—Por: BERTA MARSON*

Los viejos fantasmas resurgen del polvo y las cenizas generando miedo a la dictadura que se ha implantado en Nicaragua por parte de la familia Ortega Murillo y un sandinismo totalitario y opresor. En los primeros días de Junio han sido encarcelados tres precandidatos y una pre-candidata a la presidencia: Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos del gobierno Sandinista en la década del 2000 y precandidato a la presidencia por la Alianza “Ciudadanos por la Libertad”. Finalmente, se impuso arresto domiciliar a Cristiana Chamorro,  precandidata sin partido. Chamorro es hija de la ex presidenta Violeta Barrios, quien ganó las elecciones en 1990 dando fin al primer gobierno de Daniel Ortega Saavedra como presidente del país.

De la misma manera, el 12 de junio fueron encarceladas las activistas Violeta Granera y Tamara Dávila Rivas, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y el abogado opositor José Pallais. El 13 de junio detuvieron a la ex guerrillera Dora Maria Téllez,  Ana Margarita Vijil , Suyen Barahona, Hugo Torres Jiménez y Victor Hugo Tinoco de UNAMOS (Unión Democrática Renovadora). Los arrestos se argumentan bajo dos leyes: la de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, Ley No. 1055, y la de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley No. 1040, aprobadas por el gobierno sandinista en diciembre y octubre del 2020 respectivamente, como parte de un paquete de leyes que han sido ampliamente condenadas por represivas. Se acusa a las personas detenidas de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares en el país. La Ley 1055 condena actos contra la soberanía, de terrorismo y de apoyo a sanciones internacionales porque entre las y los sancionados por el Gobierno de Estados Unidos hay muchas personas adeptas al sandinismo, entre ellos funcionarios públicos y miembros de la familia Ortega Murillo.

(arresto de Suyen Barahona)

Diferentes administraciones de Estados Unidos se han caracterizado por una política exterior de control sobre Centroamérica y el Caribe, acompañada de intervenciones en distintos territorios de esta región de América. Estados Unidos ha esgrimido argumentos legales tales como la Doctrina Monroe que impedía, en el siglo XIX, la injerencia de países europeos en asuntos internos de las Américas, dejando el camino libre para su proyecto expansionista y de control. En el caso específico de Nicaragua, los abusos van desde la presencia de marines norteamericanos ocupando distintas áreas de Nicaragua en 1912 provocando la pérdida de la soberanía en el territorio, hasta la propia retirada de los marines para crear la Guardia Nacional con el gobierno dictatorial de la Familia Somoza, que salvaguardaba los intereses estadounidenses en Nicaragua. También está la firma del tratado Chamorro-Bryan en 1914, que estableció el dominio estadounidense sobre áreas de Nicaragua para construir un canal interoceánico, el financiamiento de la Administración del ex presidente Ronald Reagan a la guerra de los contra en 1980, en el marco de la guerra fría entre EEUU y la Unión Soviética, así como muchas otras acciones en Nicaragua y en el istmo para controlar la política interna de varios países.

La injerencia de Estados Unidos en Nicaragua y Centroamérica es un hecho histórico. Sin embargo, esta historia tiene matices. También existen alianzas internacionales entre pueblos oprimidos que denuncian los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado-nación. También existen los movimientos de mujeres que han denunciado, en varios territorios del mundo y a través de alianzas, crímenes y terrorismo de Estado generando uniones internacionales en defensa de la vida y, de la misma manera, denunciando injusticias patriarcales, coloniales, racistas y homofóbicas que se producen en varias partes del planeta.

La soberanía nacional, que se adhiere a la división colonial del territorio en el Abya Yala, no deja de tener una relación con la visión patriarcal de resolver los asuntos internos “en casa”, el lugar donde los dictados machistas indican que es donde deben “lavarse los trapos sucios”, sin la interferencia de terceros en los asuntos “domésticos”. Nosotras, mujeres, hemos vivido en carne propia el silenciamiento de la violencia que se confina en cuatro paredes, donde algunas han maquillado los golpes del patriarcado en sus rostros y cuerpos, o en la mente a través de la violencia psicológica, para aparentar un bienestar ficticio en el que se esconde la agresión. Sabemos muy bien lo que ha generado la denuncia del opresor, del feminicida, del violador cuya imagen construida sobre imaginarios de lucha se destruye al evidenciar la violencia que perpetúa en su propia casa (o país). Aprovechamos para recordar que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, tiene una acusación pendiente por violación y abuso deshonesto, por parte de su hijastra Zoilamerica Narváez Murillo, hija de su esposa y actual vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Hasta el día de hoy Ortega no ha sido sometido a juicio. Amparado en su inmunidad parlamentaria en la época, este nunca se presentó ante ningún juzgado en Nicaragua y este crimen aún no ha sido esclarecido.

Las denuncias internacionales de violencia represiva y totalitaria del gobierno de la familia Ortega-Murillo en Nicaragua, surgen en una escala distinta y mayor. Este gobierno pretende acallar los clamores y pedidos de justicia frente a su represión, y tratar los asuntos internos “en casa”, en un país cuyas leyes han sido manipuladas para beneficio propio, donde el gobierno es juez y a la vez victimario de la violencia  que el mismo perpetua contra la población.

