionaron como nuevas formas coloniales de poder y sometimiento a las nuevas naciones que codiciaban sus tierras y bienes naturales, conocidas despectivamente como repúblicas bananeras, por ejemplo.
Ese arrastre y perfidia de los tiempos coloniales no se fue, solo se adaptó a los nuevos tiempos con un poder avasallador que dura hasta nuestros días. Tiene que ver con el adoctrinamiento ideológico, a veces subliminal y otras muy directas, ambas vías se manifiestan de manera insospechada, a través de instituciones u organizaciones, a nivel individual o colectiva. No es un secreto el que está vinculado al fundamentalismo eclesial y conservador del cual se ha impregnado fuertemente la región en el último lustro y que atraviesa poderes políticos y económicos, como en el quehacer de las políticas sociales, particularmente las relacionadas a la salud sexual y reproductiva, pero no porque haya una preocupación sensata de la salud de las personas, en particular de las mujeres y las niñas, todo lo contrario, la intención es mantener el dominio preponderante de un sistema patriarcal a través del desconocimiento, el miedo y a intolerancia a las diferencias y al método científico.
A 200 años de esa independencia monárquica, ha habido muchos hechos del que se podrían hacer balances críticos, desde los procesos políticos, los diferentes movimientos sociales, la cantidad de problemáticas no atendidas, como también los logros alcanzados. Porque en este lapso de tiempo los pueblos de este istmo centroamericano han sido constantes en la lucha por sus derechos sociales, económicos, políticos, ambientales, culturales, ancestrales, en fin, por mejores condiciones de vida.
Una de las preocupaciones más graves que atraviesa la inmensa mayoría de las personas bajo este istmo, está vinculado a la niñez y la adolescencia. Ya no es su futuro, sino el presente cotidiano el que oprime sus vidas y las de su familia, producto de un sistema opresor que alimenta el atraso y la anticiencia. Hay una preocupación generalizada producto de escándalos por abusos a niña, niños y adolescentes.
200 años de deudas pendientes con la niñez y la adolescencia en Panamá
Hasta hace poco, en las últimas dos décadas de fines del siglo XX, las niñas, niños y adolescentes fueron reconocidos como personas sujetos de derechos, plasmada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, que resume todo un sustento teórico bien fundamentado en la doctrina de la protección integral que contrarrestó a la que hasta entonces prevalecía, conocida como la doctrina de la situación irregular, con una visión de control que utilizaba, por ejemplo, el término “menores”, para dirigirse a la niñez, lo que les reducía y reduce a ser vistos como objetos a los cuales se le puede controlar porque están en una situación de indefensión, especialmente si son pobres, abandonados/as y sin hogar, descendientes de culturas no hegemónicas, entre otros aspectos, que ha permitido utilizar su vulnerabilidad para abusos y violencias de todo tipo, como pedofilia, explotación sexual comercial.
La niñez y adolescencia de hoy son el presente y un gran porcentaje sigue siendo víctima de la desidia y el desinterés de las autoridades responsables de garantizar sus derechos y cumplirlos para su bienestar y su interés superior. Su futuro como personas adultas está en riesgo y peligro por la ineficiencia, ineficacia, la corrupción y la privatización de servicios de atención y protección integral.
La instituciones de protección de la niñez son una responsabilidad del Estado y deben contar con personal calificado, como también con suficiente presupuesto para su mejor funcionamiento, pero impera el capricho de los gobiernos de cambiar al recurso humano en cada nuevo gobierno que surge de procesos electorales millonarios, tiempo en que la niñez va creciendo y no se le da la atención y protección integral permanente.
La Convención de los Derechos del Niño y la Niña es clara en el principio del Interés Superior de la Niñez, porque son seres humanos en condiciones de vulnerabilidad. Si su realidad actual no es atendida integralmente, hasta su seguridad social y jubilaciones están en juego.
No se puede seguir mirando para otro lado y apagar fuegos, el Estado debe cumplir con sus obligaciones y con la deuda histórica de contar con un Código de la Niñez que ampare a cada niño, niña y adolescente. Sin embargo, ha habido en este último año, en medio de la pandemia, dos temas graves, de larga data en Panamá: el “escándalo de los albergues” y el aumento de los embarazos de niñas y adolecentes.
