• Por: ALLAN BARRERA*

Recientemente, se supo por redes sociales del cierre del bar Leyendas, en la colonia San Luis, frente al parque San José, en la ciudad capital de San Salvador. Uno de los últimos bares que permanecía en pie de una serie de espacios de ocio que en esa zona se establecieron en el San Salvador de posguerra, tras la firma de los Acuerdos de Paz (1992). Su cierre, podría decirse, clausura un momento y un ocio citadino inaugurado por la Luna Casa y Arte, a lo que luego se sumaron otros bares y cafés como La ventana, Los tres diablos, El Arpa irlandesa, El atrio, Foto Café, Café la T, entre otros, que en su momento de esplendor aportaron a San Salvador un tono alternativo, jipi, bohemio. El cierre se debe, según se dice, a que la alcaldía de San Salvador no les renovó los permisos.

Su cierre no implica que ya no queden espacios alternativos de ocio en la ciudad. Todavía quedan unos cuantos (contados con un par de dedos de una mano). Lo que sí deja entrever, sin embargo, es que de momento todos los espacios alternativos, y también espacios populares de la clase trabajadora, se encuentran amenazados por una estética uniformizante de centro comercial que va imponiendo la familia Bukele, y la fracción del capital que ahora nos gobierna. Esto dentro de la suspensión de derechos y garantías constitucionales que impone el régimen de excepción, ahora convertido en regla.

Desde las cuatro cuadras recuperadas a punta de represión contra los vendedores ambulantes en el Centro Histórico de la capital salvadoreña hasta la costa, esa parece ser la tendencia arrolladora. Cualquier establecimiento comercial formal o informal que desentone con dicha estética está expuesto a ser clausurado. Así se explica el cierre de muchos bares de la clase trabajadora, entre ellos “El Hoyo bar”, primer espacio LGBTIQ del Centro Histórico. Y también la remodelación del espacio turístico La Puerta del Diablo en los Planes de Renderos: antes público y gratuito, ahora espacio privatizado que se paga.

La estética de centro comercial, como argumenté en otra nota, se caracteriza por ser pulcra, homogénea y atemporal, tendiente a anular la diferencia cultural para reemplazarla por el consenso visual del mármol, el cristal, la luz controlada, las fuentes simétricas y las plantas en maceta. Es la ornamentación que uno encuentra en todos los aeropuertos, casinos y malls. Su objetivo es orientar a las personas al consumo, borrando todo rastro de conflicto, historia o identidad local. En San Salvador, el modus operandi para imponerla es el siguiente: el gobierno se apoya en la alcaldía de Nuevas Ideas conducida por Mario Duran, negando la renovación de los permisos y poniendo a disposición el Cuerpo de Agentes Metropolitanos para reprimir. Y, por el otro, en la Fuerza Armada y la policía para castigar y expulsar a los vendedores ambulantes y a cualquiera que oponga resistencia.

Una vez que estas fuerzas represivas han limpiado el paisaje de las personas no deseadas, el sector empresarial para el que gobierna Bukele y su clan familiar compran y rentan los inmuebles que triplican su anterior plusvalía. El Estado salvadoreño se convierte así en un gestor que orienta su planificación urbana y pone a disposición sus fuerzas represivas para beneficiar al capital inmobiliario, en detrimento de los sectores populares.

Claramente, refleja un desprecio gubernamental por lo popular. Presupone además una política de higienización social para la gestión del espacio público. Lo que se persigue es resignificar el espacio común a través del estilo de vida y consumo aspiracional de las clases medias y altas. Y también de los turistas extranjeros, incluidos los hermanos salvadoreños de la diáspora. Ellos son la civilidad deseable para el régimen de Bukele y son el tipo de sujeto que busca esta nueva reconfiguración urbana. El consumo de la clase trabajadora y sus maneras de apropiarse de la ciudad tienen que ir siendo desalojados para favorecerles a ellos. Por eso, resulta más apropiado llamarlo como un proceso de aburguesamiento y turistificación que el polisémico término de “gentrificación”.

Muchos salvadoreños se conmocionan con las cuatro cuadras “recuperadas” del Centro Histórico, con la nueva biblioteca que parece un centro comercial, con el Palacio Nacional al que le destruyeron las baldosas para ponerle unas que se parecieran a las de un centro comercial, con el nuevo Starbucks en la calle Ruben Darío, con los nuevos restaurantes para la clase media y alta que han abierto alrededor y con los edificios de apartamentos de lujo y hoteles cinco estrellas que construyen en varias zonas del país. Brindan la aparente impresión de que la pobreza va desapareciendo paulatinamente del espacio público gracias a ese desarrollo. En realidad, solo la desplazan, mandando a los pobres a ser pobres a otro lado.  

Por otro lado, también evoca en buena parte del imaginario nacional lo que Ricardo Roque Baldovinos ha apuntalado como “la nostalgia por una supuesta plenitud de los años exitosos” (2021, pág. 246), de eso que el historiador Roberto Turcios (1993) caracterizó como “modernización autoritaria”: Dictaduras que al tiempo que reprimieron y masacraron al pueblo salvadoreño también mejoraron la vida de un sector de la población para nada insignificante. Esto puede apreciarse en el rubro de vivienda social. Construyeron el complejo de edificios multifamiliares de apartamentos de la colonia IVU, de la colonia Montserrat, la Zacamil, los del Barrio Candelaria, los de la colonia Libertad cerca de la universidad de El Salvador.