Sin dejar de reconocer el peligro que se corre con la injerencia de grandes potencias, ya que muchas están interesadas en el beneficio propio sin importarles la vida y la opresión de otros pueblos como el de Nicaragua, también es importante preguntarnos ¿dónde denunciamos a un Estado opresor que no dispone de leyes para castigar sus propios crímenes? En este sentido, existe una excelente lección de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales que, ante la ausencia de leyes de protección de sus territorios, vidas y derechos, utilizan  legislaciones internacionales para condenar crímenes de Estado y de lesa humanidad. Este es el caso del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales que defiende, a nivel internacional, distintos derechos de estos pueblos, cuando no cuentan con el respaldo de leyes nacionales para su protección. Hay pueblos como los de la Costa Caribe de Nicaragua, la Moskitia, que conquistaron la autonomía de sus territorios por la vía legal, pero la ley no se cumple en la práctica, pues muchas veces el propio Estado es el primero en incumplir y violar los derechos fundamentales de poblaciones étnicas e indígenas.

Los movimientos de mujeres y movimientos feministas hemos estado involucradas en la denuncia de la violencia en territorios periféricos, indígenas y negros. Hemos denunciando las injusticias y la opresión, sin respetar fronteras ni legislaciones, que observamos que se producen en Nicaragua, en Colombia, en Brasil, en España y muchos otros lugares del planeta. Hemos establecido alianzas internacionalistas entre pueblos y comunidades que bien podrían ser llamadas de injerencias en políticas internas, para quienes todavía no consiguen ver la carga colonizada de las demarcaciones territoriales en el continente. Apoyamos las luchas ancestrales y disidentes de toda América, así como reconocemos que estamos insertas en un territorio en disputa por grandes potencias que intentan repartirse el mundo desde hace siglos. Que se denuncie internacionalmente la opresión de los Ortega Murillo no tendría por qué ser sinónimo de solicitar intervenciones internacionales en el país, pues son muchos los frentes involucrados  en demandar justicia por Nicaragua.

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De la misma manera, hacemos ver que existen poblaciones que son amenazadas, violadas y asesinadas sin siquiera tener ningún vínculo político en Nicaragua, como es el caso de las poblaciones negras e indígenas del país. Diajaira Lacayo Wislow, del pueblo Miskitu, no tuvo que ir a ninguna protesta, ni colocarse como opositora al gobierno Ortega Murillo para recibir un balazo en la cara mientras se bañaba en un río junto a personas de su comunidad. Fue suficiente con ser mujer Miskitu y  su territorio ancestral ser de interés del estado, del sector privado y del modelo extractivista para ser víctima de violencia y sin provocar marchas multitudinarias clamando por justicia. Bastó con que Antonio López Rufus estuviera en su comunidad, el Territorio Mayangna Sauni Arungka, para ser atacado y recibir 5 impactos de bala. Leve Pedro Devis, que estaba junto a Antonio el día del ataque, también fue capturado, secuestrado y torturado el 4 de marzo de 2021 (1) (2). De la misma manera que Diajaira, su crimen no provocó movilizaciones nacionales e internacionales. La indignación frente a la violencia también tiene un color de piel específico que denuncia o calla la violencia. A veces solamente basta ser pobre, ser mujer, ser trans, ser indígena, ser negro o negra para recibir gratuitamente violencia, cárcel o muerte.

Es aquí donde nos hacemos presentes mujeres, comunidades y territorios de varias partes del Abya Yala y el mundo, nosotres nos involucramos en los asuntos internos de las “naciones” inventadas por occidente. La violencia contra nuestro pueblo nos compete en distintos territorios y nos involucramos en la denuncia y en el apoyo, por lo que cuestionamos estos conceptos de soberanía e injerencia, puesto que en Nicaragua se han condenado incluso estas alianzas que se producen desde abajo. Realizamos todas juntas pronunciamientos internacionales y no estamos involucradas en la geopolítica internacional del mundo colonizado y occidental. No tenemos alianza con la CIA, ni participamos en reuniones con Biden o Putin. Nos manifestamos en medios virtuales, algunas dentro de la precariedad del acceso a la tecnología. Nos pronunciamos aunque corten el internet o la luz a nuestros barrios, pero estamos allí presentes, en el dolor, en la lucha, e irreverentes a las fronteras internacionales pues la opresión racista, machista, homofóbica, clasista y colonial es un asunto que nos compete a todas.

*BERTA MARSON es integrante de la Articulación Centroamericanista O Istmo

Referencias

(1) Tercer Ataque a los Mayangna y la política partidaria.

https://landportal.org/es/blog-post/2021/05/tercer-ataque-los-mayangna-y-la-pol%C3%ADtica-partidaria

(2) Nicaragua: Una Revolución Fallida. La lucha Indigena por el Saneamiento.

https://www.oaklandinstitute.org/nicaragua-revolucion-fallida-lucha-indigena-saneamiento