El escándalo de los albergues
Fue producto de la difusión de un Informe técnico de una investigación encomendada a una Subcomisión de la Asamblea Nacional de Diputados, debido a múltiples denuncias realizadas sobre abusos y malos tratos a niña, niños y adolescentes en instituciones que deben ser de protección integral y en los cuáles ocurrieron anomalías, lejos del objetivo para lo que estaban destinadas. La gravedad se hizo más grande debido a que eran instancias regentadas por una entidad pública, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF). Ello evidenció la negligencia y la falta de políticas públicas cónsonas con la realidad de la niñez y la adolescencia, dado que la situación encontrada era de conocimiento de varias administraciones gubernamentales, como a nivel internacional ya que el Estado panameño fue advertido en sendas recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño (a) de Naciones Unidas.
El Estado panameño, es signatario de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña (CDN), al igual que los 196 países que la han ratificado, está obligado a rendir informes periódicos sobre el cumplimiento de la CDN y presentarlos ante el Comité de los Derechos del Niño (a) de Naciones Unidas, organismo compuesto por especialistas independientes, quienes los examinan minuciosamente. Los últimos informes que Panamá presentó ante la instancia internacional de seguimiento de la CDN fueron dos, el V y VI, dado que llegaron juntos en enero de 2018. El Comité de expertos(as) hizo recomendaciones al Estado panameño en la 2282ª sesión, celebrada el 2 de febrero de 2018. En las observaciones vinculadas al “entorno familiar y modalidades de cuidado” señalaron que:
“…el Comité hace hincapié en que la pobreza material y económica, o las condiciones imputables directa y exclusivamente a esa pobreza, no deben constituir nunca la única justificación para separar a un niño del cuidado de sus padres, para recibir a un niño en acogimiento alternativo o para impedir su reinserción social.”
En ese sentido, no escatimaron en recomendar acciones que brindaran condiciones dignas para la niñez que se encontraba en los albergues, tales como:
“a) Garantice salvaguardias adecuadas y criterios claros, sobre la base de las necesidades y del interés superior del niño, para determinar si un niño debe ser confiado a modalidades alternativas de cuidado;
b) Redoble los esfuerzos por acelerar la reducción del número de niños institucionalizados, en particular asignando suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para poder reducir la demora en los trámites y procesos de investigación, ampliando el proceso de desinstitucionalización a las instituciones públicas, alentando a las familias de guarda a que adopten niños con independencia de su edad o su discapacidad y aportando a las familias aptas la formación y el apoyo necesarios para asumir debidamente el cuidado de un niño con discapacidad;
c) Redoble los esfuerzos por capacitar al personal de los albergues en la aplicación del Protocolo para la atención de la niñez sin cuidado parental en albergues y asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para dar seguimiento a su aplicación;
d) Acelere la regularización de los albergues;
e) Vele por la regulación adecuada del sistema de acogimiento familiar y aplique enteramente el Programa de Familia Acógete.”
El Estado panameño tiene la obligación de aplicar el principio del Interés Superior del Niño y la Niña, La Asamblea Nacional debe aprobar el proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con urgencia notoria. El Ministerio Público tiene que hacer las investigaciones de oficio y expeditas. El Órgano Ejecutivo debe aplicar las Políticas Públicas de Estado creando el Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que les reconozca como sujetos de derechos, con equipos de alto nivel técnico, que ya existen en el país. Las respuestas deben ser integrales ahora, no para apagar el escándalo de una coyuntura, sino para hacer justicia a los niños, las niñas y los (as) adolescentes de hoy.
El aumento de los embarazos de niñas y adolescentes
Paralelamente, la pandemia ha evidenciado, el aumento de los embarazos de niñas y adolescentes, situación doblemente grave, tratándose de las edades en que aún debieran estar jugando, recreándose y estudiando, lo cual refleja que han sido víctimas de violaciones y abusos sexuales por personas adultas. La alarma es tan grande, que algunos medios de comunicación han empezado sacar datos y cifras al respecto, basados en datos oficiales del Ministerio de salud y en estudios que se van realizando o están en proceso.