El tipo de desarrollo que Bukele está implementando, no obstante, está muy lejos de ese tipo de visión desarrollista. En el periodo de modernización autoritaria el Estado asumía el rol de “ingeniero de la modernidad” (Baldovinos R. R., 2020) destinando recursos a la infraestructura pública. Tenían el auge del café para hacerlo. Con Bukele el Estado es un mero gestor autoritario para el beneficio del capital inmobiliario privado, nacional y transnacional.

Pero el componente más peligroso de toda esta estética y esta política urbanística que favorece al capital inmobiliario no es el cierre lamentable de bares alternativos o de chupaderos de la clase trabajadora, sino la depredación cultural (como pudo verse con la destrucción de las baldosas del Palacio Nacional). Y, sobre todo, ambiental: la actual destrucción de la finca El Espino, el último pulmón verde de San Salvador según ambientalistas, para construir un Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), es un crimen ecológico; atenta contra la naturales humana y no humana. Esta zona verde es fundamental para la regulación climática y la recarga hídrica de la capital. El proceso, aparte, como han destacado informes periodísticos, se realizó sin transparencia, sin consulta del Ministerio de Medioambiente y sin hacer públicos los estudios técnicos.

Esta destrucción ya es una política sistemática. La derogación que hizo la Asamblea Legislativa servil a Bukele de la prohibición total de la minería metálica para favorecer a los capitales extractivistas transnacionales es parte de ello. Afortunadamente, dicha medida enfrentó resistencia de organizaciones populares y ambientalistas; un rechazo bastante generalizado de la población, incluida la base bukelista, logró detener este esfuerzo. La puerta, sin embargo, ha quedado abierta por la vía legal. Otros ejemplos son la construcción del megaproyecto de apartamentos de lujo sobre recarga hídrica que afectará el lago de Coatepeque y las comunidades de su alrededor. También la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico que impactará la zona de manglares en el oriente del país y dejará sin tierras y sin casas a casi 700 habitantes de la comunidad Flor de Mangle, municipio de Conchagua. Lo mismo puede decirse de la construcción inconsulta del botadero de basura en la Comunidad Francisco Ángulo, el desalojo de más de 300 familias campesinas de la Cooperativa El Bosque, y el desalojo de los habitantes de la comunidad Hacienda La Floresta en San Juan Opico.

En un momento en el que la crisis climática mundial ha empezado a afectar en todas partes, implantar este tipo de desarrollo, fundado en el despojo y la expulsión de los pobres, en un país tan pequeño y tan densamente poblado es darse un tiro en el pie. También es un indicador de que Bukele y su familia quizá son una especie de negacionistas del cambio climático y de la actual crisis ecológica, como muchos políticos de la extrema derecha, entre ellos Trump. Esto aparte de la ceguera que, por supuesto, impone esa lógica de la razón instrumental capitalista que ve en la naturaleza una mercancía más, una mercancía gratuita, y una posibilidad para crear nuevos negocios. Con ello no solo se deteriora las condiciones medioambientales del país, sino que también se comprometen los medios de vida de los salvadoreños más pobres. Porque la crisis climática no la sufren por igual todos, siempre son los sectores más empobrecidos que se llevan la peor parte.

El paisito se merece un modelo de desarrollo más amigable con la naturaleza. Uno con menos lucecitas LED, pero con la certeza de que siempre tendremos agua para tomar y que las tormentas, cada vez más fuertes, no ocasionarán tanto destrozos. Necesitamos más espacios verdes públicos como el Espino y menos centros comerciales privados. Necesitamos que el lago de Coatepeque tenga un acceso al agua que sea público y no siempre mediado a través de ranchos privados. Necesitamos que el gobierno ayude a gestionar viviendas de interés social dignas y accesibles para la clase trabajadora en lugar de apartamentos de lujo para la gente rica y el lucro del capital inmobiliario.

Pero antes que eso necesitamos entender que todo está conectado: que detrás de la estética autoritaria de centro comercial que expulsa a la pobreza y a los vendedores informales del Centro, que clausura los espacios de ocio alternativos como Leyendas y otros muchos establecimientos de la clase trabajadora, opera también la misma lógica que comete crímenes contra la naturaleza y despoja a comunidades y familias campesinas en otras zonas rurales, solamente para favorecer al capital privado. Y que también todas esas formas de despojo están conectadas con la violencia que sufren las víctimas del régimen de excepción, encarceladas, sin derecho al debido proceso. Esto porque sobre el encarcelamiento masivo descansa la favorable imagen del “país más seguro del mundo”; porque sobre la limpieza social de los sectores marginados es que opera este modelo de desarrollo y estas inversiones inmobiliarias que ahora nos adornan un progreso falso, disfrazado con la estética de cualquier centro comercial privado; porque ese modelo de desarrollo descansa en el ecocidio y el encarcelamiento masivo de las personas.

Referencias:
Baldovinos, R. (mayo-agosto de 2021). Nayib Bukele populismo e implosión democrática en El Salvador. Andamios, 18(46), 233-255.
Baldovinos, R. R. (2020). La rebelión de los sentidos. Arte y revolución durante la modernización autoritaria en El Salvador. San Salvador: UCA editores.
Turcios, R. (1993). Autoritarismo y modernización. El Salvador 1950-1960. San Salvador: Ediciones tendencias.

*ALLAN BARRERA es Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2024). Maestro en Estudios de Cultura Centroamericana por la Universidad de El Salvador (UES, 2017) Licenciatura en Letras por la Universidad de El Salvador (UES, 2010) e integrante del GT-CLACSO de la Articulación Centroamericanista O Istmo “El istmo centroamericano: perspectivas epistemológicas periféricas”. Sus principales líneas de investigación son: representaciones literarias de la violencia contemporánea en Centroamérica y del neoliberalismo desde una perspectiva interdisciplinaria y latinoamericanista crítica.