Por: Melissa Salgado*

 

El periodo del año 2009 al 2019 quedará registrado en los anales de la historia política de El Salvador como el periodo de las dos administraciones gubernamentales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de izquierda salvadoreño.

A raíz de la caída electoral del FMLN en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de febrero han quedado al menos tres sentidos comunes propagados en la opinión pública “el fin del bipartidismo”, el “fin de la posguerra” y “todos los partidos políticos son iguales”.

Con respecto al fin del bipartidismo, parte de los resultados de los acuerdos de paz firmados en el castillo de Chapultepec el 16 de enero de 1992 fue la consolidación de la democracia representativa a través del sistema político partidario en El Salvador. Es bajo este nuevo contexto que el FMLN logra su transición prácticamente inédita a escala mundial, que pasa de ser representante de las cinco organizaciones guerrilleras[1] a partido político.

Por su parte, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se fortalece como partido representante directo de los principales ejes de capital (el sector financiero, comercio y servicios) e impulsador del neoliberalismo en El Salvador, logrando cuatro administraciones gubernamentales desde el año 1989 hasta el 2009.

Es así, como buena parte de la década de los noventa y el cambio del milenio representa el periodo en el que tanto ARENA y el FMLN se convierten en los dos partidos predominantes del sistema político partidario, razón por la cual se ha extendido esta idea generalizada del bipartidismo en El Salvador, así como de la polarización política; sin embargo, en sentido estricto no es preciso, ya que el Partido de Concertación Militar (PCN) fundado por militares en la década de los sesenta, y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) son partidos de clara orientación de derechas que a grandes rasgos permitieron la gobernabilidad de los gobiernos de ARENA, principalmente desde la Asamblea Legislativa.

De esta forma, no hay bipartidismo en El Salvador, sino más bien predominancia de estos partidos políticos dominantes con discursos antagónicos, uno atribuyéndose la representación del pueblo y el otro a la libre empresa.

En cuanto al sentido común de la “fin de la posguerra”, también son los acuerdos de paz lo que determina el inicio de este periodo, el cual se caracteriza en la parte económica por la profundización de las políticas neoliberales, la reorientación de la economía hacia el sector privado y un enorme y veloz proceso de liberalización económica, aspectos que, en su conjunto, no permitieron una ampliación de la base económica sino más bien la continuidad de la trayectoria de la estrechez de la estructura productiva, la concentración de ingresos, la desigualdad y exclusión social.

En lo político, como se señaló anteriormente este periodo de la posguerra se ha caracterizado por la consolidación de la democracia representativa, que para el caso particular de El Salvador ha representado un avance significativo con respecto al régimen político autoritario militar de buena parte del siglo XX. Sin embargo, las limitaciones son del orden que esta apertura política se ha llevado a cabo sin cambios estructurales, y sin resarcir los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en la década de los ochenta, por lo que esta nueva fase política se ha desarrollado sobre la base de la impunidad.

Luego de la firma de los acuerdos de paz, se publica el 15 de marzo de 1993 el Informe de la Comisión de la Verdad organizado por las Naciones Unidas ‘De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador’, en el que se detallan crímenes de guerra, de lesa humanidad, así como los magnicidios del actual santo Monseñor Arnulfo Romero (asesinado en 1980) y los seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA (asesinados en 1989). El 20 de marzo de 1993, es decir, cinco días después de publicado el informe, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto de ‘Amnistía General para la Consolidación de la Paz’, y el 22 de marzo le otorgó el rango de ley. Desde entonces, el nuevo régimen político democrático empieza a crear institucionalidad propicia para la impunidad.

Ahora bien, en diciembre de 2016, la Sala de lo Constitucional resuelve declarar inconstitucional la ley de Amnistía, desde entonces distintas expresiones de la sociedad civil han solicitado reapertura de casos como el de la masacre del Mozote (la masacre más grande de la historia reciente de América Latina de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) y el asesinato de los jesuitas, la respuesta ha sido una enorme pasividad por parte de los órganos del Estado, principalmente por el órgano de justicia.

Sin embargo, para enfatizar lo vigente de lo mencionado, el pasado 22 de febrero de este año, una comisión especial de la Asamblea Legislativa ha propuesto una ley de reconciliación nacional con el propósito de eliminar cualquier posibilidad de cárcel o responsabilidad civil de los crímenes de guerra.

Hablar del fin de la posguerra supone resolver en términos de verdad y justicia estos graves y atroces crímenes ocurridos en El Salvador durante el conflicto armado.

En cuanto al sentido común “todos los partidos son iguales”, en medio de este claroscuro, las administraciones del FMLN lograron importantes avances principalmente en materia social: mayor cobertura de educación y salud, avances en transparencia e información pública, un mejor sistema de protección civil frente a catástrofes naturales, en obras de infraestructura, entre otros aspectos. Avances que si bien forman parte de las funciones del Estado no se llevaron a cabo durante los cuatro gobiernos de ARENA.

Pero lo cierto es que el FMLN no tuvo la capacidad de reformar la estructura económica producto del periodo neoliberal, por lo que el sentido de igualdad va en esta tónica, es decir, las administraciones gubernamentales del FMLN continuaron con la atracción de inversiones extranjeras directas (IED) mediante incentivos fiscales, ninguna condicionalidad en la repatriación de ganancias de la IED, siguieron las firmas de Tratado de Libre Comercio (TLC), continuo el carácter regresivo de sistema tributario, ningún esfuerzo significativo por generar procesos productivos nacionales, etc. Todo ello como medida de contención para no importunar a los ejes de capital, incluso frente a la inminente presión fiscal, los gobiernos del FMLN propusieron aumento de impuestos especiales a bienes de consumo como la gasolina y la telefonía. Y frente a la urgencia de una reforma del sistema de pensiones, negociaron por aumentar la comisión que le descuentan a la clase trabajadora a favor de las empresas administradoras de pensiones.

En este sentido, lo más sorprendente, fue la propuesta gubernamental de la creación de una zona económica especial en el sur oriente del país, proyecto planteado en julio de 2018 que consiste en reorientar territorialmente 26 municipios, con legislación propia para la recepción de IED principalmente, capitales que incluso podrían ofertar servicios que tradicionalmente son de carácter público como la administración de agua, carreteras, alumbrado eléctrico, recolección de basura, etc.

Otro punto del cual el FMLN representó una continuidad y el sentido de igualdad entre los partidos, fue en el tema de las mujeres, en una década fueron incapaces de sacar a El Salvador de la lista de los países que encarcelan a las mujeres por aborto. En este país, existe la penalización absoluta por el aborto desde 1998, sin importar la causa, son pocos los países en el mundo que tienen una ley tan severa y violadora de derechos humanos fundamentales de las mujeres como la de El Salvador.

A modo de síntesis, si bien el pasado 3 de febrero denota aspectos novedosos en la palestra política, como, por ejemplo, la desaparición del recurso discursivo del anticomunismo en la campaña electoral, el mayor uso de las redes sociales como medio inmediato de información, por mencionar algunos aspectos, la brutal caída electoral de los dos principales partidos ARENA y el FMLN no representa ni el fin del bipartidismo, ni el fin de la posguerra, sino la continuación estrechez económica, y de la racionalidad institucional del neoliberalismo a la salvadoreña.

 

*MELISSA SALGADO es economista salvadoreña, investigadora/docente del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Este artículo fue originalmete publicado en el boletín ‘Nuestra América XXI desafíos y alternativas’, No. 29. Marzo 2019 del grupo de trabajo CLACSO ‘Crisis y Economía mundial’.

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[1] El Partido Comunista de El Salvador (PCS), las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).