De acuerdo a un reportaje realizado por el periódico Estrella de Panamá, en septiembre de este año, hay 27 niñas y adolescentes que cada día salen embarazadas. En los primeros seis meses del 2020, en medio del confinamiento pandémico, hubo 4,970 embarazos. Según cifras del Ministerio de Salud, se estimaron en 36, 053 embarazos, en comparación con el 2019 donde hubo un aumento de 1,844 mujeres embarazadas. Pero de esas 36,053 embarazadas, hubo 9,724 niñas y adolescentes que estaban entre 10 y 19 años, 696 más que en el 2019. La mayoría de ellas son niñas de las clases sociales desposeídas, que se les trunca su niñez por el doble trauma que ocasionan los abusos, las violaciones y los embarazos no deseados, en un país que aún se niega a aprobar una ley de salud sexual y reproductiva o tan solo unas guías educativas en la materia para brindar herramientas y prevenir más situaciones como está, debido a la presión ideológica de la corriente fundamentalista llamada “pro familia”, ya que cada vez que se ha intentado promover una ley al respecto, se movilizan para amedrentar a la Asamblea Nacional de Diputados y no prospera.
En ese contexto, me atrevo a decir que hay una nueva recolonización ideológica que ostenta el poder eclesial, con una incidencia notoria en la toma de decisiones de las políticas públicas del país. No es de extrañar la respuesta que brindó a los periodistas el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en una rueda de prensa, 8 de octubre pasado, cuando lo abordaron sobre la educación sexual en las escuelas y expresó: “Es un tema muy neurálgico, muy sensitivo en donde tenemos que sentarnos también con la iglesia y otras instituciones para tomar una decisión”, lo que ha ocasionado reacciones y críticas debido a que Panamá ha firmado y es signataria de múltiples compromisos en la materia.
Por una independencia de las nuevas formas del poder hegemónico
A 200 años del bicentenario de la independencia monárquica, se puede decir que las nuevas formas del poder hegemónico tienen los mismos elementos estructurales de la explotación y la opresión, más modernizados y adaptados a las nuevas circunstancias, sin embargo, sus dardos siguen siendo dirigidos al conjunto de las personas sujetas de derechos pero que aún están en indefensión y en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, la niñez y la adolescencia, afectadas también por las distintas formas de discriminación.
La deuda de la sociedad con la niñez y la adolescencia es aún mayor, para poderla superar, se requiere cambiar las formas y el fondo de cómo está organizada la sociedad y el sistema económico que la sostiene. Dos factores claves para lograr una nueva independencia que nos libre de ataduras, prejuicios, actitudes y estereotipos patriarcales y fundamentalistas que están en el imaginario ideológico que se transmite día a día desde la época colonial, en Abya Yala.
En el marco de este bicentenario ha quedado claro que las luchas por mejores condiciones de vida, que mejoren la situación de la niñez y la adolescencia y sus familias, aún se mantienen, al igual que muchas otras más, las garantías de hacer valer el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes deben lograrse cien por ciento.
Cada paso por encontrar el camino de la justicia, la equidad y la igualdad, para niñas, niños y adolescentes en este istmo, es un avance para lograr una nueva independencia de los nuevos colonizadores políticos, ideológicos y económicos. Por ello debemos procurar poner en el centro de los pliegos de peticiones el presente de la niñez y la adolescencia, para que en el futuro podamos contar con mejores ciudadanas y ciudadanos que logren vivir en una mejor sociedad, porque se trata de construir otro mundo posible.
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*BRISEIDA BARRANTES SERRANO es socióloga, Magistra en Género y Desarrollo, Especialista en Docencia Superior. Presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Directiva de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de Columbus University/Panamá. Facilitadora de capacitaciones sindicales y en intervención comunitaria. Participante de la articulación Centroamericanista O Istmo América Central.
[1] Abya Yala en el idioma del pueblo Guna, originário del Golfo de Urabá y las Montañas Darién y actualmente en la costa caribeña de Panamá, significa “Tierra viva” y se ha estado utilizando como autodenominación de los pueblos indígenas del continente de forma más general desde los acuerdos de la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, realizada em Quito, en 2004, como contrapunto al nombre ‘América’ para construir un sentimiento de unidad y pertenencia.
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